A un adolescente arrastrado por una redada de inmigración en todo el país en enero, se le está solicitando pagar una fianza de $ 30,000 con el fin de ser puesto en libertad – dejando a su familia y a la comunidad luchando para encontrar los fondos para lo que dicen es un «altamente desproporcionado e innecesario» castigo.
El 27 de junio, un juez de inmigración en la Corte de Inmigración Stewart en Georgia – un tribunal caracterizado por negar el 95 por ciento de todas las solicitudes de asilo – permitió que Yefri Sorto Hernández sea liberado de prisión bajo fianza. Pero los defensores dicen que será imposible que la familia de bajos ingresos de Sorto Hernández pueda pagar el alto precio de la misma.
«$ 30.000 bonos en dólares es una exorbitante cantidad y desproporcionada para cualquier persona, y mucho más para un adolescente y su familia de bajos ingresos», dijo Julie Yihong Mao el defensor en el Proyecto Nacional de Inmigración de la Asociación Nacional de Abogados. «Una fianza alta significa efectivamente, ningún vínculo particular para las comunidades de bajos ingresos. Yefri ya ha sido detenido durante más de 6 meses, con esta cantidad alta del bono, se puede enfrentra a la perspectiva de un largo encarcelamiento indefinido».
Hace casi seis meses, Sorto Hernández estaba esperando en una parada de autobús escolar en Charlotte, Carolina del Norte, cuando dos agentes de Inmigración y Aduanas de EE.UU (ICE). lo detuvieron para procesarlo en procedimientos de deportación. Desde entonces, ha sido detenido en el Centro de Detención de Lumpkin en Georgia, con la esperanza de salir para que pueda volver a la escuela.
Las autoridades de inmigración establecen generalmente el precio del bono en función de factores tales como si un inmigrante podría estar en un riesgo de fuga, representa una amenaza a la seguridad pública, ha sido deportado anteriormente, o ha tenido una larga historia criminal. Sorto Hernández no encaja en ninguna de esas categorías.
«Para alguien como Yefri, que es un estudiante de secundaria adolescente con un fuerte apoyo familiar y comunitario, yo esperaría que él sea el candidato perfecto para ser liberado», dijo Mao por correo electrónico.
Pero Sorto Hernández – que llegó a los EE.UU. después de huir de la violencia de pandillas en El Salvador, pero que perdió su caso de asilo y se le ordenó para ser deportado el año pasado – es uno de los objetivos de un esfuerzo de deportación a nivel nacional por el gobierno de Obama.
Sorto Hernández fue uno de los seis adolescentes inmigrantes de Carolina del Norte que fueron detenidos por el ICE de este año. Sus detenciones envían ondas de choque a través de sus escuelas, lo que provocó ausencias y enfermedades imaginarias por otros estudiantes por miedo de que ellos, también, se convertirían en blancos de deportación.
«La cantidad desproporcionadamente alta de fianza es motivo de grave preocupación que el DHS está poniendo de ejemplo a Yefri y otros jóvenes en el nombre de una política inmoral e ineficaz de la disuasión», dijo Mao.
En mayo de 2015, la agencia de EE.UU. de Inmigración y Aduanas (ICE) anunció una política que sería suspender el uso de disuasión general en sus decisiones de detención, pero eso no ha impedido que los jueces de inmigración fijen precios de fianzas más allá de lo que los individuos pueden pagar. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentó una demanda de acción de clase en abril para desafiar la política del gobierno federal de establecer enlaces para los inmigrantes.
Sorto Hernández tiene un fuerte respaldo de la comunidad, por lo que puede ser posible que su familia pueda reunir los fondos necesarios a través de su sitio GoFundMe – https://www.gofundme.com/2bkpumjz.
«Para el gobierno de Obama, Stewart es la fábrica de expulsión perfecto para los solicitantes de asilo de América Central – donde las agresivas detenciones de inmigrantes por el ICE y los jueces respalden sus acciones», dijo Mao.
Traducción por Juan Carlos Uribe
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