Por Daisy Yuhas, Public Health Watch

Posted June 18, 2026

 

Cuando la neurocientífica Kelsey Baker escucha de cerca un zumbido sobrevolando su casa en el Valle del Río Grande, toma a su perro y entra de prisa. El zumbido significa el regreso de avionetas fumigadoras para rociar pesticidas sobre cítricos, melones y otros cultivos circundantes a la urbanización planificada donde reside.

 

Baker se desempeña como vicedecana y profesora adjunta en la Universidad de Texas, Valle de Río Grande. La ciudad de McAllen, donde vive, y la vecina Edinburg, donde trabaja, se ubican en el centro de una de las regiones agrícolas más productivas del estado. La zona abarca más de 4.000 millas cuadradas y es irrigada por el Río Grande.

 

Baker se mudó en 2018, con la expectativa de continuar investigando sobre accidentes cerebrovasculares y lesiones de la médula espinal como venía haciendo hasta entonces. Sin embargo, al revisar expedientes médicos, le sorprendió la cantidad de personas que padecían la enfermedad de Parkinson, una condición neurológica progresiva que se ha relacionado con pesticidas y otras toxinas ambientales a lo largo de al menos 30 años.

 

Estudios muestran que más del 80 % de casos de Parkinson no tienen vínculos genéticos, y se explican posiblemente por factores ambientales. También indican que las personas que han sido expuestas a pesticidas tienen un mayor riesgo de padecer la enfermedad.

 

El mal de Parkinson es incurable. En la medida que la condición avanza, los síntomas más comunes — temblores, movimientos lentos, rigidez e inestabilidad — pueden ser acompañados de depresión, dificultades para concentrarse, así como de problemas intestinales y urinarios. Se trata del trastorno neurológico de más rápido crecimiento en el mundo y se estima que aqueje a más de 25 millones de personas para el 2050.

 

Baker, ingeniera biomédica de formación, comenzó a revisar mapas del Valle del Río Grande detenidamente y encontró algo asombroso. A menudo, hogares y escuelas estaban rodeadas por cultivos, algo que no había observado en zonas agrícolas en otras partes del país donde había vivido. Los trabajadores agrícolas corren especial riesgo de padecer Parkinson porque los campos donde laboran son frecuentemente rociados con pesticidas. Pero aún personas como Baker, que simplemente viven cerca de las granjas, también están en peligro.

 

Un reciente análisis de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) sobre el dicloruro de paraquat — el herbicida con estrechos vínculos a la enfermedad de Parkinson — mostró que el producto podría dispersarse en el aire tan lejos, que cualquier persona dentro de un área de 20 millas cuadradas podría estar expuesta a niveles peligrosos.

 

Aunque se ha prohibido, retirado gradualmente o eliminado el paraquat en al menos 74 países, su uso se ha incrementado en Estados Unidos, en parte debido a la resistencia de la maleza a otros herbicidas.

 

“En retrospectiva, ¿habría elegido vivir donde vivo si hubiera sabido lo que sé ahora?”, se preguntó Baker. “Probablemente no”, fue su respuesta frente a Public Health Watch.

 

En una población de 1.4 millones de personas, es casi imposible rastrear cuántas de ellas padecen la enfermedad de Parkinson. Entre un dos y tres por ciento de personas inscritas en los programas de Medicare y Medicaid la padecen, pero esas cifras no incluyen a un cuarto de residentes del Valle del Río Grande menores de 65 años, que no cuentan con ningún seguro médico. Tampoco incluyen a los trabajadores indocumentados de la zona, quienes no son elegibles para recibir beneficios para la salud, ni a nivel estatal, ni federal.

 

En 2022, Baker se propuso responder a una interrogante de particular importancia para el Valle: ¿Los cerebros y los cuerpos de pacientes con enfermedad de Parkinson, que fueron expuestos a pesticidas, son diferentes a los cerebros y cuerpos de pacientes que no?

 

Lo que Baker encontró en ese estudio preliminar la inspiró a iniciar un proyecto más grande y concluyente. Las imágenes médicas no solo mostraron más anormalidades en los cerebros de las personas que habían sido más expuestas a pesticidas, sino que también reflejaban mayores diferencias en la forma como se comunicaban sus cerebros con el cuerpo.

 

Ray Dorsey, médico y director del Centro para el Cerebro y el Medio Ambiente del Instituto de Investigación y Salud Atria en Nueva York, es coautor del libro “The Parkinson’s Plan”, con el doctor Michael Okun, quien a su vez funge como asesor médico a nivel nacional de la Fundación Parkinson. El libro plantea que el mal de Parkinson es una enfermedad fabricada principalmente por el hombre, impulsada por exposiciones que la sociedad puede tomar medidas para revertir.

 

Dorsey compara las investigaciones que vinculan el Parkinson y las toxinas ambientales con las primeras investigaciones que relacionaban los cigarrillos con el cáncer. La evidencia científica es tan sólida en ambas, dijo, que es necesario tomar medidas.

 

 

“Es un sufrimiento prevenible e innecesario”, le dijo Dorsey a Public Health Watch. “A las personas se les está robando la posibilidad de pasar tiempo con sus nietos e hijos debido a la exposición a ciertos químicos presentes en nuestros alimentos, agua y aire, que contribuyen a la enfermedad.”

 

Leo Armando Ramírez se enteró que tenía la enfermedad de Parkinson en 2022. Casi tres décadas atrás había sido el primer profesor latino de secundaria en ser nombrado “Profesor del Año” de Texas. A los 71 años recibía el diagnóstico, habiendo visto ya a tres de sus familiares — su madre, su tío y hermano mayor — sufrir la misma enfermedad.

 

Ramírez nació en Mission, Texas, un pequeño pueblo en el Valle del Río Grande conocido como la “Cuna de la Toronja Roja”. Desde pequeño, a los cinco años, comenzó a pasar veranos en el campo, trabajando con su familia. El sueldo servía para pagar útiles escolares.

 

A Ramírez le encantaba la escuela, especialmente las matemáticas. También le gustaba ayudar a los demás. En la escuela primaria, lo regañaban por hablar bastante, hasta que su maestra se percató que lo que hacía el niño era ayudar a sus compañeritos con la aritmética.

 

Ramírez fue el mejor alumno de su clase en la secundaria; se graduó de la Universidad de Texas-Pan American en Edinburg — que ahora es parte de la Universidad de Texas, Valle del Río Grande —; y fue maestro de matemáticas en McAllen High, uno de los colegios más grandes de la zona metropolitana del valle. Muchos de sus estudiantes lograron ingresar a prestigiosas universidades. Sus propios hijos, los tres, se graduaron de la Universidad de Stanford.

 

En una entrevista con Public Health Watch en septiembre de 2025, a Ramírez se le dificultaba hablar en voz alta. Hablaba a susurros sentado en un sillón en su apartamento de Austin, Texas. Su cuerpo estaba levemente encorvado, con sus hombros hacia adelante y sus extremidades dobladas. A su lado, su esposa Rosa Esthela intervenía a veces, a forma de animarlo cuando parecía que perdía el hilo de la plática.

 

“Todo se a vuelto más pequeño”, dice Ramírez. “Doy pasos más cortos. Cuando camino, pierdo el equilibrio. Mi voz se ha vuelto más débil y suave”.

 

Es posible que la genética haya influido en las tragedias médicas que ha sufrido la familia Ramírez. Pero los pesticidas a los que fueron expuestos también pudieron haber incidido negativamente en su salud.

 

Ramírez recuerda las veces cuando productos químicos rociados en campos vecinos — llevados por el viento — caían sobre su familia cuando trabajaban. “Pero nunca, nunca, me hubiera imaginado que un día estaría aquí contando que me afectó negativamente”, dijo.

 

La familia Ramírez desconoce a cuáles productos fueron expuestos. El insecticida DDT (o dicloro difenil tricloroetano) pudo haber sido utilizado para controlar gorgojos en las fincas donde se cosechaba algodón. El DDT — cuya producción, uso y almacenamiento se prohibió en todo el mundo — ha sido vinculado con la enfermedad de Parkinson. Se utilizó desde la década de 1940 hasta que Estados Unidos lo prohibió en 1972. El paraquat, que fue introducido en 1964, pudo haber sido rociado los últimos veranos que Ramírez pasó en el campo.

 

La familia también vivía cerca de dos sitios “Superfund”, lugares para almacenar residuos tóxicos, donde se manipulaba DDT y al menos dos sustancias químicas adicionales (dieldrina y clordano) relacionadas a la enfermedad de Parkinson en una planta para procesar pesticidas. Ambos sitios se han vinculado a casos graves de enfermedades en la comunidad.

 

En enero de este año, tras sufrir una caída y fracturarse un brazo, Ramírez ingresó a un hogar de ancianos. Tiene días buenos y otros menos. Cuando Public Health Watch lo visitó en marzo, Ramírez saludó y luego se quedó en silencio. Rosa Esthela fue quien más habló en esta ocasión. Expresó que es difícil estar sin él en el apartamento. Llevan 53 años de casados. Solo le consuela saber que en la residencia su esposo tiene acceso al cuidado especial de terapistas físicos y del habla; y más estructura en sus días.

 

Esmeralda “Myla” Garza, una enfermera jubilada en McAllen, Texas, también trabajó en los campos en su infancia. Nacida en Tamaulipas, México, su familia fue parte del Programa Bracero, que brindaba contratos de trabajo temporal a ciudadanos mexicanos. Recogían frutas y verduras en los estados de Washington, Oregon, Minnesota, Illinois y Texas.

 

Igual que Ramírez, Garza recuerda las avionetas de fumigación arrojando pesticidas y fertilizantes sobre los campos donde laboraba. “Simplemente llegaban y rociaban”, explicó. “Y éramos tan inocentes. No pensábamos que era malo. Creíamos que eso ayudaba a los cultivos. Confiábamos en los cultivadores”.

 

En 2019, una amistad notó que la mano de Garza temblaba y le comentó que podía ser la enfermedad de Parkinson. Garza, quien tenía 59 años en ese entonces, se lo mencionó a su siquiatra, quien a su vez la refirió a un neurólogo.

 

Según datos recopilados por la Academia Estadounidense de Neurología, el Valle del Río Grande solo cuenta con alrededor de 30 neurólogos, lo cual es la mitad del número que debería de tener la región, proporcionalmente a la población. Ninguno de ellos es un “especialista en movimientos involuntarios”, es decir, un médico con formación adicional para tratar el Parkinson y otros trastornos del movimiento. Para tener acceso a esa atención especializada, las personas deben de desplazarse hasta San Antonio o Houston, lo cual tomaría horas. Según la “Sociedad Internacional de Parkinson y Trastornos del Movimiento”, el especialista en movimientos involuntarios más cercano, en línea recta, se encuentra en Monterrey, México.

 

La enfermedad de Parkinson puede ser difícil de diagnosticar. No se puede recurrir a una prueba de sangre o a una tomografía cerebral para identificar la enfermedad. A consecuencia, los médicos se basan principalmente en los síntomas para diagnosticar a los pacientes. Y diagnósticos erróneos son frecuentes.

 

El neurólogo de Garza la remitió a un especialista en trastornos del movimiento en San Antonio. A lo largo de los años, ha visto a tres neurólogos y a un siquiatra, quien la ayuda a afrontar los desafíos emocionales de vivir con la enfermedad.

 

Garza se jubiló en 2025, tras haber sido hospitalizada por una grave infección de las vías urinarias. Se había comenzado a caer y le estaba costando realizar tareas básicas, como tomar notas. Solo prepararse para ir a trabajo podía tomarle dos horas —contó— porque bañarse y vestirse resultaba difícil.

 

Hoy en día Garza camina con la ayuda de un bastón y a veces de un andador. Le tiemblan tanto las manos que le cuesta enviar mensajes de texto o usar una computadora. Su cuerpo y su rostro han cambiado, lo cual, confiesa, le afecta su autoestima y confianza.

 

Aún así, sigue adelante. Una vez al mes conduce a su reunión con un grupo de apoyo para personas con Parkinson. El grupo es organizado por el Sistema de Salud del Sur de Texas y ella dice que le ayuda a aprender nuevos ejercicios, así como para intercambiar consejos con otros participantes.

 

“Agradezco a mi familia, colegas, médicos, enfermeras y a Dios por ayudarme en este proceso”, dijo Garza. “No me voy a rendir. Soy una luchadora. No me doy por vencida fácilmente”.

 

La doctora Beate Ritz, catedrática de epidemiología y neurología en la Universidad de California, Los Ángeles, lleva casi tres décadas estudiando la conexión entre pesticidas y el Parkinson en el Valle Central de California. La región produce una cuarta parte de todos los alimentos de Estados Unidos y concentra el mayor número de trabajadores agrícolas en el país.

 

Debido a que probar químicos tóxicos en humanos no es ético, Ritz ha utilizado conjuntos de datos para detectar aumentos repentinos de la enfermedad en comunidades donde se utilizan estos productos. Sus hallazgos revelan que las personas tienen un 90 % más de riesgo de desarrollar Parkinson si trabajan o viven a menos de 400 metros de una zona que se ha rociado con paraquat durante muchos años.

 

En experimentos de laboratorio con roedores, conejos y otros animales, el paraquat también se ha relacionado con el mal de Parkinson. Los científicos han observado cambios en los cerebros de los roedores tras inhalar paraquat, que son similares a los que se observan en humanos con la enfermedad de Parkinson.

 

Dorsey, coautor de El Plan Parkinson, afirma que la evidencia es tan contundente que la EPA debería prohibir el paraquat.

 

“¿Qué más podrían pedir?”, preguntó. “A menos que quieran que tomemos a niños de cinco años y los expongamos al azar al paraquat, no sé qué más pruebas podrían necesitar”, dijo.

 

“Deberíamos otorgar el beneficio de la duda a las personas, no al producto químico”, recomendó. “Deberíamos dejar de tratar justificar el uso de un herbicida que lleva 60 años en el mercado; y que China, Inglaterra y otros 50 países ya han declarado inseguro para el público”.

 

En 2011, la EPA inició una revisión, de 15 años, de docenas de plaguicidas, entre ellos el paraquat. El objetivo era determinar si cumplían con las normas legales vigentes de seguridad y eficacia.

 

Una década después, la agencia se pronunció — de forma no definitiva — sobre el paraquat. El documento decía que “el peso de la evidencia era insuficiente para vincular la exposición al paraquat por el uso de pesticidas de productos registrados en EE. UU. con la EP (enfermedad de Parkinson) en humanos”.

 

La respuesta de los grupos que han trabajando por años para prohibir el pesticida fue rápida y contundente. Defensores de los trabajadores agrícolas — entre ellos la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida, Farmworker Justice, la Alianza Nacional de Campesinas, y la Fundación de Asistencia Legal Rural de California — se unieron a la Fundación Michael J. Fox, a la red de acción “Pesticide Action Network”, al Centro para la Diversidad Biológica y a “Toxic Free North Carolina” para interponer una demanda judicial en contra de la EPA. Acusaron a la agencia de no haber revisado adecuadamente la evidencia que vincula el paraquat con la enfermedad de Parkinson. Los representó la organización ambientalista sin fines de lucro Earthjustice.

 

La EPA entonces solicitó más tiempo para revisar la evidencia y la demanda se detuvo. En 2025, la agencia publicó nuevos cálculos que mostraban que el pesticida podía dispersarse mucho más lejos de lo que se creía anteriormente.

 

Estos cálculos, conocidos como análisis de volatilización, se basaron en nuevos datos correspondientes a la empresa Syngenta, uno de los mayores fabricantes de paraquat del mundo y el principal proveedor del herbicida en Estados Unidos.

 

Public Health Watch consultó al ente gubernamental responsable de la protección ambiental sobre el uso amplio del dicloruro de paraquat en el país. En respuesta, la oficina de prensa de la EPA indicó que la agencia ahora debe confirmar esos resultados con pruebas en condiciones reales. Según dijeron, dichas pruebas tardarán hasta dos años, y la agencia necesitará más tiempo para revisar los hallazgos después.

 

El abogado de Earthjustice, Jonathan Kalmuss-Katz, piensa que la EPA debería suspender el uso de paraquat mientras se completa el estudio. “Los trabajadores están expuestos a un pesticida peligroso”. Continuar con el uso es inaceptable, añadió, porque los campesinos “están expuestos a un mayor riesgo de padecer la enfermedad de Parkinson y otros daños graves”.

 

La oficina de prensa de la EPA indicó que la agencia puede suspender el uso de un pesticida si determina que representa “un peligro inminente”. Sin embargo, “la EPA no ha llegado a esa conclusión con respecto al paraquat hasta el momento”, explicó por correo electrónico.

 

“Es engañoso insinuar que, simplemente porque la presión de vapor de una sustancia química es mayor de lo que se creía, representa un riesgo preocupante”, escribió un vocero. “El análisis de volatilidad se basa, intencionalmente, en las peores condiciones posibles para el modelo y, por lo tanto, predice concentraciones en el aire que probablemente superarían las de condiciones ambientales y prácticas de aplicación típicas”.

 

Mientras la EPA delibera, la Fundación Michael J. Fox, la Fundación Parkinson, y otros grupos de defensa tratan de incidir para que los estados tomen medidas necesarias. En mayo, lograron su primera victoria: Vermont se convirtió en el primer estado del país en prohibir la venta y el uso de paraquat.

 

Desde 2017, pacientes con Parkinson y sus familias han presentado más de 8.000 demandas en contra de Syngenta y de Chevron, distribuidores de paraquat en Estados Unidos durante dos décadas. Documentos judiciales sugieren que estas compañías sabían desde un punto en la década de 1960 que el herbicida producía temblores y problemas de movimiento en roedores y conejos, y que dañaba el cerebro de otros mamíferos.

 

En abril, Syngenta anunció que dejaría de producir paraquat en junio. Cuando Public Health Watch preguntó si la decisión estaba relacionada con los nuevos datos de volatilidad, un representante de la empresa respondió, mediante correo electrónico, que la decisión “se tomó exclusivamente por razones comerciales, debido a la importante competencia de los fabricantes de productos genéricos en todo el mundo”.

 

Otras 18 empresas están registradas para vender o distribuir paraquat o productos que lo contienen en Estados Unidos, por lo que es probable que el pesticida se siga utilizando en las granjas estadounidenses.

 

Mientras continúa el debate sobre si se debe prohibir el paraquat, quienes viven cerca de comunidades agrícolas o trabajan en ellas deben protegerse por sí mismos.

 

La EPA establece requisitos de seguridad para cada pesticida que aprueba, incluyendo métodos de aplicación recomendados y el uso de guantes y otros equipos de protección. Un estudio reveló que las personas que trabajaban con paraquat, usaban guantes y practicaban ciertas medidas de higiene — incluso si manipulaban directamente el producto químico — tenían un riesgo mucho menor de desarrollar Parkinson que quienes realizaban el mismo trabajo sin esos cuidados.

 

Sin embargo, la EPA depende de los estados para que se cumplan sus normas de seguridad, y la adhesión a las normas es inconsistente. En 2019, por ejemplo, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos reportó que el 57 % de los trabajadores agrícolas del país no había recibido la capacitación sobre seguridad para usar pesticidas, que sus empleadores estaban obligados a brindarles.

 

Por su parte, investigaciones realizadas por la organización sin fines de lucro Environmental Working Group revelaron que los propietarios de fincas en California y Pensilvania no cumplen con las normas de seguridad de la EPA para el paraquat. Cuando Univision Noticias rastreó a trabajadores agrícolas en Florida, Carolina del Norte y Michigan, descubrió que algunos estuvieron expuestos a pesticidas prohibidos para los cultivos con los que trabajan también.

 

Texas cuenta con unos 230.000 ranchos y granjas — más que cualquier otro estado —. Sin embargo, el Departamento de Agricultura estatal le dijo a Public Health Watch que dispone solo de 25 inspectores para supervisar a agricultores, empresas de control de plagas, y cualquier otra persona autorizada para usar paraquat y demás pesticidas restringidos.

 

Elizabeth Rodríguez, trabajadora social y directora de incidencia del Ministerio Nacional de Trabajadores Agrícolas, comentó que los trabajadores que conoce en el Valle a menudo carecen de equipo básico, como guantes. Confirma que a ellos sí les preocupan los pesticidas, pero no saben cómo protegerse. Llevarle la contraria a un supervisor o pedir un día libre para recibir atención médica podría costarles su sustento. Los trabajadores indocumentados generalmente tienen miedo de buscar tratamiento, incluso en clínicas gratuitas.

 

La propia familia de Rodríguez no es ajena a los peligros, ni a las tragedias. También son trabajadores del campo. El hijo de su primo falleció a los 25 años, tras pasar una temporada de cosecha en Iowa, donde de noche dormía en una habitación que también se usaba para almacenar pesticidas. Primero se le adormecían las piernas, pero después no podía moverse con facilidad. El muchacho había rehusado ir al hospital, porque quería trabajar hasta el día de pago.

 

El joven, nacido en McAllen, falleció en Iowa en brazos de su padre dos días antes de que terminara la cosecha. Rodríguez compartió que la autopsia mostró que su cuerpo estaba lleno de toxinas, pero se quedaba corta en especificar cuál de todas ellas le había ocasionado la muerte.

 

Como parte de su trabajo, Rodríguez visita a trabajadores agrícolas en los campos. Fue en uno de esos viajes, hace unos años, cuando experimentó de primera mano, ese sentido de impotencia del que los campesinos le hablaban con frecuencia.

 

El incidente sucedió un día tempestuoso, de mucho viento, mientras Rodríguez y un colega suyo se conducían entre dos campos en las afueras de Edinburg. Ella iba al volante. En un campo, los trabajadores arrancaban mala hierba. En el otro, preparaban a un tractor para rociar pesticidas.

 

A Rodríguez le sorprendió que, en esas condiciones climáticas, alguien pensara siquiera en fumigar. “El viento era tan fuerte, que podías incluso sentir que el vehículo se movía un poco”, contó.

 

El tractor permaneció inmóvil. Pero mientras Rodríguez y su colega observaban la escena, apareció una avioneta fumigadora que bajaba altura y se aproximaba a uno de los campos.

 

Los trabajadores en ese campo se alejaron corriendo. Rodríguez rápidamente cerró las ventanas del vehículo y manejó en dirección contraria, pero no fue suficiente. Cuenta que el olor del pesticida era tan fuerte, que tanto ella como su acompañante lo podían sentir en la boca. Unas millas más adelante, Rodríguez se orilló y detuvo el carro. Se sentía mareada. Necesitaba respirar aire limpio.

 

Daisy Yuhas es escritora colaboradora. Public Health Watch. Raquel Torres, periodista que antes laboraba con Public Health Watch, y Francisco E. Jiménez, reportero sénior de MyRGV.com, contribuyeron a este artículo. Este artículo fue publicada originalmente por publichealthwatch.org. Este reportaje es parte de una serie producida por Public Health Watch y MyRGV.com. Puente News Collaborative también participa en esta iniciativa.