Qué Hacer Si Experimenta Intimidación de los Votantes

Por Michael Lieberman

La intimidación de los votantes no es, lamentablemente, nueva en América y ha tenido como objetivo histórico las comunidades negras, los inmigrantes y las comunidades de color en un esfuerzo ilegal por disuadirlos de ejercer su derecho constitucional al voto. En el clima altamente polarizado de este año y en las tensiones que rodean a la pandemia del coronavirus, es real el peligro de que aparezcan extremistas de extrema derecha, milicias y otros vigilantes armados en los centros de votación, especialmente en los estados con campos de batalla.

En primer lugar, es importante saber que las leyes federales y estatales hacen que la intimidación de los votantes sea ilegal. Y este año, hay una serie de sistemas de apoyo legal adicionales para asegurar que cada votante pueda ejercer su derecho a emitir un voto sin ser acosado y coaccionado.

Los activistas de la derecha y las autodenominadas milicias se movilizaron primero este año como parte de las protestas contra el bloqueo y más tarde en respuesta a las manifestaciones de Black Lives Matter en todo el país, tomando las calles en un esfuerzo por contrarrestar a los defensores de la justicia racial, antifascistas e izquierdistas que consideran adversarios políticos. Para muchos en la extrema derecha, la contienda que se lleva a cabo en las urnas es simplemente una continuación de la que han estado llevando a cabo en las calles: Es un esfuerzo para tomar una posición contra los grupos que ven como enemigos domésticos e imponer su propia versión del «orden».

Si experimenta intimidación de los votantes – palabras o acciones que le hacen sentir aprensión sobre la votación – notifique a los funcionarios electorales en ese lugar de votación. Los funcionarios electorales están obligados a evitar la intimidación y las impugnaciones no autorizadas de su derecho al voto.

Los extremistas de extrema derecha se toman muy a pecho la afirmación de Trump de que las elecciones serán «las elecciones más amañadas de la historia» – una afirmación infundada que, sin embargo, ha sido ampliamente promovida por los medios de comunicación de la derecha. Trump ha instado a sus partidarios a «ir a las urnas y observar muy cuidadosamente». Su campaña ha convocado incluso un «ejército» de sus más fervientes partidarios para vigilar los centros de votación. Trump se ha negado a comprometerse con una transferencia pacífica del poder, y uno de sus principales funcionarios de comunicación, Michael Caputo, advirtió, (New York Times, 9/15/20) «Cuando Donald Trump se niegue a retirarse en la inauguración, comenzará el tiroteo».

A lo largo de su presidencia, Trump ha hecho declaraciones criticadas como expresión de aprobación de los activistas de extrema derecha, como su comentario de que había «gente muy buena en ambos lados» de la mortal manifestación de supremacía blanca «Uniendo a la derecha» en Charlottesville, Virginia, en 2017. Más recientemente, en el primer debate presidencial, Trump no aceptó la oportunidad de condenar claramente la supremacía blanca y en su lugar dijo a los Proud Boys, un grupo de odio, que «se apartaran y se mantuvieran al margen».

Históricamente, la intimidación de los votantes en un centro de votación ha sido rara – y es un crimen. A pesar de sus intentos de hacerse pasar por policía el día de las elecciones, todos los estados prohíben a los grupos de milicias privados y no autorizados participar en actividades de aplicación de la ley.

El 3 de noviembre, día de las elecciones, y en los estados que ofrecen la votación anticipada, el Grupo de Práctica del Derecho al Voto del SPLC está trabajando en coalición con un número sin precedentes de grupos de organización, legales y de defensa, así como con funcionarios electorales a nivel local y estatal para proteger su derecho a emitir un voto sin interferencias ni intimidaciones. Si experimenta intimidación de los votantes – palabras o acciones que le hacen sentir aprensión sobre la votación – notifique a los funcionarios electorales en ese lugar de votación. Los funcionarios electorales están obligados a evitar la intimidación y las impugnaciones no autorizadas de su derecho al voto.

Ejemplos de intimidación ilegal de votantes incluyen:

-Comportamiento violento dentro o fuera del centro de votación, incluyendo el uso de armas de fuego.

-Interrumpir las líneas de votación, acosar a los votantes en la fila o bloquear la entrada a un centro de votación.

-Amenazas de falso procesamiento criminal o daño económico o de reputación adverso por votar.

Si es seguro hacerlo, asegúrese de estar a una distancia segura de la amenaza y documente lo que vio o experimentó – lo que sucedió, cuándo y dónde – con fotos/video y tantos detalles como sea posible sobre lo que se dijo y se hizo.

Los votantes preocupados deben llamar inmediatamente a la línea directa nacional y no partidista de Protección Electoral al (866) NUESTRO VOTO [(866) 687-8683], operada por expertos en leyes electorales capacitados del Comité de Abogados para los Derechos Civiles Bajo la Ley. Para los hispanohablantes, el número es (888) VE-Y-VOTA [(888) 839-8682], y el número para los hablantes de idiomas asiáticos es (888) API-VOTE (888) 274-8683]. Un número de videollamada para el Lenguaje de Señas Americano está disponible en el (301) 818-VOTA [(301) 818-8683].

El Centro Legal de la Pobreza del Sur (SPLC) también quiere saber su experiencia en la elección del 2020. Si encuentra intimidación, acoso u otros problemas al emitir su voto, por favor dígaselo al SPLC usando la página Cuentenos su Historia de Voto (solamente en inglés).

En esta elección tan importante, no podemos permitir que nos intimiden o nos disuadan de votar. Para evitar las prisas del día de las elecciones, en muchos lugares los votantes pueden dejar sus boletas en la oficina local de elecciones o en un buzón aprobado y asegurado, o elegir la votación anticipada en persona.

Sabemos que nuestra voz y nuestro voto importan. El SPLC está con los votantes y trabajará para asegurar una elección libre y justa.

Michael Lieberman es Asesor de Políticas del Centro Legal de la Pobreza del Sur.

Traducción por Juan Carlos Uribe-The Weekly Issue/El Semanario.

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