por Andrea Germanos
Cientos de mítines se llevaron a cabo el lunes en comunidades de todo el país para mostrar el rechazo generalizado de la declaración de emergencia nacional del presidente Trump -una «toma de poder ilegal», dicen los críticos- para financiar su propuesto muro racista en la frontera.
Hubo más de 260 eventos planeados en 47 estados, organizados por una gran coalición de grupos -incluyendo MoveOn, CREDO, Win Without War, United We Dream, Indivisible, el Partido de las Familias Trabajadoras, Greenpeace, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y otros-, las acciones son una respuesta rápida a la declaración del presidente del 15 de febrero, y están destinadas a «luchar contra la falsa crisis de Trump y la fuerza racista de deportación».
Los manifestantes», dicen los organizadores, «compartieron su visión de una América que da la bienvenida a las personas que buscan asilo y se mantiene en pie con las comunidades inmigrantes, musulmanas y negras y marrones». La gente está lista para exigir el fin de la falsa emergencia, el muro racista y la dañina fuerza de deportación de Trump».
«La única emergencia aquí es el asalto de Trump a la Constitución». Brian Segee
Los eventos a nivel nacional vienen como una ola de demandas que desafían la declaración de emergencia. La ACLU fue rápida en su anuncio de intención de demandar, y lo hizo el 15 de febrero. «Dejemos algo claro», escribió la subdirectora legal de la organización, Cecilia Wang. «No hay ninguna emergencia. Miembros del Congreso de ambos partidos, expertos en seguridad y estadounidenses que viven en la frontera lo han dicho. Lo que el presidente está haciendo es otra toma de poder ilegal y peligrosa al servicio de su agenda anti-inmigrante».
La ACLU pedirá al Congreso que revoque la declaración de poderes de emergencia del Presidente Trump y que defienda su agenda anti-inmigrante, incluyendo una disminución de camas de detención, agentes y militarización de la frontera. La organización también exigirá al Congreso que responsabilice al Departamento de Seguridad Nacional y a otras agencias por sus abusos de poder -desde muertes en detención hasta separaciones familiares, pasando por el gaseado de migrantes, incluyendo niños, en la frontera- y que cree salvaguardas para limitar los poderes de emergencia y prevenir su abuso.
«No hay una emergencia nacional», dijo Faiz Shakir, Director Político Nacional de la ACLU. «El Congreso lo sabe, el pueblo estadounidense lo sabe, y el propio presidente lo admitió. Mientras nosotros en la ACLU llevamos esta lucha a los tribunales, el pueblo también la llevará a las calles y al Congreso. Vergüenza para el presidente y cualquier miembro del Congreso que no escuche la voluntad del pueblo y ponga fin a esta crisis constitucional».
En Denver, la ACLU de Colorado se unió a los socios de la coalición, la Colorado Immigrant Rights Coalition, el American Friends Service Committee, Colorado People’s Action e Indivisible, en el Capitolio Estatal para protestar contra la declaración de emergencia nacional del Presidente.
«En esta acción, estamos luchando por los intereses de Colorado y defendiendo el estado de derecho», dijo el Procurador General de Colorado, Phil Weiser.
El Gobernador de Colorado Jared Polis y Procurador General Weiser juntos emitieron una declaración sobre el hecho de que Colorado se unió a la demanda multiestatal que desafía la declaración de emergencia del Presidente Trump: «Colorado se unirá a por lo menos otros 12 estados en una demanda multiestatal contra la declaración de emergencia inconstitucional del presidente Trump para construir un muro fronterizo. Después de revisar los detalles de esta acción durante el fin de semana, concluimos que Colorado podría perder decenas de millones de dólares en construcción militar que serían desviados para construir el muro. Nuestras bases militares juegan un papel crítico en la preparación de nuestra nación y son impulsores económicos en varias comunidades».
La gobernadora de Nuevo México, Michelle Luján Grisham, y el secretario de Justicia, Héctor Balderas, anunciaron que el estado presentará una demanda contra el presidente Donald J. Trump por su inapropiada y exagerada declaración de una «emergencia nacional».
Esta declaración, que la acción del estado trataría de bloquear, desvía fondos cruciales para la protección de los residentes de Nuevo México de sus canales apropiados y pone en riesgo la economía y la gente de Nuevo México.
«La absurda y peligrosa declaración del presidente, un final calvo alrededor del Congreso y los principios básicos del sistema de gobierno de nuestra nación, no se mantendrán», dijo el gobernador Lujan Grisham. «Él mismo, como se expuso ante una audiencia de televisión nacional la semana pasada, reconoció libremente que no era necesario hacer su declaración. El presidente, claramente desesperado, está intentando sentar un precedente autocrático que no tiene cabida en absoluto en nuestro país. Como he dicho, su demanda inútil de un muro fronterizo no contribuye en nada a resolver los problemas humanitarios y de seguridad pública legítimos en la frontera, y su continuo alarmismo es activamente perjudicial, como lo sería su muro. No hay ninguna base real para una declaración de emergencia, y no habrá muro».
«Como Procurador General de un estado fronterizo, me horroriza que el Presidente Trump pase por alto el estado de derecho, fabrique una ‘emergencia’ y debilite nuestra defensa nacional y nuestra preparación para un posible ataque terrorista o un desastre natural catastrófico», dijo el Procurador General Balderas. «Estoy dispuesto a unirme a nuestros socios estatales para denunciar y prevenir este abominable abuso del poder ejecutivo.»
Además del grupo de derechos, las organizaciones de defensa del medio ambiente, así como varios estados, han prometido impugnar legalmente la declaración de emergencia.
«La única emergencia aquí es el asalto de Trump a la Constitución», dijo Brian Segee, abogado principal del Centro para la Diversidad Biológica. Su organización junto con Defensores de la Vida Silvestre y el Fondo de Defensa Legal de Animales presentó una demanda el 16 de febrero, calificando la proclamación de «ilegal en su cara».
«La separación de poderes está en el corazón de nuestra democracia y el poder del dinero es un control crítico sobre el presidente. El intento autoritario de Trump de construir su destructivo muro fronterizo es un abuso flagrante de esa estructura constitucional», continuó Segee. «Si se sale con la suya, será un desastre para las comunidades y la fauna a lo largo de la frontera, incluyendo algunas de las especies más amenazadas de nuestro país.»
Andrea Germanos es redactora de CommonDreams.org.
Traducción por Juan Carlos Uribe-The Weekly Issue/El Semanario
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