Por Austin Fisher
Sentada en una mesa fuera del Roundhouse (edificio del Capitolio del Estado de Nuevo México) el pasado martes, Hazel Batrezchavez estaba cosiendo a mano nombres en tiras de tela de color rojo intenso.
Cada nombre correspondía a una persona que murió a manos de la policía de Nuevo México en 2021. Todos ellos serán bordados y luego cosidos en una gran pancarta.
La «costura» formó parte de una manifestación realizada el 18 de enero por People’s Budget New México, una coalición de más de 15 organizaciones locales que pide a los legisladores estatales que utilicen los fondos federales de ayuda a la pandemia para abordar las causas fundamentales de la delincuencia.
Alrededor de la mitad del dinero del Plan de Rescate Americano del estado todavía tiene que ser gastado después de la sesión especial de diciembre. Los legisladores deben tomar decisiones sobre el resto en los próximos 30 días.
La gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, propone gastar 100 millones de dólares del fondo general del estado durante la próxima década para ampliar los presupuestos de la policía en todo el estado y ayudar a pagar a 1.000 policías más.
«Vivir en una comunidad segura y saludable es el derecho de cada nuevo mexicano, y estas son propuestas inteligentes que sacan y mantienen lo peor de lo peor de las calles de Nuevo México», dijo Luján Grisham en una declaración escrita. «Estoy deseando trabajar con la Legislatura para asegurarme de que cada uno de estos proyectos de ley cruza la línea de meta».
Luján Grisham también propone aumentar las sanciones penales, trasladar la carga a los acusados para que demuestren que no son peligrosos durante las audiencias de prisión preventiva, y dar un aumento del 19,5% a los agentes de la Policía Estatal de Nuevo México.
«Estoy pidiendo estas cosas porque los nuevos mexicanos las están pidiendo», dijo durante su discurso sobre el estado del Estado el 18 de enero.
People’s Budget New México se opone a todas estas medidas y dijo que el presupuesto estatal debería gastarse en otra cosa.
«Los nuevomexicanos de a pie siguen sufriendo la pandemia y décadas de desinversión», dijo Selinda Guerrero, una organizadora abolicionista de Albuquerque. «Más fondos para la policía no ayudarán a la salud pública y el bienestar de nuestras comunidades, ni abordarán las causas fundamentales de la delincuencia».
El dinero de la recuperación federal y el presupuesto estatal deberían invertirse en la construcción de comunidades seguras y saludables, no en la vigilancia policial, dijo. Las propuestas sólo ampliarán el sistema carcelario en Nuevo México, dijo.
Guerrero dijo que la presencia policial no satisface las necesidades más apremiantes de la gente relacionadas con su seguridad: vivienda, alimentación, atención médica, educación, aire y agua limpios, oportunidades de trabajo y áreas de acampada urbana con baños y duchas públicas.
«De hecho, una mayor presencia policial en nuestras comunidades, cuyas necesidades están crónicamente insatisfechas, suele generar más daños en forma de lesiones corporales y muerte, separación familiar y abusos físicos y mentales», afirmó Guerrero.
Szu-Han Ho, profesor de la Universidad de Nuevo México y miembro de un colectivo artístico llamado Fronteristxs, dijo que el encarcelamiento masivo ya afecta de forma desproporcionada a la gente de color. Y las altas tasas de encarcelamiento en ciertos barrios pueden conducir a más delitos, argumenta la coalición en un comunicado de prensa, «debido al estrés familiar, la desintegración del barrio y el debilitamiento de los sistemas de apoyo de la comunidad.»
El Comité Legislativo de Finanzas planteó un punto similar, escribiendo que «las fuerzas policiales más grandes hacen más detenciones por delitos de bajo nivel, lo que puede aumentar el uso de la fuerza y aumentar la probabilidad de un futuro comportamiento criminal de los detenidos.»
Nuevo México se encuentra constantemente entre los estados con la tasa más alta de asesinatos de la policía en el país, con el Departamento de Policía de Albuquerque que representa aproximadamente la mitad de los disparos mortales aquí desde 2015, según el Washington Post.
«Esto tiene que parar. No necesitan más dinero. Es hora de empezar a priorizar la comunidad y financiar nuestra comunidad», dijo Guerrero.
Trabajo que queda por hacer
La coalición pide a los legisladores y al gobernador que den prioridad a la satisfacción de las necesidades materiales de la gente frente a los paquetes de mano dura contra el crimen que parecen alzarse como las prioridades del gobernador, dijo Guerrero. La vivienda se ha vuelto inalcanzable en muchas de las ciudades, incluyendo Santa Fe, Albuquerque y Las Cruces, agregó, y las comunidades más rurales necesitan acceso a agua corriente, banda ancha y leña para el invierno.
«Ese es el tipo de cosas que deberíamos financiar ahora mismo», dijo Guerrero.
El grupo está a la espera de ver qué legisladores presentan proyectos de ley, dijo Ho, y los organizadores no sólo criticaron algunas de las medidas propuestas. Guerrero dijo que la coalición está entusiasmada con el proyecto de ley del gobernador sobre el derecho al voto, que es un paso para ayudar a minimizar la privación de derechos por delitos graves.
Ho dijo que el grupo también está abogando por la abolición de la cadena perpetua sin libertad condicional para los jóvenes, una propuesta liderada por la Coalición para la Sentencia Justa de los Jóvenes. Ese proyecto de ley no está en la agenda del gobernador para esta sesión, pero la senadora Antoinette Sedillo López lo presentó el 18 de enero.
La lista bordada de víctimas de la violencia policial está incompleta por ahora, dijo Batrezchavez.
«Más fondos para la policía no ayudarán a la salud pública y el bienestar de nuestras comunidades, ni abordarán las causas fundamentales de la delincuencia».
Selinda Guerrero
El trabajo en los nombres continuará en eventos mensuales en Albuquerque llamados Hook It Up Sundays, dijo Batrezchavez. Es una manera de hablar con los miembros de la comunidad más acerca de quiénes eran estas personas, y para mantener el espacio para ellos. También reparten comida gratis e intercambian agujas.
«Tiene que haber algún tipo de reconocimiento para estos individuos, no pueden perderse en decir simplemente ‘esto es un número'», dijo Batrezchavez. «Porque muchos de estos individuos, esta violencia fue promulgada sobre ellos, y sus historias no se conocen, sobre lo que pasó, sobre sus familias y cómo están sufriendo. Tenemos que ser capaces de reconocer los nombres tal y como son».
Austin Fisher es un periodista residente en Santa Fe, Nuevo México. Este artículo ha sido publicado por Source New Mexico bajo una licencia Creative Commons.
Traducido por Juan Carlos Uribe-The Weekly Issue/El Semanario.
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