Por Hannah Grover
El jefe del Departamento de Medio Ambiente de Nuevo México (NMED) dice que un nuevo grupo de trabajo de delitos ambientales ayudará al estado a aprovechar mejor los recursos para perseguir a las personas que están contaminando el medio ambiente y poniendo a las comunidades en riesgo.
El secretario James Kenney afirmó que, dado que organismos como el NMED carecen de fondos suficientes, es importante aprovechar los recursos.
Kenney dijo que estaba familiarizado con los grupos de trabajo de delitos ambientales por su paso por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Dijo que la EPA colabora con otros estados en estos grupos de trabajo.
«Muchas empresas hacen lo correcto, pero cuando las empresas no lo hacen e infringen la ley debe haber consecuencias para esas acciones».
Stephanie García Richard, La Comisaria de Tierras
Después de más de un año de trabajo con socios federales, tribales y estatales, NMED anunció la creación del primer grupo de trabajo de delitos ambientales de Nuevo México el 9 de noviembre.
«Este grupo de trabajo se crea para frenar los delitos ambientales en el estado de Nuevo México y los territorios tribales vecinos», dijo Kim Bahney, agente especial a cargo de la División de Investigación Criminal de la EPA para la Subdivisión de la Zona Suroeste, en un comunicado de prensa. «La salud pública y el medio ambiente no deben sufrir a manos de contaminadores deliberados».
Este grupo de trabajo ayudará a Nuevo México a presentar cargos penales contra las personas que ponen en riesgo a las comunidades, en lugar de limitarse a emitir sanciones civiles.
Todavía se desconoce, al menos parcialmente, cuán comunes son los delitos ambientales en Nuevo México.
«No encontrarás lo que no estás buscando», dijo Kenney.
Dijo que hay delitos ambientales que ocurren en todo el país y que se persiguen, sin embargo, en Nuevo México no se han organizado ni buscado.
Los delitos ambientales incluyen la falsificación a sabiendas de los informes de pruebas de agua potable o aguas residuales, el vertido de residuos sépticos en arroyos, la fabricación de registros de petróleo o gas para indicar que el operador buscó fugas, el desmantelamiento de vehículos robados y el vertido de aceite de motor usado o el tráfico ilegal de vida silvestre.
El grupo de trabajo incluye a la Oficina del Fiscal General de Nuevo México, el Departamento de Seguridad Pública del Estado, el Departamento de Energía, Minerales y Recursos Naturales, el Departamento de Caza y Pesca de Nuevo México, la Oficina Estatal de Tierras, la Oficina de Campo de Albuquerque de la Oficina Federal de Investigación, la EPA, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos y el Departamento de Justicia de la Nación Navajo.
Estos organismos pueden trabajar juntos para proteger a las comunidades.
Kenney puso el ejemplo de la eliminación del agua producida. El agua producida es un subproducto de la extracción de petróleo y gas. A veces se coloca en estanques de evaporación o de retención que podrían resultar atractivos para las aves acuáticas.
Kenney dijo que si los inspectores de organismos como el NMED o el EMNRD observaran la presencia de aves muertas cerca de una instalación de agua producida, podrían alertar a organismos como el Departamento de Caza y Pesca del estado o el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos.
El grupo de trabajo celebrará reuniones periódicas en las que revisará los casos. Estos casos también pueden provenir de denuncias presentadas por el público.
«Las comunidades de bajos ingresos y las comunidades de color han soportado de forma desproporcionada la carga de los delitos ambientales», dijo Alexander M.M. Uballez, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Nuevo México, en un comunicado de prensa. «A través del Grupo de Trabajo de Delitos Ambientales, traeremos un tratamiento justo y una participación significativa de las comunidades desatendidas que han sido históricamente marginadas y sobrecargadas por las violaciones ambientales sistémicas, la contaminación, el cambio climático y el abuso de los recursos naturales».
Kenney dijo que las consecuencias de los delitos medioambientales pueden ser localizadas -como la retirada ilegal e inadecuada de amianto de una escuela- o pueden afectar a grandes comunidades como Flint (Michigan), donde las pruebas y el tratamiento inadecuados del agua provocaron problemas de salud, como niveles elevados de plomo en la sangre de los niños.
«Las consecuencias de los delitos medioambientales pueden ser pequeñas o grandes, pero suelen afectar a la salud pública y al medio ambiente», dijo Kenney.
Kenney dijo que el grupo de trabajo también analizará por qué ocurrieron los delitos.
En 2016, NMED descubrió que los operadores de una empresa de agua en el noroeste de Nuevo México estaban falsificando los resultados de las pruebas de calidad del agua. Esto resultó en una advertencia de hervir el agua que duró más de un año en una comunidad al este de Bloomfield.
Kenney dijo que, en un caso como ese, la investigación examinaría si los propietarios de la empresa le dijeron al operador que falsificara los informes.
En muchos casos, Kenney dijo que los investigadores de la agencia son los que descubren los delitos medioambientales.
«Son los ojos y los oídos de lo que ocurre en la comunidad», dijo.
Sin embargo, las denuncias y los avisos del público también pueden dar lugar a procesamientos.
Kenney dijo que la falta de financiación del Estado ha dificultado que la NMED exija responsabilidades y se asegure de que las empresas cumplan la normativa y paguen las sanciones impuestas.
El grupo de trabajo no resuelve todos los problemas relacionados con la falta de financiación, pero proporciona una ventaja y recursos adicionales para exigir responsabilidades por los delitos medioambientales, dijo.
Al reunir a la fiscalía y a la investigación, Kenney dijo que habrá casos más fuertes con resoluciones más exitosas.
Los ciudadanos pueden presentar sus denuncias sobre delitos medioambientales en línea en echo.epa.gov/report-environmental-violations o en env.nm.gov/general/report-an-environmental-issue-or-incident.
La Comisaria de Tierras, Stephanie García Richard, dijo en un comunicado de prensa que ha dado prioridad a la protección de los recursos naturales. Dijo que el programa de responsabilidad y aplicación de su agencia ha llevado a las empresas a cumplir con las regulaciones ambientales.
«Muchas empresas hacen lo correcto, pero cuando las empresas no lo hacen e infringen la ley debe haber consecuencias para esas acciones», dijo.
Hannah Grover es Reportera de de New Mexico Political Report. Esta historia fue publicada originalmente por
New Mexico Political Report.
Traducido por Juan Carlos Uribe-The Weekly Issue/El Semanario.
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