Wallice J. de la Vega
El cierre de 438 escuelas públicas en Puerto Rico en el 2018, seguido por el desuso y deterioro de 365 de éstas, tuvo su mayor impacto el pasado 3 de noviembre, día de las elecciones gubernamentales locales. La reducción en el número de escuelas habilitadas causó largas filas y retrasos en el proceso electoral en toda la isla.
En el caso del municipio de Aguadilla 19 deteriorados planteles escolares estuvieron abiertos para los casi 36,000 votantes inscritos allí. Sin embargo, en la escuela urbana José de Diego, por ejemplo, se usaron solamente tres salones como “colegios” electorales oficiales. La confusión subsiguiente mantuvo la multitud moviéndose de una fila a otra intentando descifrar cuál de estas era la correcta para cada uno, basado en la primera letra de su apellido.
“Qué revolú, y eso que tenemos tanta tecnología nueva”, dijo un votante que solicitó no ser identificado. “Esto lo que da es vergüenza”. A él le tomó más de dos horas y media votar.
La confusión subsiguiente mantuvo la multitud moviéndose de una fila a otra intentando descifrar cuál de estas era la correcta para cada uno, basado en la primera letra de su apellido.
La idea del cierre de escuelas provino de la secretaria del Departamento de Educación, Julia Keleher, quien había sido contratada en el 2016 por el gobierno de Puerto Rico con un salario de $231,000 anuales. Ella terminó renunciando en abril de 2019 al ser arrestada por el FBI acusada de malversación de $15 millones en contratos con “consultores conectados políticamente” y el uso de propiedad pública para ganancia personal. En aquel momento también salió a relucir un contrato por casi $26,000 mensuales que Educación le otorgó al hermano del entonces gobernador Ricardo Rosselló.
En enero del 2018 el gobernador había aceptado el plan de Keleher, que incluía el cierre de 305 escuelas y despedir a unos 700 maestros produciendo un ahorro fiscal de $300 millones en cuatro años. En julio del 2019 Rosselló se vio obligado a renunciar a la gobernación ante masivas protestas del pueblo debido a la corrupción gubernamental. Esto llevó a la Cámara de Representantes local a expresar públicamente que “estaban listos para empezar un proceso de juicio político” contra él.
Por su parte, la Junta de Supervisión Fiscal, impuesta por el gobierno estadounidese para manejar las finanzas de Puerto Rico mediante la Ley 26-2017 de Cumplimiento con el Plan Fiscal, en octubre del 2019 le escribió al Departamento de Educación mencionando que “se esperaba que el cierre de estas escuelas generara importantes ahorros significativos en el personal administrativo y no administrativo para el Departamento. Sin embargo, ha llegado a la atención de la Junta de Supervisión que tales ahorros no han sido generados según se esperaba”.
Se suponía que las escuelas cerradas pasaran al Departamento de Obras Públicas para mantenimiento. Sin embargo, son los municipios los que en su mayoría asumen esa responsabilidad. Siguiendo el «efecto dominó», un gobierno central en bancarrota causa municipios en bancarrota responsabilizados por edificios que deterioran rápidamente.
Referente al proceso electoral, desde distintos puntos de la isla se reportaron problemas para votar.
“La larga espera, mayormente bajo el sol caliente y no tener letreros claros sobre los colegios que nos tocaban fue lo peor de todo. Fueron dos horas y media de tortura”, dijo Deyka Iglesias sobre su experiencia en Aguadilla. La mayoría de los entrevistados citaron “filas kilométricas” y “espacios limitados” como los peores factores de esta elección.
En cuanto a la votación general, la mayor sorpresa en estas elecciones fue el proyectado ascenso de Pedro Pierluisi a la oficina del gobernador. Dos eventos importantes apuntaban a una derrota segura: Resabios del “golpe” contra el gobernador Rosselló a causa de corrupción y los recientes reclamos públicos contra Pierluisi debido a supuesto acoso sexual. Cuatro días antes de las elecciones una entrenadora física hizo pública una delcaración jurada firmada reclamando el acoso del candidato contra ella.
“Para mí es importante dejar claro que yo siempre insistí que nuestra relación era estrictamente profesional, a pesar de los avances sexuales continuos que Pedro Pierluisi me hacía verbalmente, a través de mensajes de texto y mensajes de voz telefónicos de los que tengo evidencia”, escribió la entrenadora Yolanda Sánchez en su declaración jurada apoyando su acusación.
La votación de este año no alcanzó el alto número de participantes esperado, denotando un descenso en el interés de los inscritos, de 2.8 millones en el 2016 a 2.35 millones este año.
Otro factor que favoreció a Pierluisi fue el número de candidatos a la gobernación. Tradicionalmente la contienda local se había limitado solamente a tres partidos: El Partido Popular (apoyando mantener el sistema colonial), el Partido Nuevo Progresista (que aboga por la estadidad) y el Partido Independentista Puertorriqueño (que impulsa la soberanía total). Pero este año a estos se le unieron el Movimiento Victoria Ciudadana (proponiendo una soberanía asociada con Estados Unidos), Proyecto Dignidad (con base religiosa-derechista) y el Movimiento Conciencia.
Hasta las 3:00 p.m. del 4 de noviembre las proyecciones tenían a Pierluisi ganando la gobernación con 380,704 votos (32.40 por ciento) y a Jenniffer González ganando la Comisión Residente (representación en Washington) con 461,401 (40.47 porciento). La votación en el plesbiscito no vinculante sobre la estadidad mostraba aprobación (Sí) con 592,242 votos (52.19 por ciento) frente al rechazo (No) con 542,634 votos (47.81 por ciento).
Wallice J. de la Vega es periodista independiente con base en Puerto Rico.
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