Por Austin Fisher

 

 

 

Virgil Dixon nació en Nuevo México, pero llevaba dos décadas fuera, desplazándose por todo el país, siguiendo a su hijo y a su nieto para permanecer cerca de ellos.

 

Dixon, de 71 años, dio prioridad a registrarse para votar y pudo emitir boletas electorales en todos los lugares donde vivió: en Iowa, Oregón y Minnesota.

 

Esos estados, como Nuevo México, permiten votar a personas como Dixon, que una vez fue condenado por un delito grave.

 

Pero cuando regresó a su estado natal en 2022, intentó registrarse para votar al año siguiente y se le denegó su derecho, porque había sido condenado por posesión de cocaína más de dos décadas antes.

 

Las personas con condenas por delitos graves pueden votar en Nuevo México. Durante muchos años, el estado ha permitido que las personas que salen de la cárcel -y que ya no están en libertad condicional o bajo palabra- vuelvan a registrarse para votar.

 

Quiero poder votar en mi estado natal de Nuevo México, donde está mi tierra natal Diné”.
Virgil Dixon

 

Cuando Dixon intentó registrarse para votar en 2023, la secretaria del condado de Bernalillo, Linda Stover, le envió un formulario de registro obsoleto en el que se le preguntaba si había cumplido todo su tiempo en prisión.

 

El caso es que Dixon nunca ha estado en la cárcel. Un juez lo sentenció a un año de libertad condicional sin supervisión, y la cumplió en 2001.

 

Sin embargo, el 27 de julio de 2023, Stover escribió una carta a Dixon diciéndole que no podía votar porque había sido condenado por un delito grave.

 

Cada vez que alguien es condenado por un delito grave en Nuevo México, el sistema de registro de votantes del estado adjunta una “bandera de delito grave” a su nombre, haciéndolo inelegible para votar.

 

Hasta un cambio en la ley en 2023, la única manera de quitar la bandera era que el Departamento de Correcciones o el propio votante la quitaran.

 

Esto hizo que las banderas de delitos graves se colocaran no sólo a las personas en prisión, sino también a todos los que habían sido condenados por un delito grave, incluidos los que aún estaban en libertad condicional o bajo palabra, y los que habían cumplido sus condenas hacía tiempo.

 

Dixon dijo que sintió ganas de romper la carta. Intentó registrarse por segunda vez en septiembre de 2024, y fue rechazado de nuevo por la misma razón.

 

«Acaban de derribar mi espíritu», dijo en una entrevista.

 

Dixon dijo que las denegaciones desencadenaron su trastorno de estrés postraumático. Fue ingeniero de combate del ejército estadounidense en la guerra de Vietnam de 1972 a 1973.

 

“Me desbordé”, dijo Dixon. “Estaba dispuesto a decir: ‘Al diablo con todo’, ¿sabes?”.

 

‘Privación emocional de derechos’

 

El 1 de julio de 2023 entró en vigor una nueva ley estatal que restablece el derecho de voto a las personas condenadas por delitos graves en cuanto salen de prisión, incluidas las que aún están en libertad condicional.

 

Según el Sentencing Project, que aboga por reducir el número de personas entre rejas, la ley devolvió el derecho al voto a unos 11.000 neomexicanos.

 

Sin embargo, durante los 15 meses siguientes, el registro de Dixon y de otros 900 neomexicanos fue denegado injustamente porque la Secretaria de Estado de Nuevo México, Maggie Toulouse Oliver, utilizó una lista incorrecta que mostraba que aún estaban en prisión, dijo Daniel Yohalem, un abogado de derechos civiles que representa a Dixon y a los otros demandantes en el caso.

 

La nueva ley exige que el Departamento Correccional de Nuevo México entregue a Toulouse Oliver una lista de personas en prisión y, por lo tanto, inelegibles para votar, para que pueda registrar a todos los elegibles, incluidos los que están en libertad condicional.

 

Sin embargo, el Departamento de Instituciones Penitenciarias no le dio la lista, por lo que tuvo que basarse en información obsoleta e inexacta para rellenar el sistema de registro de votantes de todo el estado.

 

Cuando los secretarios de los condados cotejaron esas inscripciones con la lista incorrecta del Secretario de Estado, esas personas fueron rechazadas, dijo Yohalem en una entrevista.

 

Tras repetidos intentos infructuosos a lo largo del año pasado para convencer a Toulouse Oliver de que aplicara la nueva ley, según muestran los documentos judiciales, Yohalem y el Campaign Legal Center, con sede en Washington D.C., presentaron la demanda.

 

Menos de dos semanas después, el 8 de octubre, un juez ordenó a Toulouse Oliver y al Departamento de Instituciones Penitenciarias que introdujeran los cambios necesarios para aplicar la nueva ley.

 

Siguiendo la orden del juez, Toulouse Oliver ordenó a los 33 secretarios de condado que dejaran de utilizar el antiguo formulario de registro de votantes y utilizaran únicamente los nuevos corregidos, dijo Yohalem.

 

Los antiguos formularios eran ilegales porque indicaban incorrectamente que, a menos que el gobernador los hubiera indultado personalmente, las personas con condenas por delitos graves no pueden votar hasta que hayan cumplido toda su condena y completado todas las condiciones de la libertad condicional o vigilada, según la demanda.

 

Toulouse Oliver también cambió algunas referencias incorrectas a los antiguos formularios en su sitio web oficial, dijo Yohalem.

 

Toulouse Oliver recopiló una lista de las personas a las que se denegó indebidamente la libertad tras la entrada en vigor de la nueva ley, la envió a los funcionarios y les ordenó que volvieran a procesar a esas personas y, a menos que hayan vuelto a ingresar en prisión por un nuevo delito, se supone que están registradas, dijo.

 

El Departamento de Instituciones Penitenciarias envió a Toulouse Oliver una lista actualizada de las personas encarceladas desde el 1 de octubre, y estableció una línea directa a la que los secretarios pueden llamar para determinar si alguien está encarcelado.

 

Pero las personas afectadas por el sistema jurídico penal no van a volver a un edificio del gobierno pidiendo votar, dijo Selinda Guerrero, organizadora principal de Millions for Prisoners New México, demandante en la demanda. Ella llama a esto “privación emocional del derecho al voto”.

 

“Hay tantas restricciones si has sido condenado por un delito grave que esencialmente estás bajo la ley de Jim Crow”, dijo. “Eres un ciudadano de segunda clase”.

 

Cuando trató de llegar de nuevo a las personas que habían sido rechazadas injustamente, algunas habían perdido completamente la esperanza, dijo.

 

“Tenemos que volver a dar energía a la gente y tratar de convencerles de que esto también les pertenece de nuevo”, dijo Guerrero.

 

‘Esto es nuestro hogar’

 

Como parte de la demanda, Dixon explicó al tribunal por qué votar es importante para él como ciudadano de la Nación Navajo.

 

“Quiero poder votar en mi estado natal de Nuevo México, donde está mi tierra natal diné”, dijo en una declaración jurada.

 

Durante la Segunda Guerra Mundial, el abuelo de Dixon, Richard Thomas, de Shiprock, era un codificador navajo, un grupo que utilizaba su lengua tribal para transmitir mensajes en secreto durante las batallas contra Japón. El estado de Nuevo México no concedió a los nativos americanos el derecho al voto hasta que un marine estadounidense y ciudadano del Pueblo de Isleta recurrió a los tribunales para forzar la cuestión en 1948, mucho después de que terminara la guerra.

 

El caso de Dixon es un ejemplo de las barreras al acceso al voto de los nativos que siguen existiendo hoy en día, como la escasa recogida de correo en las regiones rurales y tribales, la manipulación racista de las elecciones locales y los colegios electorales situados al otro lado de carreteras en mal estado o inexistentes.

 

De hecho, la misma ley estatal por la que se está luchando en este caso también promulgó la primera Ley de Derecho al Voto de los Nativos Americanos de la nación, que obliga a los funcionarios electorales estatales y locales a consultar y cooperar con los gobiernos tribales sobre la ubicación de los centros de votación, entre otras reformas.

 

Si bien no existen datos nacionales sobre el impacto de la privación del derecho al voto por delitos graves en los pueblos indígenas, su representación en la población y el sistema jurídico penal de Nuevo México indica que se ven muy afectados por las leyes y políticas de privación del derecho al voto por delitos graves, según Human Rights Watch.

 

La representación de los nativos americanos en las prisiones de Nuevo México -en otras palabras, su proporción de condenas por delitos graves que llevan a alguien a prisión- en 2023 superó la tasa nacional, con poco más del 10% en comparación con el 2% a nivel nacional, según la Comisión de Sentencias de Nuevo México.

 

Dixon es una historia de éxito en este caso. Stover reprocesó su registro electoral y el de los otros tres demandantes después de la orden del juez, dijo Yohalem. Dixon dijo que envió por correo su boleta electoral de 2024 el 15 de octubre.

 

“Ahora sé que mi voz es escuchada”, dijo.

 

El día después de enviar su boleta electoral, Dixon dijo que estaba sentado en su apartamento en Albuquerque, mirando las montañas Sandia a través de la ventana de su habitación.

 

“Es bueno estar de vuelta en casa», recuerda Dixon, físicamente en el mismo lugar, pero a un mundo de distancia de la sensación de pérdida que sintió cuando no pudo votar.

 

Quiere quedarse en este planeta un poco más para ver crecer a sus nietos.

 

“Realmente siento que estoy establecido en Nuevo México, ¿sabes? Este es mi hogar”.

 

 

Austin Fisher es reportero senior de Source New México. Este artículo es republicado de Source New Mexico bajo una licencia Creative Commons. Source New México es parte de States Newsroom, la organización de noticias sin fines de lucro enfocada en los estados más grande de la nación.

 

Traducido por Juan Carlos Uribe, The Weekly Issue/El Semanario.