• June 1st, 2025
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Un Tribunal Federal Rechaza el Intento de los Extremistas de Derrotar la Demanda por Intimidación de Votantes


Photo/Foto: Michael Fleshman/flickr/cc Voting rights organizations lawsuit moves forward to end voter intimidation and suppression efforts.

 

 

Un juez federal en Colorado ha rechazado los esfuerzos de los individuos involucrados con el Plan de Integridad Electoral de Estados Unidos (USEIP), una organización extremista con vínculos con QAnon y la insurrección del 6 de enero, para derrotar una demanda que busca detener su campaña ilegal de intimidación de votantes en Colorado.

 

El 23 de enero de 2023, el tribunal desestimó las contrademandas de difamación y abuso de proceso de los demandados contra las organizaciones de derechos electorales que presentaron la demanda. Posteriormente, el 31 de enero, el tribunal denegó la petición de los demandados de que se dictara sentencia sobre los alegatos y (con una excepción) la petición de sentencia sumaria. (Los demandados sólo prevalecieron en un punto: que, si bien las demandas pueden proceder contra los demandados individuales, como asociación no constituida en sociedad la propia USEIP no es susceptible de demanda).

 

Con la desestimación de las reconvenciones y el acuerdo del tribunal de que las principales demandas de intimidación de votantes pueden proceder, el caso puede ahora ir a juicio.

 

La demanda presentada por la Liga de Mujeres Votantes de Colorado, Mi Familia Vota, y Colorado-Montana-Wyoming State Area Conference of the NAACP, alega que USEIP y tres de sus principales organizadores (Shawn Smith, Ashley Epp, y Holly Kasun) están violando la Ley de Derecho al Voto y la Ley del Ku Klux Klan a través de su campaña de visitar los hogares de los votantes e intimidar a los votantes en sus propias puertas por haber votado en las elecciones de 2020.

 

«Esto no es nada menos que intimidación electoral de libro de texto destinada a acosar a los votantes de color y evitar que participen en el proceso electoral», dijo Beth Hendrix, Directora Ejecutiva de la Liga de Mujeres Votantes de Colorado. «Todos los votantes deben tener la libertad de ejercer su derecho al voto, libres de miedo e intimidación, y hacer oír nuestras voces en nuestra democracia».

 

El «County & Local Organizing Playbook» (el «Playbook») de USEIP, que establece los principios y objetivos de USEIP, deja claro que las tácticas de USEIP incluyen participar en comportamientos violentos e intimidatorios, y amenazar e intimidar a los votantes supuestamente con el fin de apoyar las afirmaciones desacreditadas de fraude electoral. La organización, con sede en Colorado, amplió sus operaciones a Arizona, Georgia y New Hampshire antes de las elecciones de 2022.

 

«Los objetivos de los acusados son claros. Al planear, amenazar y, de hecho, desplegar agentes armados para llamar a las puertas en todo el estado de Colorado, USEIP se dedica a la intimidación de los votantes», argumentan los demandantes. «Las acciones públicas de USEIP son una clara señal a los votantes de Colorado, especialmente a los votantes de color, de que votar en las próximas elecciones significa enfrentarse a un interrogatorio por parte de agentes de USEIP potencialmente armados y amenazantes en la puerta de su casa».

 

Los esfuerzos de intimidación de USEIP afectan especialmente a las comunidades de color, que históricamente se han enfrentado a barreras institucionalizadas, amenazas violentas e intimidación por ejercer su derecho al voto. Los ataques de los justicieros, así como las redadas policiales y de inmigración, agravan la intimidación que USEIP ejerce sobre los votantes negros y latinos. Los encuestadores suelen dirigirse a zonas de alta densidad de viviendas y a comunidades en las que crece el número de votantes pertenecientes a minorías.

 

Las organizaciones de defensa del derecho al voto que han presentado esta demanda solicitan al tribunal federal que declare que la campaña de intimidación de votantes de USEIP es ilegal en virtud de la Ley del Derecho al Voto de 1965 y la Ley del Ku Klux Klan de 1871, y que ordene a los líderes de USEIP que cesen y desistan de su campaña de intimidación. Los demandantes están representados por Free Speech for People y Lathrop GPM LLP.

 

 

Traducido por Juan Carlos Uribe, The Weekly Issue/El Semanario.