Por Sara Wilson, Colorado Newsline
Posted August 13, 2026
Seis semanas después de que las autoridades locales emitieran una orden de salud pública en relación con un caso confirmado de tuberculosis activa en un centro de detención de inmigrantes de Aurora, la empresa privada que gestiona las instalaciones sigue sin permitir el acceso a los responsables sanitarios para que lleven a cabo la investigación exigida por ley.
El resultado es un enfrentamiento entre el gobierno estatal y el local, por un lado, y una empresa que se niega a cooperar, por otro.
El lunes, los defensores de la comunidad volvieron a pedir que el gobierno estatal ejerciera más presión, emitiendo su propia «orden de salud pública del pueblo» en el Capitolio de Colorado, a pocos pasos de la oficina del gobernador Jared Polis.
“Estamos aquí para exigir que el departamento de salud estatal y la oficina del gobernador hagan todo lo que esté en su mano, incluida la emisión de una orden de salud pública estatal, para que el GEO Group rinda cuentas por sus irregularidades”, afirmó Maureen Daly, pediatra jubilada.
El GEO Group gestiona el centro de detención para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) en calidad de contratista federal.
A los defensores de los derechos, entre ellos Daly, les preocupa que las agencias estatales no hayan presionado con más firmeza contra la obstrucción de GEO por miedo a los litigios. GEO ya ha demandado al estado por una nueva ley que otorga a este mayor autoridad para realizar inspecciones de salud y seguridad.
“No creo que lo que haga o deje de hacer The GEO Group deba influir en esta decisión de salud pública”, afirmó Daly. “Lo importante aquí debería ser proteger la salud de la población de Colorado”.
La orden popular simbólica, dirigida al Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE), afirma que “la inacción y la falta de urgencia por parte de la oficina del gobernador y del CDPHE han hecho que perdamos nuestra confianza”.
Exige el acceso al centro para que las autoridades sanitarias puedan llevar a cabo una investigación adecuada sobre el caso confirmado de tuberculosis y la posible propagación de la enfermedad. Los miembros de la comunidad firmaron una copia impresa a gran escala de la orden frente al Capitolio. También hay una versión en línea que permite a la gente sumarse a ella. En ella se afirma que personas recientemente liberadas del centro han informado de que hay personas que han dado positivo en la prueba cutánea de tuberculosis.
En diversas declaraciones a la prensa, el ICE sostiene que la persona infectada fue “tratada, dada de alta y expulsada del país” y que no hay otros casos en el centro de detención. GEO determinó que 61 personas estuvieron expuestas al caso original y fueron incluidas en una “cohorte de precaución”, según un informe de supervisión del mes pasado de la oficina del diputado Jason Crow.
El Estado “dejado al margen”
Jill Hunsaker Ryan, directora ejecutiva del CDPHE, escuchó a los oradores y habló con los asistentes a la concentración el lunes durante unos 15 minutos.
“Agradezco a los defensores”, dijo. “Agradezco lo que están haciendo hoy y entiendo por qué están preocupados”.
Ryan afirmó que el CDPHE solía mantener una relación «colegiada» con GEO y podía acceder a las instalaciones para inspeccionarlas y colaborar en el control de enfermedades. Esto cambió hace unos seis meses, cuando, según ella, la empresa comenzó a “excluir” al Estado.
“Hemos empezado por la vía de la comunicación. Solíamos trabajar juntos, así que pedimos a nuestros socios federales… que les instaran a volver a colaborar con nosotros. Si eso no funciona, no descartamos ninguna opción”, afirmó. “Es una situación sin precedentes que un contratista federal no responda a una orden de salud pública”.
El CDPHE fijó al 17 de julio el plazo para que GEO cumpliera la orden de salud pública del condado de Adam, pero esa fecha pasó sin consecuencias. Ryan señaló que una orden de salud pública emitida por el CDPHE tendría la misma autoridad, y no está segura de que obligara al cumplimiento. Sin embargo, contaría con el respaldo de la fiscalía general a la hora de hacerla cumplir.
Mientras hablaban con Ryan, los miembros de la comunidad le dijeron que el estado debería empezar a imponer multas a GEO, se preguntaron “dónde está el punto de ruptura” en este asunto y afirmaron que seguirán presionando al estado hasta que haya una orden de salud pública del CDPHE.
“Si no nos mantenemos firmes en esto, ¿qué va a hacer que nuestro gobierno actúe?”, dijo Andrea Loya, directora ejecutiva de Casa de Paz, que presta apoyo a personas recién liberadas del centro de detención de GEO. “Si (la tuberculosis) no es suficiente, ¿qué lo será?”
En un comunicado, la portavoz de Polis, Ally Sullivan, afirmó que la oficina del gobernador está “siguiendo de cerca la situación” y ha solicitado información a GEO en repetidas ocasiones. No respondió a la pregunta de si al Estado le preocupa la posibilidad de que se inicie un litigio en relación con una segunda orden de salud pública.
“El estado está barajando los próximos pasos, incluida la opción de una orden de salud pública en caso de que sea necesaria”, escribió. “GEO afirma que no hay ningún caso activo ni un brote en las instalaciones, y esperamos que eso sea cierto, pero carecemos de información fundamental para asegurarnos de que así sea. El estado seguirá evaluando el riesgo para la salud pública y está pidiendo a GEO que colabore con el Departamento de Salud del condado de Adams o con el CDPHE para resolver este asunto sin demora”.
Sara Wilson es periodista de Colorado Newsline. Este artículo se reproduce con permiso de Colorado Newsline bajo una licencia Creative Commons. Colorado Newsline forma parte de States Newsroom, la mayor organización de noticias sin ánimo de lucro del país centrada en los estados.
Traducido por Juan Carlos Uribe para The Weekly Issue/El Semanario.
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