Por Danielle Prokop

 

Los negociadores eliminaron la ampliación de un fondo para compensar a las personas perjudicadas por la radiación procedente de las pruebas de armas atómicas realizadas por el gobierno federal.

 

La disposición eliminada de la versión de compromiso del proyecto de ley de presupuesto de defensa nacional de 866.000 millones de dólares habría reconocido, por primera vez, a las comunidades de los alrededores de la cuenca de Tularosa, donde se lanzó la primera bomba atómica en la prueba de Trinity Site en 1945.

 

Se habría ampliado a otros lugares de todo el país que hasta ahora habían quedado excluidos de la cobertura de la Ley de Exposición a la Radiación y Compensación (RECA).

 

El Congreso retiró esa posibilidad por ahora y, sin una prórroga, el fondo RECA expira actualmente en julio de 2024.

 

Creo que es escandalosamente inmoral que el Congreso crea que el gobierno de EE.UU. puede perjudicar a los ciudadanos y básicamente eludir cualquier responsabilidad».
Tina Cordova, Consorcio Downwinders de la Cuenca de Tularosa

 

Los defensores que han luchado durante décadas por su reconocimiento calificaron la noticia de revés.

 

«Creo que es escandalosamente inmoral que el Congreso crea que el gobierno de EE.UU. puede perjudicar a los ciudadanos y básicamente eludir cualquier responsabilidad», dijo Tina Cordova, fundadora del Consorcio Downwinders de la cuenca de Tularosa.

 

Durante 13 años, Cordova y el grupo que representa a los habitantes del sur de Nuevo México y a sus descendientes, que han sufrido los efectos de la detonación en Trinity Site, han luchado por el reconocimiento del gobierno federal.

 

Dijo que la enmienda al proyecto de ley de defensa significaba que «estaban más cerca que nunca», pero que la coalición, con miembros en todo el oeste de EE.UU. y Guam, seguirá esforzándose por aprobar un nuevo proyecto de ley que les reconozca los daños causados por los programas atómicos estadounidenses.

 

«Llevamos demasiado tiempo en esta lucha como para rendirnos, y llegará un día en que veamos la victoria», dijo.

 

«Es un paso atrás, pero desde luego no es el final», dijo Susan Gordon, coordinadora de la Alianza Multicultural para un Medio Ambiente Seguro. El grupo representa a cinco organizaciones que abordan los impactos de la minería de uranio en el oeste de Nuevo México, Laguna Pueblo y la Nación Navajo.

 

Gordon afirmó que el mayor reconocimiento de la RECA y el apoyo adicional de los republicanos en el Senado hacen que tenga «esperanzas» de que pueda aprobarse una prórroga o ampliación en el futuro.

 

Es mucho lo que está en juego, ya que hay personas que enferman y mueren de enfermedades tras la exposición a la radiación, dijo Gordon.

 

«Esto es muy personal para nuestros miembros», dijo Gordon. «Tiene que aprobarse, tenemos que hacer justicia a los ciudadanos que trabajaron para apoyar el programa de armas nucleares de Estados Unidos».

 

El Senado aprobó en julio una versión de la Ley de Autorización de la Defensa Nacional con una enmienda RECA.

 

La enmienda, de 29 páginas, prorrogaba el fondo RECA otros 19 años.

 

– Además, las personas que viven en Arizona, Colorado, Idaho, Montana, Nuevo México, Utah y Guam tendrían derecho a recibir pagos a tanto alzado.

 

– Se ampliaría para cubrir a los mineros del uranio que trabajaron hasta 1990, en lugar de limitar la cobertura a las personas que trabajaron en 1971 y antes.

 

– Permitiría pagar a las personas y descendientes de partes del condado de St. Louis, contaminado con residuos nucleares del Proyecto Manhattan.

 

– Habría reconocido, después de 78 años, a las personas de Nuevo México expuestas a la radiación de la primera explosión nuclear en el emplazamiento de Trinity.

 

Un informe de octubre de la Oficina Presupuestaria del Congreso, no partidista, estimaba que las nuevas prestaciones para Misuri costarían 3.700 millones de dólares entre 2024 y 2033, mientras que la ampliación del estado de Downwinder y la extracción de uranio costarían 143.400 millones de dólares en el mismo periodo.

 

Como el proyecto de ley era diferente de la versión aprobada por la Cámara, requirió un comité de conferencia.

 

Ese grupo se reunió para negociar a partir de noviembre y dio a conocer la legislación de compromiso completa para la Ley de Autorización de la Defensa Nacional, el 6 de diciembre.

 

Los senadores que añadieron la enmienda dijeron que habían fracasado y que se sentían traicionados.

 

El senador Ben Ray Luján, que presentó múltiples proyectos de ley para ampliar la RECA en los últimos años, culpó al liderazgo republicano en la Cámara.

 

«A pesar del apoyo bipartidista, el liderazgo republicano bloqueó la inclusión de esta disposición crítica en la NDAA», escribió Luján en un comunicado el 7 de diciembre. «Al hacerlo, no hicieron lo correcto por las personas a las que el gobierno perjudicó».

 

Luján concluyó diciendo que «nuestro apoyo sólo ha crecido, y la lucha no termina aquí.»

 

La diputada Teresa Leger Fernández, que presentó una legislación idéntica en la Cámara, calificó la omisión de «absolutamente indignante».

 

«Los trabajadores del uranio sufren enfermedades debilitantes y mortales relacionadas con la construcción y las pruebas de bombas nucleares», escribió Leger Fernández en un comunicado. «Nuestra coalición bipartidista no se dará por vencida – vamos a luchar para aprobar RECA y asegurar la justicia para nuestras queridas comunidades de Nuevo México que, sin saberlo, sacrificaron tanto por la seguridad de nuestra nación.»

 

El senador Josh Hawley, republicano de Missouri, que se unió a Luján y al senador Mike Crapo (R-Idaho) en el impulso de RECA, lo calificó de «gran traición» en un post en las redes sociales, y dijo que no votaría a favor de la legislación de compromiso.

 

La legislación conciliada aún se enfrenta a una votación final en ambas cámaras.

 

 

Daniella Prokop es Reporter de Source New Mexico. Este artículo  ha sido publicado por Source New Mexico bajo una licencia Creative Commons.

 

Traducido por Juan Carlos Uribe, The Weekly Issue/El Semanario.