Por Suzie Glassman
El distrito escolar del condado de Douglas, la oficina del alguacil local y tres oficiales asignados a la escuela acordaron la semana pasada resolver una demanda presentada contra ellos por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Colorado por su manejo de un estudiante de 11 años con autismo el 29 de agosto de 2019 en la Escuela Intermedia Sagewood.
Después de que un compañero escribiera con rotuladores sobre el alumno, identificado como A.V., este se enfadó y pinchó al compañero con un lápiz. El estudiante estaba en proceso de calmarse con el psicólogo de la escuela cuando los oficiales lo detuvieron.
Los agentes, que suelen denominarse agentes de recursos escolares, lo metieron en un coche patrulla durante horas mientras se golpeaba la cabeza. En lugar de buscar atención médica, los agentes lo llevaron a un centro de detención de menores, donde más tarde se permitió a sus padres pagar una fianza de 25.000 dólares.
El condado de Douglas tenía un preocupante historial de someter a restricciones y reclusión a niños con discapacidades y niños de color de forma desproporcionada».
ACLU Colorado
Después de que ninguno de los agentes implicados fuera sancionado por la forma en que trataron al niño, la ACLU presentó una demanda el 21 de marzo de 2021, en nombre de los padres de A.V.. La demanda alegaba que el distrito escolar del condado de Douglas y el sheriff del condado de Douglas no habían formado adecuadamente a los agentes. El distrito contrata al sheriff para que coloque agentes de la ley en sus escuelas.
Según la demanda, «las políticas del sheriff establecen que todos los agentes están formados en el reconocimiento de la salud mental y los trastornos relacionados, incluido el autismo, y formados en técnicas de desescalada. Pero en realidad, los SRO reciben poca o ninguna formación sobre cómo interactuar con estudiantes con discapacidades, cómo acercarse a dichos estudiantes, cómo desescalar a dichos estudiantes, cómo mantener a estos estudiantes seguros o cuándo buscar atención médica para dichos estudiantes.»
Los SRO eran Sydney Nicholson, Lyle Peterson y Daniel Coyle.
Tras más de dos años en los tribunales, la ACLU anunció el 22 de noviembre que todas las partes citadas en la demanda habían aceptado una oferta de acuerdo.
«De conformidad con el acuerdo, los demandados han acordado exigir una formación avanzada para cualquier SRO asignados al Distrito Escolar del Condado de Douglas, para incluir la formación creada por la comunidad de derechos de los discapacitados que mejorará las interacciones entre las fuerzas del orden y los estudiantes con discapacidad», dijo la ACLU.
«Los demandados también se asegurarán de que todos los SRO revisen los Planes de Mejora del Comportamiento (un plan de mejora por escrito para ayudar a los estudiantes que luchan con problemas de comportamiento en clase) específicos para cada estudiante y cumplan con esos planes cuando interactúen con el estudiante. Los importantes requisitos de información también garantizarán que los SRO cumplan con las técnicas de desescalada coherentes con los planes de los estudiantes», declaró la ACLU.
Según un comunicado de prensa de la ACLU, «el condado de Douglas tiene un historial preocupante de sometimiento desproporcionado de niños con discapacidades y niños de color a medidas de restricción y reclusión. En este caso, los SRO demostraron una falta de formación cuando se acercaron a este estudiante de una manera amenazante que intensificó la situación. Esperamos que estas nuevas políticas garanticen la protección de los derechos de los alumnos.»
El distrito escolar y la oficina del sheriff emitieron una declaración conjunta diciendo que es raro que un oficial de recursos escolares espose a un estudiante. Reconocieron que el incidente de 2019 ocurrió, pero afirmaron que los agentes implicados negaron haber cometido ningún delito.
Sin embargo, el distrito escolar, la oficina del alguacil y los oficiales aceptaron la oferta de acuerdo. Según la declaración, a partir de este año
Cualquier SRO asignado a una escuela DCSD debe completar la formación sobre la interacción con las personas con discapacidad, que ha sido diseñado específicamente para la aplicación de la ley.
Los SROs tendrán acceso a los Planes de Intervención de Comportamiento (BIPs) de los estudiantes de acuerdo con la Ley Federal de Derechos Educativos de la Familia y Privacidad, y los SROs harán esfuerzos razonables para cumplir con dichos planes cuando interactúen con los estudiantes. Esto incluye el requisito de que los SRO revisen específicamente, en forma anual, cualquier BIP para estudiantes con un Programa de Educación Individualizado (IEP) que hayan demostrado previamente un comportamiento que represente un riesgo de seguridad para sí mismos o para otros.
Los administradores escolares y el personal de salud mental con licencia recibirán capacitación anual con respecto a las funciones y responsabilidades de los SRO, incluyendo que: (i) los SROs no son responsables de las solicitudes para resolver asuntos de disciplina de rutina que involucran a los estudiantes; (ii) cuando sea práctico, el personal de DCSD debe ponerse en contacto con los administradores del edificio escolar para tomar una determinación en cuanto a si se debe llamar a los SROs con respecto a un estudiante desregulado que tiene un IEP; y (iii) para los incidentes que involucran a un estudiante con un IEP que está desregulado, los administradores del edificio escolar sólo deben solicitar la asistencia de la aplicación de la ley SRO después de hacer esfuerzos razonables para cumplir con cualquier técnica de desescalada descrita en el BIP del estudiante; y
Los SROs ejercerán la fuerza consistente con la ley y la política de DCSO, y la restricción y reclusión de los estudiantes por los SROs debe evitarse en la mayor medida posible sin poner en peligro la seguridad de los estudiantes y el personal.
SROs también hará esfuerzos razonables para conformarse con técnicas de la de-escalada descritas en el BIP de un estudiante, si cualquiera, antes de emplear la restricción o el aislamiento contra un estudiante.
«El conflicto del estudiante nunca se debe manejar como materia criminal,» dijo Deborah Richardson, director ejecutivo de ACLU de Colorado. «Con estas políticas revisadas, podemos asegurar que todos los estudiantes, especialmente aquellos que necesitan adaptaciones específicas, se sientan seguros en la escuela».
Suzie Glassman es una escritora y reportera independiente que cubre temas de educación y política. Este artículo es republicado de Colorado Newsline bajo una licencia Creative Commons.
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