Por Mica Rosenberg, Mario Ariza, McKenzie Funk, Jeff Ernsthausen and Gabriel Sandoval

Posted November 27, 2025

 

 

Era viernes 6 de junio y tenían que pagar el alquiler. En cuanto terminara un mandado, Imelda Carreto planeaba reunirse con su familia, que juntaba chatarra para ganar un poco de dinero extra. Su prometido, Julio Matias, y su sobrino de 15 años, Carlos, habían salido temprano con un remolque enganchado a su destartalada camioneta gris.

 

Poco después de las 8 de la mañana, el teléfono de Carreto sonó. Era Carlos, diciéndole que un policía de la Patrulla de Carreteras de Florida los había detenido en la camioneta en la Interestatal 4, cerca de Tampa. La razón oficial: el parabrisas estrellado. Carreto se preocupó. Sabía que la policía de Florida estaba colaborando con las autoridades federales de inmigración. Su prometido era indocumentado. Dice que corrió al lugar y llegó justo antes que los agentes migratorios.

 

Tal como lo temía, Matias había sido detenido. Y para su sorpresa, Carlos también. Aunque solo era un niño. (ProPublica únicamente identifica a Carlos por su nombre de pila porque es menor de edad). Carlos estaba en la preparatoria. Llevaba más de dos años viviendo en Estados Unidos y estaba haciendo los trámites para solicitar un estatus legal que le permitiera quedarse a largo plazo.

 

Si van a ir tras esos niños que tienen protecciones y dicen que les importan, pero luego los tratan así, eso muestra que nadie está a seguro”.
Jen Smyers, Oficina de Reasentamiento de Refugiados

 

Carreto no llevaba ninguna prueba de que tenía la custodia del chico. La había dejado en otro auto por las prisas. Recuerda que los oficiales le dijeron que posiblemente le entregarían a su sobrino cuando presentara los documentos apropiados. Antes de que se lo llevaran, Carlos empezó a llorar. Carreto le dijo: “No llores. Yo no sé cómo le vamos a hacer, hijo, pero te voy a recuperar”.

 

Un parabrisas estrellado, un oficial esperando, un documento olvidado: las nuevas separaciones familiares comienzan a menudo de las formas más mundanas.

 

Siete años atrás, durante la primera administración del presidente Donald Trump, los niños eran separados de sus familias al momento de cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Bajo una política de “cero tolerancia” ante el cruce indocumentado, los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) detenían a los adultos, mientras los niños eran enviados al sistema federal de albergues. El objetivo: disuadir a otras familias de intentar lo mismo. Pero, ante la indignación generalizada y una demanda judicial, la administración puso fin a la medida.

 

Hoy, las separaciones familiares están de regreso, solo que ahora ocurren en todo el país. La demanda judicial contra la política de cero tolerancia dio lugar a un acuerdo en 2023 que limita las separaciones en la frontera, pero no aborda las que se producen al interior del país tras los encuentros con agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Los defensores temen que la actual administración esté llevando a cabo estas nuevas separaciones por las mismas razones que antes: disuadir la llegada de nuevos inmigrantes y aterrorizar a los que ya están aquí para que se marchen.

 

Desde inicios de este año, ICE ha enviado a aproximadamente 600 niños inmigrantes a albergues federales, según datos oficiales. Esa cifra, que hasta ahora no había sido reportada, ya supera el total acumulado de los cuatro años anteriores. Y es el número más alto desde que se comenzó a llevar el registro hace una década.

 

ProPublica recopiló información adicional sobre unos 400 niños enviados a albergues mediante el análisis de registros estatales, federales y docenas de entrevistas realizadas con funcionarios de gobierno actuales y anteriores, defensores, abogados y familias inmigrantes.

 

Alrededor de 160 de los casos que documentamos involucraban cuestiones de bienestar infantil, algo que, según funcionarios actuales y anteriores, es típico en niños que ICE ha enviado a albergues en el pasado.

 

Pero en la mayoría de los casos que examinamos, los niños terminaron en albergues de maneras que, de acuerdo con funcionarios de gobierno, nunca habrían ocurrido antes: después de audiencias o citas rutinarias en las cortes de inmigración; o estar en una casa o un negocio cuando las autoridades migratorias llegaron a arrestar a alguien más.

 

En Carolina del Sur, una familia colombiana de cinco integrantes acudió a una cita de huellas dactilares en una oficina de gobierno, solo para que esta terminara en la detención de los padres y el envío de sus hijos —5, 11 y 15 años— al sistema de albergues durante cuatro meses. En el sur de Florida, un adolescente guatemalteco de 17 años fue puesto bajo custodia tras una parada de tráfico porque los policías no pudieron comunicarse con su padre, y su padre es sordo. En Maryland, un adolecente mexicano de 17 años terminó en un albergue después de dar una vuelta equivocada y entrar a una propiedad militar.

 

En aproximadamente 150 casos, las autoridades pusieron a los niños bajo custodia federal a raíz de paradas de tránsito. La tendencia predomina de manera particular en estados como Florida, donde miles de policías locales y estatales, incluida la Patrulla de Carreteras, han sido autorizados para hacer cumplir las leyes de inmigración.

 

“Lo que está pasando con los niños ahora es como (si existieran) muchas pequeñas (políticas de) cero tolerancia”, dijo Marion “Mickey” Donovan-Kaloust, directora de servicios legales del Immigrant Defenders Law Center, con sede en Los Ángeles. Esto y otros cambios que afectan a los niños inmigrantes “están sumando un gran trauma”.

 

La mayoría de los casos que encontramos son de adolescentes que han vivido por años en Estados Unidos, lo que puede implicar una separación no solo de sus familias, sino también de sus escuelas, médicos y rutinas diarias.

 

Una vez que los niños están en albergues, el gobierno está haciendo cada vez más difícil que sus familiares u otros adultos, que pueden ser patrocinadores, los recuperen. La estadía promedio se ha extendido a casi seis meses, frente a un mes durante la presidencia de Joe Biden, según los datos públicos.

 

La vocera de la Casa Blanca, Abigail Jackson, dijo en una declaración escrita que la administración Biden entregaba a los niños inmigrantes demasiado rápido con sus patrocinadores y sin una verificación apropiada, a veces en situaciones riesgosas. “La administración Trump está asegurándose de que los menores no acompañados no sean víctimas de las mismas condiciones inseguras”, añadió Jackson.

 

La vocera del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, dijo que ICE “no separa familias”, sino que ofrece a los padres la opción de que sus hijos sean deportados junto con ellos o de quedarse bajo el cuidado de otro adulto seguro, conforme a la práctica habitual.

 

Consultada sobre la detención de Carlos en Florida, McLaughlin dijo que las paradas de tráfico por parte de policías entrenados para colaborar con ICE han prevenido el abuso de niños inmigrantes y “han resultado en arrestos de traficantes de personas, abusadores y otros criminales”.

 

ProPublica no encontró evidencia de que Carreto o Matias, su prometido, hayan sido acusados o condenados por delitos graves. Carreto se declaró culpable en dos ocasiones por conducir sin licencia y recibió una multa por exceso de velocidad. En 2011, Matias se declaró culpable por una infracción relacionada con las luces traseras. Actualmente enfrenta un caso pendiente por conducir sin licencia, derivado de la parada de tráfico con Carlos, y ha sido retornado a Guatemala.

 

Una red de albergues puesta de cabeza  

 

Lo que está pasando ahora no es para lo que se creó el sistema.

 

La Oficina de Reasentamiento de Refugiados, dependiente del Departamento de Salud y Servicios Humanos, administra la red nacional de aproximadamente 170 albergues federales para menores migrantes que cruzan la frontera solos. La oficina tiene la tarea de albergar temporalmente a estos niños vulnerables en el entorno menos restrictivo posible hasta que puedan ser liberados con un patrocinador en Estados Unidos. Por lo general, eso significa colocar a los niños con el padre, la madre, o con algún otro familiar. La oficina identifica y evalúa a los patrocinadores, y está obligada a entregar a los niños sin demora. Una vez fuera, los niños pueden solicitar permanecer aquí de manera permanente.

 

Bajo el mandato de Biden, cuando los cruces fronterizos alcanzaron máximos históricos, cerca de 470,000 niños fueron entregados a patrocinadores, después de pasar por el sistema de albergues. Los republicanos dijeron que las liberaciones incentivaban a los traficantes a ponerlos en peligro en el largo viaje hacia el norte y alentaban a los padres a enviar a sus hijos solos a través de la frontera.

 

La Casa Blanca calificó de “pésimo” el proceso de verificación de patrocinadores de la administración anterior, y afirmó que muchos registros relacionados con menores entregados bajo Biden “eran fraudulentos o nunca existieron”.

 

Funcionarios del gobierno de Biden niegan estas acusaciones. Pero algunos niños, en efecto, terminaron trabajando en empleos peligrosos.

 

La administración Trump puso a ex funcionarios de ICE al frente de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados y ha convertido en prioridad la localización de niños liberados en los años anteriores. Para facilitar el esfuerzo, ICE planea abrir un centro nacional de llamadas de 24 horas que ayude a las autoridades locales y estatales a encontrarlos. El gobierno afirma que personalmente ya verificó la situación de más de 24,400 niños, y citó más de una docena de ejemplos en las que patrocinadores y menores inmigrantes han sido arrestados por delitos que incluyen asesinato, narcotráfico, violación y agresión. Uno de los casos que destacó la Casa Blanca es el de una niña guatemalteca de 15 años que, según el gobierno, en 2023 quedó bajo la custodia de un hombre que mintió diciendo que era su hermano y presuntamente terminó abusando sexualmente de ella.

 

Bajo el mandato de Trump, el gobierno ha introducido nuevos requisitos de verificación, que incluyen pruebas de ADN ampliadas, toma de huellas dactilares para todas las personas en el hogar del patrocinador y un escrutinio más estricto de las finanzas familiares.

 

En respuesta a las preguntas de ProPublica, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados dijo que por ley está obligada a cuidar a todos los niños no acompañados que llegan a sus puertas y defendió el nuevo proceso de verificación. “Los requisitos de patrocinio mejorados de esta administración ayudan a mantener a los niños extranjeros no acompañados a salvo de traficantes y a otras personas malas y peligrosas”, dijo un vocero.

 

Puesto que ahora tantos niños están siendo enviados a los albergues de maneras que antes no ocurrían, abogados y defensores temen que los esfuerzos tengan otra motivación: apuntar y deportar a más menores inmigrantes y a sus familias. También dicen que los nuevos requisitos están generando tanto miedo que algunos familiares indocumentados dudan en presentarse como patrocinadores.

 

Alrededor de la mitad de los niños que ICE envió al sistema de albergues este año ya habían estado antes ahí. Cuando llegaron hace años, después de cruzar la frontera solos, fueron liberados lo más pronto posible. Pero esta vez, de vuelta al sistema, languidecen.

 

“Creo que están utilizando a una población claramente vulnerable, que genera empatía, de un modo que envía un mensaje poderoso literalmente a todas las demás poblaciones”, dijo Jen Smyers, ex funcionaria de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados durante la administración Biden. “Si van a ir tras esos niños que tienen protecciones y dicen que les importan, pero luego los tratan así, eso muestra que nadie está a seguro”.

 

Este mes, abogados que demandan al gobierno por su trato a los niños en el sistema de albergues recuperaron un documento gubernamental que se entrega a los menores no acompañados cuando cruzan la frontera. En este les advierten que si no eligen irse del país en un plazo de 72 horas, “serán puestos bajo custodia del gobierno de Estados Unidos, por un prolongado periodo de tiempo”. El documento también señala que si la persona que busca patrocinar a los menores es indocumentada, estará “sujeta a un arresto y deportación”, o será sancionada penalmente por “ayudar a su entrada ilegal”.

 

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza dijo a ProPublica que el documento se utiliza para asegurar que los niños inmigrantes “entiendan sus derechos y opciones”.

 

Ya se han dado casos de posibles patrocinadores que se han presentado en oficinas de gobierno para entrevistas en persona y han sido detenidos por estar en el país de manera irregular, dijo Marie Silver, abogada gerente del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (NIJC), en Chicago.

 

“Están usando a los niños como carnada, y luego los niños quedan atrapados”, dijo Silver. “De esta manera están creando niños no acompañados”.

 

Separaciones en el estado del sol

 

En Florida, encontramos dos docenas de niños arrestados en paradas de tráfico que luego pasaron semanas o meses en albergues federales. Algunos siguen allí.

 

El gobernador Ron DeSantis y la mayoría republicana del estado han dedicado años al diseño de políticas que permiten a los policías locales operar sin problemas como agentes federales de inmigración. Su objetivo es ser un modelo de cómo los estados pueden ayudar a la administración Trump a “recuperar la soberanía de Estados Unidos”.

 

A lo largo de Florida, cerca de 5,000 agentes —incluso los de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre del estado— tienen facultades para detener a personas por su estatus migratorio y llamar a las autoridades federales para que vengan a recogerlas. ProPublica obtuvo datos estatales que revelan que la policía de Florida ha arrestado a por lo menos 47 niños bajo cargos federales de inmigración desde finales de abril, con la Patrulla de Carreteras de Florida en el puntero.

 

En casos como el de Carlos, los niños fueron enviados a un albergue federal a pesar de tener un padre o un tutor legal que se encargaba de ellos. Cinco funcionarios federales, actuales y anteriores, dijeron que esto podría constituir una violación de la propia política de ICE. La norma establece que los agentes deben permitir que los cuidadores principales, como Carreto, se los lleven a casa o encuentren un lugar seguro a dónde enviarlos. (No exige de manera clara que los cuidadores presenten algún tipo de documentación). Si no pueden encontrar un lugar seguro, o si hay indicios de que el niño está en peligro, se supone que los oficiales deben notificar a las autoridades locales o a los funcionarios de bienestar infantil, y esperar a que estos lleguen.

 

Florida tiene sus propias leyes que regulan cómo los oficiales estatales y locales deben interactuar con los niños. Si encuentran a un menor solo o en peligro, la policía estatal debe llamar a una línea directa operada por el Departamento de Niños y Familias de Florida. Se supone que la llamada debe activar un proceso en el que los jueces estatales revisan cualquier decisión de colocar a un niño bajo el cuidado de alguien que no sea su familia en un plazo de 24 horas.

 

No está claro si los agentes de Florida están llamando a la línea directa cuando se encuentran con niños migrantes. Pero sí está claro que este año han llamado con frecuencia a ICE.

 

La policía estatal contactó directamente a los funcionarios de inmigración en el caso de Carlos, según muestran los registros de Florida. Carlos quedó bajo custodia federal sin haber tenido una audiencia estatal de protección a menores, que determinara si debía ser enviado a un albergue, según su abogado, y dijo que eso mismo ha pasado con otros tres de sus clientes tras paradas de tráfico.

 

El representante estatal Lawrence McClure, el republicano que presentó la legislación en enero que reforzó la cooperación de Florida con ICE, prometió durante el debate del proyecto de ley que nada cambiaría respecto a cómo el estado trataba a los niños inmigrantes. McClure no respondió directamente a las preguntas de ProPublica sobre la transferencia de niños a ICE.

 

Los límites entre las políticas estatales y federales “se están difuminando” de una manera “sin precedentes”, dijo Bernard Perlmutter, codirector de la Clínica de Derecho de Niños y Jóvenes de la Universidad de Miami.

 

La colaboración con la policía local en Florida y otros lugares se produce mientras ICE trabaja cada vez más con otras agencias federales que pueden tener sus propias políticas para manejar encuentros con niños.

 

En respuesta a un detallado cuestionario de ProPublica, el secretario de prensa de DeSantis envió por correo electrónico una lista de más de una docena de enlaces de la plataforma de video Rumble, en los que el gobernador habla sobre la aplicación de las leyes de inmigración. Y escribió: “El gobernador DeSantis ha hecho de la aplicación de las leyes de inmigración una prioridad para mantener seguras a las comunidades de Florida”.

 

Otros funcionarios estatales, incluidos los de la Patrulla de Carreteras y el Departamento de Niños y Familias, no respondieron o rechazaron nuestras solicitudes de comentarios sobre la alianza entre el estado de Florida con ICE y el impacto en los niños migrantes.

 

La cooperación de Florida con las autoridades federales fue lo que llevó a Carlos al sistema federal de albergues en junio, su segunda vez allí.

 

En diciembre de 2022, Carlos, entonces de 13 años, llegó a Estados Unidos desde Guatemala, donde su madre, jefa de familia, lo obligaba a trabajar o a pedir dinero, según registros judiciales. Pensó que estaría mejor en Estados Unidos con su tía, la hermana de su mamá, de acuerdo con los documentos proporcionados por su abogado. Hizo el viaje sin sus padres, dicen los documentos.

 

Después de cruzar cerca de la ciudad de Donna, Texas, lo detuvieron agentes fronterizos y pasó tres semanas en un albergue federal antes de ser liberado con su tía. Carreto dijo que no tenía idea de que Carlos estuviera haciendo el viaje hasta que recibió una llamada de las autoridades de inmigración a las 2 de la madrugada. Acogió al niño como parte de su extensa familia guatemalteca-estadounidense e insistió en que fuera a la escuela.

 

Dos años y medio después de su llegada con Carreto, vino la parada de tráfico.

 

Primero Carlos fue llevado al otro extremo del estado de Florida, al Centro de Transición de Broward, un centro privado con fines de lucro operado por Geo Group, un contratista de ICE. Luego fue transferido, más tarde ese mismo día, a un albergue de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados en Tampa, administrado por Urban Strategies, otro contratista del gobierno, muestran los registros. GEO Group declinó hacer comentarios y remitió a ProPublica a ICE. Lisa Cummins, presidenta de Urban Strategies, escribió en un correo electrónico: “Seguimos profundamente comprometidos con el cuidado y el bienestar de los niños a los que servimos”.

 

Carreto se embarcó en semanas de llamadas telefónicas confusas y papeleo para recuperar a su sobrino. Tuvo que enviar una solicitud de 10 páginas. Entregó información de sus finanzas, las finanzas de su hijo adulto y de su historial sin antecedentes penales. Presentó muestras de su ADN. Mandó fotos de los detectores de humo de su casa.

 

Poco después que Carlos fuera detenido, dijo Carreto, agentes de inmigración hicieron una visita a su casa sin previo aviso. Su hijo Ereson, de 18 años, dice que los agentes federales entraron a la propiedad sin permiso y preguntaron si vivía ahí algún inmigrante. La visita asustó a la familia.

 

Al final, las hijas de Carreto lograron localizar con exactitud dónde estaba Carlos pidiéndole por teléfono que nombrara puntos de referencia que pudiera ver, luego ellas los buscaron en Google. En videollamadas a casa, Carreto dijo que Carlos estaba muy triste. Dijo que a veces se saltaba las comidas. “¿Por qué me tienen aquí?”, recuerda ella que preguntó. “Yo no hice nada malo”.

 

Carreto visitó las oficinas de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Tampa junto con tres de sus hijos. Dijo que los agentes le preguntaron cuánto había pagado para que contrabandearan a Carlos a través de la frontera y cuánto por intentar sacarlo de detención. Según relató, la amenazaron con presentar cargos federales en su contra si no decía la verdad.

 

“Les dije que nadie me está pagando”, dijo. “Lo hago porque él es mi sobrino, es como si fuera mi hijo”.

 

Carlos fue liberado después de dos meses y medio.

 

Fue uno de los afortunados: su tía era residente legal y era quien tenía su custodia, y la familia tenía recursos y la determinación para luchar por él.

 

Este año, el gobierno ha tomado medidas para recortar los servicios legales para los niños y ha ofrecido dinero en efectivo a los niños que renuncien a sus casos y regresen a casa. (La Oficina de Reasentamiento de Refugiados declaró a ProPublica que cumple plenamente con la orden judicial que exige que los menores cuenten con defensa legal). Abogados que representan a los niños dicen haber observado un aumento en los casos de autolesiones y problemas de conducta a medida que los menores pierden la esperanza de ser liberados.

 

De los niños que ProPublica obtuvo información, unos 160 continuaban atrapados en albergues federales hasta el mes pasado. Cerca de 100 habían recibido una órden de deportación o habían firmado documentos en los que aceptaban abandonar el país.

 

Mica Rosenberg Mica Rosenberg es periodista de investigación de ProPublica. Mario Ariza es reportero de ProPublica. McKenzie Funk es reportera de Propublica. Jeff Ernsthausen es reportero sénior de datos de Propublica. Gabriel Sandoval es reportero de investigación con sede en Phoenix, Arizona. Pratheek Rebala contribuyó con la investigación. Traducción de Wendy Selene Pérez. Esta historia fue publicada originalmente por ProPublica.