Posted September 24, 2026

 

GreenLatinos y la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Colorado presentaron el 22 de septiembre, una demanda ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Colorado, impugnando la decisión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos y del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de abrir y operar las instalaciones de Big Horn en Hudson, Colorado, como centro de detención sin haber realizado previamente la evaluación ambiental requerida por la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA, por sus siglas en inglés).

 

Ninguna comunidad debe ser tratada como prescindible para expandir el sistema de detención de ICE”.
Mark Magaña, GreenLatinos

 

Según la denuncia, el antiguo centro penitenciario de Hudson ha estado vacío desde aproximadamente 2013. GEO Group informó en su comunicado de agosto que firmó un contrato de cinco años con ICE para reabrir las instalaciones como centro federal de detención de inmigrantes.

 

“Ninguna comunidad debe ser tratada como prescindible para expandir el sistema de detención de ICE”, declaró Mark Magaña, presidente fundador y director ejecutivo de GreenLatinos. “Nuestro compromiso con la justicia ambiental se extiende a las personas que viven cerca de este centro, así como a quienes serían confinados en él. Nos oponemos a cualquier expansión que amenace la salud y la dignidad humana de los detenidos, así como la protección ambiental básica de la comunidad circundante”.

 

GEO Group publicó decenas de ofertas de empleo y siguió adelante con sus planes para reabrir el centro, ignorando las regulaciones federales. “Los centros de detención de inmigrantes perjudican la salud y el bienestar de comunidades enteras”, declaró Gladis Ibarra, codirectora ejecutiva de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Colorado. “El impacto lo sufren no solo quienes están detenidos en condiciones deplorables e inhumanas, sino también las familias, los vecinos y los miembros de la comunidad que viven en el mismo código postal y deben afrontar las consecuencias ambientales de tener un centro de detención en su comunidad.”

 

Hudson se encuentra dentro de la región metropolitana de Denver/North Front Range, que no cumple con los estándares federales de ozono. La denuncia alega que los equipos de la instalación, el transporte de detenidos, los desplazamientos del personal y las entregas de suministros generarían emisiones que contribuyen a la formación de ozono y contaminarían aún más la región.

 

La denuncia también plantea inquietudes sobre el aumento de la demanda en los sistemas de suministro de agua y tratamiento de aguas residuales de Hudson. Cita una acción coercitiva previa de la EPA relacionada con descargas de aguas residuales del mismo centro penitenciario y documentos de planificación urbana que identifican la capacidad de tratamiento y las necesidades de pretratamiento industrial. Según la denuncia, la demanda de agua del centro también incrementaría el uso de agua importada del río Colorado a través del Proyecto Colorado-Big Thompson.

 

El tráfico generado por las operaciones de la planta podría aumentar el ruido y generar problemas de seguridad vial y de respuesta ante emergencias. La denuncia también señala los posibles efectos sobre la fauna silvestre derivados de la contaminación del aire y del agua, el tráfico vehicular y la iluminación nocturna de seguridad.

 

“La NEPA exige que las agencias federales revisen los efectos ambientales de las acciones contempladas antes de proceder”, declaró Jessica Herrera, abogada interna de GreenLatinos. “Nuestra demanda alega que ICE no preparó ni una evaluación ambiental ni una declaración de impacto ambiental para las instalaciones de Big Horn y no invocó una exclusión categórica válida. Solicitamos una declaración judicial y una orden judicial para detener las actividades previas a la construcción y la construcción en Big Horn, e impedir que las instalaciones operen a menos que ICE cumpla con la NEPA”.

 

La denuncia destaca que proceder sin una evaluación ambiental privó a los residentes y a los funcionarios locales de información sobre los impactos previstos del proyecto y de oportunidades para participar en la toma de decisiones federales.