Es dolorosamente evidente que el gobierno de Trump quiere cambiar el tema a cualquier otra cosa que referirse a su humillante derrota con la reforma de salud. Por supuesto, regresa a su mismo y gastado antiinmigrante manual. Jeff Sessions no dijo nada nuevo este semana, pero está tratando de desviar la narrativa de los medios hacia lo que más favorece al gobierno de republicanos: echar la culpa y difamar a los inmigrantes.
Las represalias contra funcionarios estatales y locales por parte de agentes del gobierno de Trump –ya sea DOJ o ICE– colocan a la política por encima de la seguridad pública y del control local.
El hecho de que el Departamento de Justicia quiera quitar dinero de la seguridad pública de ciertas jurisdicciones muestra que el objetivo aquí no es proteger a la gente, sino que se trata de una argucia política. Lo mismo ocurrió durante la Parte 1 y la Parte 2 del veto a refugiados y musulmanes.
Las comunidades se rehúsan a participar con la Fuerza de Deportación de Trump por una buena razón: porque se enfocan en resolver la delincuencia y proteger a todos los residentes. Las llamadas jurisdicciones ‘santuario’ tienen tasas más bajas de delincuencia que otras, en buena medida debido a la confianza entre las fuerzas de seguridad locales y toda la comunidad.
Las represalias contra funcionarios estatales y locales por parte de agentes del gobierno de Trump –ya sea DOJ o ICE– colocan a la política por encima de la seguridad pública y del control local. Se puede esperar que este tipo de tácticas sean empleadas en un estado autoritario con débiles instituciones democráticas, pero no en Estados Unidos de América.
Lynn Tramonte, subdirectora de America’s Voice Education Fund.
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