Grupos de trabajadores agrícolas representados por Earthjustice y Farmworker Justice demandaron la semana pasada a la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA por sus siglas en inglés) por soterrar nuevos materiales de capacitación sobre pesticidas. Los trabajadores del campo dependen de estos materiales para prevenir envenenamientos y protegerse a si mismos y a sus familias.
La EPA reconoce que los materiales de capacitación actualizados han estado listos por más de un año, pero se niega a emitir un aviso en el Registro Federal que anuncie su disponibilidad. Si lo hace, la capacitación mejorada será obligatoria para la industria. Los materiales de capacitación sobre pesticidas actualizados y mejorados para los trabajadores agrícolas son obligatorios según el Estándar para la Protección del Trabajador 2015 (WPS por sus siglas en inglés), el conjunto de medidas federales para prevenir el envenenamiento por pesticidas.
Los fiscales de Nueva York, Maryland y California presentaron una demanda similar también en 30 de mayo.
“La EPA se niega a dar aviso oficial de que hay materiales actualizados disponibles”, dijo la abogada de Earthjustice, Hannah Chang. “Esto debería ser una obviedad. Pero debido a la negativa de la EPA, miles de trabajadores agrícolas no recibirán la capacitación que necesitan para conocer sus derechos en el lugar de trabajo y protegerse a sí mismos y a sus familias de envenenamientos”.
Médicos diagnostican miles de intoxicaciones al año entre los trabajadores agrícolas. Los costos de la intoxicación para la salud afectan de manera abrumadora a las comunidades rurales de color. Según los propios hallazgos del gobierno, los beneficios de las WPS superan los $64 millones cada año en costos de salud evitados.
“La EPA está retrasando ilegalmente la información que los trabajadores agrícolas necesitan para estar seguros”, dijo Virginia Ruiz, directora de salud ocupacional y ambiental en Farmworker Justice. “Los trabajadores agrícolas deberían recibir información completa sobre cómo ellos y sus familias pueden evitar lesiones causadas por los pesticidas y sobre su derecho a un lugar de trabajo seguro”.
“La EPA sabe que los trabajadores agrícolas y sus familias corren el riesgo de una exposición peligrosa a los pesticidas día tras día. Sin embargo, se niega a proporcionar información y capacitación para salvar la vida de los trabajadores que manejan los pesticidas más tóxicos”, dijo Richard Witt, director ejecutivo del Ministerio Rural y Migrante. “Esto es escandaloso e inmoral”.
“Las mujeres trabajadoras agrícolas sufren graves consecuencias de salud reproductiva, junto con otros problemas de salud que los trabajadores y miembros de la comunidad enfrentan, debido a la exposición a pesticidas. El riesgo de consecuencias se agrava cuando los pesticides se aplican incorrectamente”, dijo Mónica Ramirez, presidenta de Alianza Nacional de Campesinas.
“La misión de la EPA es proteger la salud pública”, dijo Lewis Papenfuse, director ejecutivo del Worker Justice Center de Nueva York. “Es simplemente imperdonable mantener los entrenamientos de plaguicidas actualizados lejos de los trabajadores agrícolas, especialmente porque los materiales están listos para su uso. Los trabajadores agrícolas tienen todo el derecho de saber cómo protegerse de los plaguicidas mientras crecen y recolectan los alimentos que todos consumimos”.
“Los trabajadores agrícolas han esperado demasiado para que se implementen las disposiciones de la Norma de Protección al Trabajador. La capacitación es una forma importante de reducir la exposición a sustancias tóxicas peligrosas”, dijo Ramón Ramírez, presidente de Pineros y Campesinos Unidos del Noroeste. “La expectativa de vida de los trabajadores agrícolas es de 49 años de edad en comparación con 78 para la población en general. Esta importante disposición debe implementarse tan pronto como sea posible para reducir los riesgos para la salud”.
Esta es una de las más de 85 demandas que Earthjustice ha presentado en contra de la Administración Trump y su EPA, que en diciembre anunció su intención de desmantelar las salvaguardas federales para pesticidas.
La demanda fue presentada en nombre del Ministerio Rural y Migrante, la Alianza Nacional de Campesinas, el Comité de Apoyo a los Trabajadores Agrícolas, Pineros y Campesinos Unidos del Noroeste y el Centro de Justicia Laboral de Nueva York. Para más info: earthjustice.org.
