Por Melanie Asmar, Chalkbeat

Posted July 2, 2026

 

Un día antes de que el superintendente de Denver, Alex Marrero, comunicara a la Junta Escolar que había solicitado otro puesto de trabajo, envió un correo electrónico de cuatro páginas en el que expresaba sus preocupaciones sobre la Junta de Denver.

 

“Con todo respeto, ya no puedo seguir ignorando estas preocupaciones”, escribió Marrero en el correo electrónico del 8 de junio dirigido a la presidenta de la junta, Xóchitl Gaytán. Añadió que “la trayectoria actual” es “cada vez más insostenible”.

 

El correo electrónico, al que Chalkbeat tuvo acceso tras una solicitud de acceso a registros públicos, muestra que Marrero cree que la junta está sobrepasando sus límites. También podría arrojar luz sobre por qué está buscando abandonar las Escuelas Públicas de Denver tras cinco años al frente del distrito más grande de Colorado. Marrero es candidato al puesto de director general de las Escuelas Públicas del condado de Miami-Dade, en Florida.

 

Marrero rechazó conceder una entrevista para este artículo. Sin embargo, en su correo electrónico enumera varias preocupaciones, entre ellas:

 

• La junta se está involucrando demasiado en asuntos administrativos. Según el marco de las DPS, la junta establece las políticas y el superintendente se encarga de aplicarlas. Marrero mencionó varios casos que, según él, difuminaban esa línea divisoria, incluida una propuesta de política de la junta que obligaría a las escuelas a utilizar un enfoque concreto para enseñar a leer.
• La junta infringió su contrato. El ejemplo que citó Marrero se remonta a febrero, cuando la junta votó a favor de celebrar una sesión ejecutiva a puerta cerrada sin él, lo que habría contravenido su contrato. La junta revocó su votación y se le incluyó.
• Él y su equipo se encuentran en el punto de mira de las disputas entre los miembros de la junta. “El hecho de que los miembros de la junta no se hablen entre sí, que cancelen las reuniones 2×2 debido a con quién les toca emparejarse y la letanía de problemas interpersonales que persisten entre ellos me coloca en una situación sin salida”, escribió Marrero. Las reuniones 2×2 consisten en que dos miembros de la junta se reúnan con personal del distrito para no infringir la ley de reuniones públicas.
• La junta no está rindiendo cuentas. Marrero escribió que, aunque él se ha sometido a cuatro evaluaciones formales, la junta no ha realizado ninguna autoevaluación.
• La junta está intentando crear “un sistema de asesoramiento jurídico paralelo”. Algunos miembros de la junta han estado presionando para que la junta contrate a su propio abogado.

 

Otros correos electrónicos obtenidos mediante una solicitud de acceso a registros públicos muestran que los miembros de la junta se han acusado recientemente entre sí de infringir la política de la junta y la ley de reuniones públicas, aunque ninguna de las acusaciones recientes ha dado lugar a un debate público ni a una amonestación. La última vez que la junta amonestó a uno de sus miembros —John Youngquist— fue en noviembre.

 

En entrevistas y declaraciones escritas, algunos miembros de la junta afirmaron estar de acuerdo con las preocupaciones de Marrero, mientras que otros afirmaron que no eran ciertas. Dos de los siete miembros de la junta, Kimberlee Sia y Amy Klein Molk, se negaron a hacer comentarios.

 

Gaytán, que fue elegida por primera vez en 2021, afirmó en un comunicado que espera que el consejo vuelva a comprometerse con su modelo de gobernanza, según el cual los miembros deben mantenerse al margen de las operaciones cotidianas.

 

“Los superintendentes de mayor calibre eligen distritos en los que la gobernanza es predecible y profesional”, señaló. “Cuando los consejos socavan ese marco, corremos el riesgo de ahuyentar a los líderes visionarios que nuestros alumnos y sus familias se merecen”.

 

Marlene De La Rosa, elegida en 2023, afirmó que se compromete a colaborar con sus colegas para abordar las preocupaciones de Marrero. En cuanto a la dinámica de la junta, De La Rosa señaló: “En conjunto, hay margen de mejora. Nos vendría bien hacer una autoevaluación”.

 

Youngquist, que también fue elegido en 2023, tenía una opinión diferente.

 

“Cualquier afirmación de que nuestra junta actual se basa en la disfunción es falsa”, declaró en un comunicado. Afirmó que las recientes acusaciones entre los miembros de la junta son “invenciones”.

 

La vicepresidenta de la junta, Mónica Hunter, elegida en noviembre, mencionó a un miembro concreto de la junta, aunque no reveló su nombre. En un comunicado, señaló que dicho miembro «ha tenido dificultades para superar la disfunción de su pasado, lo que se ha reflejado en las numerosas votaciones de 6 a 1, pero el resto de nosotros seguimos unidos en nuestro trabajo y tenemos claro a quién servimos».

 

Las actas de la junta muestran al menos tres votaciones de 6 a 1 este año. Gaytán ha sido la única que ha votado en contra en todas ellas. Este es el segundo mandato de Gaytán como presidenta de la junta. Su primer mandato, de 2021 a 2023, también estuvo marcado por conflictos de personalidad entre los miembros de la junta.

 

Gaytán afirmó que sus votos han reflejado siempre sus valores.

 

DJ Torres, elegido en noviembre, dijo que no le sorprendió el correo electrónico de Marrero, ya que el superintendente ya había aludido a estas preocupaciones anteriormente. Torres señaló que algunos miembros de la junta también están frustrados con la forma en que esta lleva a cabo sus actividades. Sin embargo, Torres añadió que resulta oportunista por parte de Marrero enviar un correo electrónico de este tipo justo cuando está solicitando otro puesto de trabajo.

 

La gobernanza basada en políticas es el núcleo de la tensión entre Marrero y la junta. Una junta anterior adoptó este marco —cuyo objetivo es establecer expectativas claras para ambas partes— en 2021 para ayudar a atraer a un nuevo superintendente, en medio de acusaciones de que había microgestionado al anterior. Marrero fue contratado ese mismo año.

 

La gobernanza basada en políticas está recogida en el contrato de Marrero. En él se establece que la junta fija los objetivos, pero «evitará decir al superintendente o al personal qué hacer o cómo hacerlo».

 

En su correo electrónico, Marrero escribió que ha «observado repetidos intentos por parte de miembros individuales de la junta de inmiscuirse en la implementación académica, las decisiones pedagógicas, el funcionamiento de los centros y los asuntos administrativos que entran de lleno dentro de la autoridad delegada al superintendente».

 

También expresó su preocupación por el hecho de que algunos miembros del consejo cuestionaran sus recomendaciones. En abril, el consejo rechazó su recomendación en contra de ampliar la zona de innovación del distrito, que es un grupo semiautónomo de colegios. Marrero afirmó que añadir otro colegio a la zona equivaldría a una autosegregación, ya que los alumnos de la zona son en su mayoría blancos y de mayor nivel económico.

 

A pesar de todo, la junta votó a favor de ampliar la zona. Algunos miembros de la junta se mostraron comprensivos con los padres y los educadores que afirmaban haber seguido minuciosamente el proceso de solicitud. Marrero preguntó si eso significaba que tenía que recomendar votar a favor, un punto que también planteó en su correo electrónico.

 

“La respuesta a esa pregunta tiene importantes implicaciones no solo para las solicitudes de la Zona de Innovación, sino para todos los ámbitos en los que se espera que el superintendente ejerza su criterio profesional”, escribió.

 

El contrato de Marrero establece que, si la junta modifica sustancialmente su política de gobernanza, él puede considerarlo una rescisión de su contrato. Establece que, en primer lugar, debe presentar al presidente de la junta una notificación por escrito de sus inquietudes y entablar conversaciones de buena fe para resolverlas.

 

Si la junta despide a Marrero sin causa justificada, su contrato establece que recibirá 12 meses de salario. El pasado curso escolar ganó 346 529 dólares.

 

En un comunicado, Marrero afirmó que la junta no le ha informado de que haya modificado sustancialmente su política de gobernanza, «ni ha respondido de manera sustantiva a las preocupaciones que planteé».

 

“Antes de debatir posibles soluciones hipotéticas, convendría preguntarse primero si la Junta considera que sus acciones son coherentes con el modelo de gobernanza que adoptó y con los compromisos contractuales que asumió”, afirmó. “Yo he cumplido mis compromisos y seguiré haciéndolo”.

 

Melanie Asmar es la jefa de redacción de Chalkbeat Colorado. Este

artículo fue publicada originalmente por CalMatters.

 

Traducido por Juan Carlos Uribe para The Weekly Issue/El Semanario.