Los monumentos nacionales (MN) son verdaderos paraísos en territorio federal y zonas marítimas que conservan nuestra historia, fauna, tesoros culturales y maravillosas sorpresas científicas. Todos ellos han sido protegidos por 16 presidentes en los últimos 111 años, sin interrupción.
Considerando el aprecio que le tenemos a nuestras tierras, lagos y mares, uno pensaría que nadie, ni siquiera la industria privada, amenazaría a los MN y a la Ley de Antigüedades. Pero no es así.
Leer la recientemente presentada Ley de Creación y Protección de Monumentos Nacionales, del diputado Rob Bishop (R-Utah), es leer una propuesta de ley que no tiene idea de la función que los monumentos y parques nacionales interpretan en millones de vidas estadounidenses.
Considerando el aprecio que le tenemos a nuestras tierras, lagos y mares, uno pensaría que nadie, ni siquiera la industria privada, amenazaría a los MN y a la Ley de Antigüedades. Pero no es así.
Las tierras y las aguas protegidas por la Ley de Antigüedades nos pertenecen a todos; son parte de nuestra historia, nuestra herencia científica y, claro, nuestra herencia de vida silvestre. A estos lugares escapamos con nuestros amigos y familiares; a esos increíbles espacios sin domesticar que pueden vincularnos con nuestra historia.
Pero la atención reciente a estos espacios —la orden ejecutiva de Trump, la revisión arbitraria y apresurada de Ryan Zinke, secretario del Interior, y el insensible proyecto de ley de Bishop para destruir la Ley de Antigüedades— son cortinas de humo para cambiar su uso.
En vez de conservar un espacio lleno de fósiles de dinosaurio y con eso crear un bum de turismo en Grand Staircase-Escalante, la comisión de Zinke ve una mina de carbón. En lugar del enorme registro arqueológico en Bears Ears y las alucinantes tierras sagradas para más de cinco pueblos nativos, los industriales ven perforaciones de petróleo y gas. Y en los Cañones del Noreste del Atlántico, donde hacen hogar las ballenas y arrecifes de coral, ellos solo ven una pesquería comercial.
El proyecto de ley de Bishop es un desastre y su apatía no tiene límites. Mientras la Ley de Antigüedades le sede al presidente nacional el poder de jurisdicción de los MN, la propuesta radical de Bishop le permitiría al presidente actuar en solitario para apoyar a intereses privados que buscan explotar el petróleo, el gas y otros recursos en tierras federales muy delicadas.
Aún utilizando los planes de Bishop para eliminar la Ley de Antigüedades, no queda claro cómo se interpretaría para justificar transparencia. Su mismo historial de trabajo dice que ha entregado muchas veces tierras públicas a estados y que las ha abierto a la industria de los combustibles fósiles.
La época de carbón ha pasado y no puede competir más. El petróleo y el gas le seguirán pronto frente al crecimiento y la imparable promesa de energía renovable. Cuando todo se aclare, ¿nos daremos cuenta que regalamos a unos cuantos intereses privados un patrimonio que nos pertenecía a todos? Nomás se necesita un par de años para cambiar un bosque en crecimiento por un valle de troncos secos.
Hace más de un siglo, el Congreso acertó otorgarle al presidente autoridad de protección a la tierra y al agua federal un papel vital en nuestro patrimonio. La Ley de Antigüedades es fundamental para nuestro sistema de tierras y aguas públicas, ya que proporciona un marco legal para proteger estos espacios llenos de magia que deben ser uno de nuestros regalos más preciados para nuestros hijos, y para los hijos de nuestros hijos.
Además, los MN han sido grandes éxitos económicos. Las estadísticas muestran que los MN colaboran al crecimiento de economías locales a través del turismo y el recreo, lo que ha impulsado también la calidad de vida. La Asociación de la Industria al Aire Libre informó este año que las tierras públicas ayudan a mantener 7.6 millones de empleos en los EEUU y generan $887 mil millones en actividades de recreación al aire libre.
Ahora, Bishop y quienes lo apoyan pueden decir que su proyecto de ley es sobre el compromiso público y la transparencia de procesos, pero el pueblo de a pie ya sabe por qué van.
El verano pasado, 2.8 millones de ciudadanos alzaron su voz para mantener a los MN protegidos y tal como están. El período para comentarios públicos sobre los MN se convirtió en el período de comentarios públicos más extenso en la historia del Departamento del Interior.
En la costa del Pacífico, el apoyo del público para proteger nuestros monumentos nacionales ha vuelto a demostrar su firmeza, y un gran número de votantes aquí son opositores de la minería y las perforaciones industriales en tierras públicas.
Entre tanto, miembros del Congreso continúan alzando la voz en solidaridad, unos atacando y otros defendiendo la Ley de Antigüedades y los MN con el propósito de hacer que esta administración rinda cuentas por sus acciones destructivas.
La transparencia es un tema conveniente, pero lo que ocurre en muchos MN nos debe quedar muy claro: el pueblo nos ha escuchado. El proyecto para desmantelar la Ley de Antigüedades de Bishop debe seguir el mismo camino condenatorio, como sus otros intentos por eliminar protecciones a tierras públicas: propuestas que nunca serán votadas.
Tracy Coppola es abogada legislativa sénior de Earthjustice, earthustice.org.
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