Por Sunita Sohrabji, ACoM

Posted October 15, 2026

 

El Departamento de Seguridad Nacional ha estado utilizando edificios de oficinas federales en varias ciudades para que funcionen como tribunales de inmigración improvisados, con jueces que deciden los casos a través de videoconferencias por Zoom, según la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración.

 

Se han confirmado dos tribunales de este tipo en Washington, D.C. y Manhattan, Nueva York. Se están considerando ubicaciones adicionales en Chicago, Illinois; Miami, Florida; Denver, Colorado; San Antonio, Texas; y Los Ángeles, California. Cabe destacar que los dos tribunales temporales en Washington, D.C. y Manhattan no tienen ningún letrero que indique que son tribunales de inmigración. Además, en contravención de la normativa vigente, estos tribunales no están abiertos al público ni a los abogados.

 

Los juzgados y salas de audiencias de inmigración suelen estar abiertos al público, sin necesidad de inscripción previa.

 

En respuesta a la solicitud de información enviada por correo electrónico por American Community Media, el DHS dijo que comenzó a utilizar el Centro de Conferencias de la Sede de FEMA para llevar a cabo «operaciones críticas» a partir del 8 de septiembre.

 

“Este acuerdo no afecta al personal de FEMA ni interrumpe sus operaciones habituales. FEMA ya ha brindado apoyo a las actividades del Departamento y de otras agencias en el espacio de conferencias designado. No se están desviando recursos operativos ni personal de FEMA para apoyar las actividades del DHS”, declaró el DHS en un comunicado a ACoM.

 

La agencia señaló que las audiencias ante los tribunales de inmigración son administradas por la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración del Departamento de Justicia.

 

Se le negó el acceso al congresista.

 

El representante Greg Stanton, demócrata por Arizona y miembro de mayor rango del Comité de Transporte e Infraestructura de la Cámara de Representantes, que supervisa la FEMA, dijo en una rueda de prensa de AILA el 29 de septiembre que llegó al edificio de oficinas de la FEMA en Washington D.C. el 23 de septiembre, con la intención de ejercer la supervisión del Congreso.

 

En cambio, el congresista, que había ido acompañado de personal de su comité y de empleados de la oficina del líder de la minoría en el Senado, Dick Durbin, demócrata por Illinois, se encontró frente a un conjunto de habitaciones sin identificar que habían sido convertidas en un tribunal de inmigración. Los agentes del edificio le dijeron que no podía entrar.

 

“Indiqué que era miembro del Congreso y que estaba allí para supervisar y para inspeccionar estas salas”, dijo Stanton. «Me dijeron que no, que no tenía permiso para entrar. Me dieron un pequeño papel con una dirección de correo electrónico a la que debía dirigirme si tenía alguna pregunta sobre la normativa. Obviamente, eso fue completamente inaceptable».

 

El juez afirma que los tribunales deben estar abiertos al público.

 

“Estuvimos varias horas haciendo llamadas telefónicas, intentando conseguir acceso”, dijo Stanton, señalando que él y el personal del Congreso llamaron a todas las agencias involucradas, incluyendo FEMA, ICE, el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración.

 

“Me sorprendió que cada agencia culpara a la otra”, dijo Stanton. “Es el edificio de FEMA, está ocurriendo en sus oficinas, pero FEMA dijo que no tenía autoridad para decidir quién podía entrar en la sala del tribunal improvisada. Lo mismo ocurrió con ICE, lo mismo con EOIR”.

 

Finalmente, un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional determinó que Stanton podía entrar, pero que el personal del Congreso no.

 

A la mañana siguiente, Stanton regresó. Esta vez, se le permitió entrar más rápidamente, aunque al personal del Congreso se le volvió a prohibir el acceso.

 

En su declaración a ACoM, el DHS confirmó que Stanton pudo ingresar al tribunal improvisado en DC, pero señaló además: «El acceso a los espacios de audiencia de la EOIR se rige por la política de la EOIR, los requisitos federales aplicables y los procedimientos de seguridad específicos de las instalaciones».

 

Audiencias remotas

 

Dentro del juzgado, Stanton dijo haber encontrado una sala de espera y una sala de conferencias donde los jueces de inmigración comparecían por videoconferencia. El primer día, según relató, nadie se presentó ante el tribunal durante los 20 o 30 minutos que estuvo allí. El segundo día, había una lista de personas con audiencias programadas, pero ninguna se presentó. Stanton cuestionó si las personas en proceso de deportación habían sido debidamente informadas del cambio de sede.

 

El congresista afirmó haber presenciado varias audiencias dirigidas remotamente por jueces y haber escuchado a los abogados argumentar sus casos. En un momento dado, alguien le comunicó al juez que un congresista de Arizona deseaba observar el procedimiento.

 

La respuesta del juez, según Stanton, fue inequívoca: un miembro del Congreso, al igual que cualquier ciudadano, debería tener permitido observar. “El juez indicó verbalmente que no se debería impedir que los ciudadanos entraran a esta sala”, dijo el congresista. “Lo cual me pareció muy interesante, considerando lo increíblemente difícil que fue incluso para mí, como miembro del Congreso, poder entrar”.

 

ACoM preguntó a Stanton si las personas que juzgaban casos de forma remota en la sala de audiencias improvisada de Washington D.C. eran jueces o personal del DHS. “Solo puedo hablar de lo que vi personalmente. Durante el tiempo que estuve en la sala, donde observé al juez interactuar con otros abogados, era evidente que se trataba de un juez de inmigración. Creo que vestía la toga propia de un juez”.

 

Pero dijo que no podía pronunciarse sobre si otros tipos de árbitros presidían los procedimientos en los lugares temporales.

 

¿Por qué diablos se está utilizando un edificio de FEMA para esto?

 

Stanton y el representante Jamie Raskin, demócrata por Maryland —miembro de mayor rango del Comité Judicial de la Cámara de Representantes—, han escrito a agencias federales, incluyendo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) y el Departamento de Justicia. En su carta del 28 de septiembre, los dos congresistas preguntaron por qué se está utilizando una instalación de FEMA para los procedimientos de inmigración y si las personas están recibiendo una notificación adecuada de sus audiencias.

 

“¿Por qué diablos se está utilizando un edificio de FEMA para esto, en un momento en que todavía estamos en temporada de huracanes, en un momento en que los desastres naturales son un problema real, y de repente, FEMA ahora tiene todo tipo de espacio de oficinas adicional para este procedimiento?”, preguntó Stanton en la rueda de prensa de AILA.

 

Greg Chen, director sénior de relaciones gubernamentales de AILA, dijo que las audiencias de inmigración también se están llevando a cabo en un espacio controlado por el DHS en el tercer piso del edificio federal en 26 Federal Plaza en Nueva York, en lugar de la sala de audiencias de inmigración tradicional en el piso 12.

 

El representante Dan Goldman, demócrata por Nueva York, ha realizado visitas periódicas al juzgado del piso 12. Sin embargo, según Chen, se le impidió el acceso al espacio del tercer piso. “Estos drásticos cambios en las políticas están generando caos, amenazando el debido proceso y teniendo un impacto significativo en la vida de las personas, y todo esto ocurre en secreto”, afirmó.

El DHS parece estar persiguiendo a personas sin abogados.

 

La falta de transparencia es particularmente preocupante porque, al parecer, estos tribunales especiales están tramitando casos de un gran número de personas que no cuentan con abogados, afirmó Kel White, director asociado de educación y capacitación pública del Acacia Center for Justice y presidente electo de la sección de AILA en Washington, D.C.

 

“Nos enteramos de la existencia de estos tribunales clandestinos porque, por error, los abogados de nuestra sección recibieron esas notificaciones”, dijo White. “Si no se hubieran producido esos errores, muchos miembros de nuestra comunidad ni siquiera habrían sabido que estos procedimientos estaban teniendo lugar”.

 

White afirmó que eso suponía un cambio radical con respecto a la forma en que históricamente se han establecido las nuevas sedes de los tribunales de inmigración: con reuniones con las partes interesadas, avisos anticipados e información sobre qué casos se asignarían a cada tribunal.

 

En cambio, según explicó, los abogados y los inmigrantes están teniendo dificultades para encontrar las nuevas ubicaciones y, en algunos casos, incluso para determinar cuándo se celebrarán sus audiencias.

 

El «Dónde está Wally» de los tribunales de inmigración

 

En las instalaciones de FEMA, Google Maps dirigió a White a un edificio diferente. No había ningún letrero que identificara el tribunal de inmigración.

 

“Para mí, encontrar ese tribunal fue como jugar al escondite o al ‘¿Dónde está Wally?’, pero en los tribunales”, dijo White. “Pero eso es un juego de niños; esto es la vida, con consecuencias reales para quienes se presentan ante ese tribunal, donde no comparecer puede significar la deportación. Y para muchos, eso puede significar la vida o la muerte si solicitan asilo o cualquier otra forma de protección basada en el temor”.

 

White describió el caso de una pareja que viajó en coche desde Baltimore hasta Washington para una audiencia. El juez compareció por videoconferencia desde Baltimore, mientras que el inmigrante compareció desde Washington D.C.

 

White no pudo entrar a la sala del tribunal para representar a la persona. En su lugar, se sentó con el cónyuge de la persona en un McDonald’s mientras esperaban.

 

“Ella llevaba más de diez años en este país, había sufrido muchísimas penurias, y aquí estábamos, sentados, esperando a ver si su pareja salía de ese juzgado”, dijo White. “Ya ni siquiera es un absurdo. Está empezando a ser crueldad”.

 

Desapareció en el localizador de detenidos.

 

Las audiencias se desarrollan paralelamente a otro cambio que, según los abogados de inmigración, dificulta cada vez más la representación de clientes detenidos: el sistema en línea de localización de detenidos del ICE ya no revela de forma fiable el paradero de algunas personas con órdenes de deportación definitivas. Quienes tienen órdenes de expulsión definitivas y esperan documentos de viaje podrían no aparecer en el sistema de localización de detenidos.

 

Además, el localizador de detenidos del ICE no incluye a Estados Unidos en su lista desplegable de países de origen. En teoría, el ICE no detendría a ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, una investigación de ProPublica, publicada el 6 de octubre, reveló que 506 ciudadanos estadounidenses han sido detenidos por el ICE desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo. Setenta de ellos eran menores de edad. Treinta y seis ciudadanos estadounidenses estuvieron detenidos durante más de un día, sin posibilidad de contactar a sus familiares ni a un abogado.

¿Dónde está mi cliente?

 

Ruby Powers, fundadora y abogada directora de Powers Law Group en Texas, dijo que los abogados dependen del localizador para encontrar a los clientes detenidos, comunicarse con ellos y determinar dónde presentar las demandas.

 

“Si uno de mis detenidos es trasladado, por ejemplo, del Centro de Procesamiento de Conroe a Montgomery, eso pertenece al Distrito Sur. Pero si lo trasladan a El Paso, eso pertenece al Distrito Oeste”, dijo Powers. “No podemos presentar un recurso de hábeas corpus si no sabemos dónde están detenidos”.

 

Powers describió un caso reciente en el que un cliente desapareció del sistema de localización durante varias horas. Finalmente, supo que la persona seguía detenida, pero que su presencia era prácticamente inexistente.

 

“Fue sumamente confuso”, dijo. “De hecho, incluso el juez pensó que el cliente ya no estaba detenido y dictó sentencia sin su presencia. Así que, básicamente, esto constituye una violación de nuestra capacidad para representar a nuestros clientes”.

 

“Estas políticas son profundamente injustas y deberían alarmar a los estadounidenses”, declaró Chen. “El ICE está haciendo desaparecer a personas en el sistema de detención. Las audiencias se celebran en lugares ocultos y sin identificar, fuera de la vista del público y del Congreso”.

 

“Y, lo que es más importante, las personas perjudicadas no son, desde luego, las más vulnerables. Cada vez más, incluyen a personas que ya tienen una solicitud de protección legal pendiente, que podrían ser solicitantes de asilo, que podrían tener un permiso de trabajo y que están siguiendo el proceso de solicitud adecuado que el Congreso estableció por ley”, afirmó.

 

Sunita Sohrabji, editora de salud de ACoM. Este artículo fue publicado por primera vez por American Community Media, una organización nacional sin ánimo de lucro que informa sobre las diversas comunidades de Estados Unidos desde una perspectiva interna.