Por Patrick Lohmann, Source New Mexico
Posted November 13, 2025
El contrato entre el condado de Torrance y las autoridades federales de inmigración para alojar a los inmigrantes detenidos en la cárcel de Estancia ha expirado hace una semana, un lapso que, según los defensores legales de los inmigrantes, exige la liberación inmediata de los detenidos.
El centro de detención del condado de Torrance en Estancia es uno de los tres que hay en Nuevo México que tiene un acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) para albergar a detenidos. Pero ese acuerdo expiró el 31 de octubre y no se ha renovado, según informaron el viernes pasado a Source New Mexico los defensores de los detenidos y el presidente de la Comisión del Condado de Torrance, Ryan Schwebach.
Ian Philabaum, director de programas de Innovation Law Lab, dijo el 7 de noviembre que la expiración del contrato significa que el ICE y CoreCivic, la empresa privada propietaria y operadora de la cárcel, ya no pueden retener legalmente a cientos de detenidos del ICE. Los abogados de Innovation Law Lab celebran reuniones semanales de asistencia jurídica con los detenidos y también están tratando de cerrar el centro.
CoreCivic y el ICE están deteniendo a personas bajo custodia de inmigración sin autoridad para hacerlo.”
Ian Philabaum, Innovation Law Lab
Philabaum citó una sección de los procedimientos operativos estándar del ICE que establece que la expiración de un contrato requiere la retirada de todos los detenidos y del equipo del ICE en la fecha de expiración o antes.
“CoreCivic y el ICE están deteniendo a personas bajo custodia de inmigración sin autoridad para hacerlo, y como no pueden detener a personas en [las instalaciones], todas ellas deberían ser liberadas inmediatamente”, afirmó.
El administrador del condado, Jordan Barela, dijo a Source en un correo electrónico que no había recibido una razón formal para el retraso, pero cree que el cierre del gobierno “ha sido un factor”. Aun así, dijo que ICE y CoreCivic pueden operar las instalaciones mientras tanto.
“Ha habido problemas de personal en el gobierno federal, lo que ha dificultado obtener respuestas oportunas”, dijo a Source sobre el retraso. “Además, un nuevo contrato se financiaría con el próximo presupuesto federal, y en este momento ese presupuesto no ha sido aprobado”. Las llamadas y los correos electrónicos de Source a los funcionarios de CoreCivic y ICE tampoco fueron respondidos el viernes pasado.
Lauren Rodríguez, jefa de gabinete del fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, dijo a Source en un correo electrónico que la oficina está al tanto del asunto. “Nuestra oficina está evaluando las opciones legales disponibles y la autoridad jurisdiccional para determinar qué medidas, si las hay, pueden ser apropiadas”, afirmó.
En medio de las repercusiones de la expiración del contrato, Source recibió el viernes un correo electrónico de Rogelio Izquierdo, un detenido en el centro, que escribió una carta en la que alegaba que CoreCivic niega continuamente a los detenidos el acceso a sus abogados. Otros seis detenidos firmaron la carta.
Philabaum confirmó el viernes pasado que Izquierdo es una de las personas a las que la organización sin fines de lucro está tratando de ayudar, pero dijo que no estaba autorizado a hacer más comentarios sobre su caso. Dijo que Innovation Law Lab también recibió la carta y confirmó su autenticidad.
El supuesto incumplimiento por parte de CoreCivic de facilitar la asistencia legal a los detenidos niega “el acceso a una defensa justa y viola el principio fundamental de igualdad ante la ley”, escribió Izquierdo.
El ejemplo más reciente ocurrió el jueves pasado, según la carta, cuando Izquierdo se preparaba para reunirse con sus abogados para recoger “importantes documentos traducidos” que necesitaba para una audiencia judicial final el 13 de noviembre. Pero Izquierdo dijo que nunca lo llamaron para reunirse con sus abogados y que, alrededor de las 2 p. m., los oficiales le dijeron que sus abogados ya se habían ido.
Lo que realmente ocurrió, según Philabaum, es que los abogados de Innovation Law Lab habían llegado al centro para sus citas legales habituales de los jueves, pero se les ordenó marcharse unos 30 minutos después.
La razón por la que los agentes les dijeron que se marcharan, según él, es que estaban “investigando” una protesta del día anterior.
Según Philabaum, unas pocas docenas de manifestantes se organizaron en una caravana que pasó por delante de las instalaciones el miércoles pasado. Lo describió como una protesta pacífica por el contrato vencido y dijo que no tiene idea de por qué CoreCivic lo investigaría o lo utilizaría como motivo para denegar el acceso a los abogados de oficio.
“La respuesta de ICE y Core Civic, que fue claramente coordinada, fue denegar el acceso a los abogados, lo cual es extremadamente problemático… y una clara demostración de que no se trata de algo habitual” en las instalaciones, afirmó. “Siguen intensificando sus acciones de impunidad con respecto a cómo gestionan la detención de inmigrantes”.
Además de citar la reunión legal del 6 de noviembre que CoreCivic canceló, Izquierdo dijo que CoreCivic a menudo cancela abruptamente las reuniones con los abogados sin explicación, que los detenidos no tienen acceso a la biblioteca jurídica, que las comunicaciones telefónicas no funcionan bien y que los detenidos tienen poco acceso a abogados pro bono.
El centro de detención de Estancia ha sido cada vez más el centro de los debates estatales sobre la detención local de inmigrantes en medio de la campaña de deportaciones masivas del presidente Donald Trump.
El senador estadounidense Martin Heinrich (demócrata por Nuevo México) pidió en junio el cierre del centro después de que su personal informara de “condiciones preocupantes” durante una visita a finales de mayo. Un comité asesor local de la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos hizo la misma recomendación en septiembre.
Según las últimas cifras de DetentionReports, la instalación tiene ahora una población media diaria de unos 550 detenidos, lo que supone unos 150 más que a principios de este año. La mayoría de ellos son trasladados a Estancia desde otros estados, según Philabaum, aunque algunos son de Nuevo México.
Barela y otros funcionarios del condado han afirmado que el centro proporciona “millones de dólares” en salarios a los residentes locales en una zona que, de otro modo, estaría deprimida.
Schwebach, presidente de la Comisión, declaró a Source en una entrevista telefónica que está cansado de la controversia, que, según él, ha dado lugar a amenazas contra su familia. Culpa a los activistas de fuera de la ciudad, que, según él, no comprenden la importancia de las instalaciones para la comunidad ni el papel de ICE en la seguridad de las personas.
“No están dispuestos a ver el panorama completo. Y, sinceramente, estoy cansado de ello”, afirmó. “Quiero decir, ¿no necesitamos prisiones en este país? ¿Es ese el objetivo final?”.
Patrick Lohmann es reportero de Source New Mexico. Este artículo
se ha vuelto a publicar desde Source New Mexico bajo una licencia Creative Commons. Source New Mexico forma parte de States Newsroom, la organización de noticias sin ánimo de lucro más grande del país centrada en los estados.
Traducido por Juan Carlos Uribe para The Weekly Issue/El Semanario.
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