Chris M. Frésquez

Posted January 29, 2026

 

La función del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos es hacer cumplir las leyes de inmigración y aduanas.

 

No es sembrar el miedo en los barrios.

No es despojar a las personas de su dignidad.

No es silenciar las voces que ejercen sus derechos.

 

En ninguna parte de la legislación estadounidense se autoriza a los agentes federales a disparar contra civiles —incluidos los inmigrantes que han entrado en Estados Unidos en busca de asilo como refugiados—, ocultar sistemáticamente su identidad o detener a personas simplemente por manifestarse pacíficamente y expresar su opinión.

 

Detrás de cada política y cada medida coercitiva hay seres humanos reales, padres, hijos, ancianos, cuya seguridad, dignidad y futuro dependen directamente de cómo se ejerza el poder.

 

Esa autoridad no existe.

Dado que el poder de hacer cumplir la ley tiene consecuencias que alteran la vida de las personas, los límites de ese poder son claros y estrictos. El uso de la fuerza está estrictamente definido y controlado. El uso de la fuerza letal solo está permitido cuando existe una amenaza inminente para la vida humana, como un ataque activo con un arma o un riesgo inmediato de lesiones corporales graves. No se refiere al miedo, la sospecha, la desobediencia, la protesta o la resistencia no violenta. Cualquier cosa que vaya más allá de estas circunstancias limitadas no es aplicación de la ley, sino una violación de la confianza pública.

 

Dado que el uso de la fuerza solo está permitido en situaciones extremas, su empleo debe ir siempre acompañado de una clara rendición de cuentas. La autoridad policial depende de la transparencia y la identificación clara, especialmente durante las acciones públicas en las que se ejerce el poder del Estado a la vista de toda la comunidad. La identificación no es una formalidad. Es una garantía que permite a las personas distinguir la autoridad legítima de la coacción, la aplicación de la ley de la intimidación. En una democracia, la rendición de cuentas no es opcional; es la base de la confianza pública y la forma en que el poder permanece sujeto a la ley en lugar de estar por encima de ella.

 

La rendición de cuentas también requiere el respeto de los derechos de las propias personas. La protesta pacífica es un derecho constitucional protegido por la Primera Enmienda. Esa enmienda garantiza a las personas la libertad de expresión, de reunión pacífica y de manifestar su desacuerdo con las acciones del gobierno sin temor a represalias o castigos. Estas protecciones existen para que las personas puedan plantear sus inquietudes, cuestionar a la autoridad y hacer oír su voz en los espacios públicos. La aplicación de la ley de inmigración no anula estos derechos, ni permite la erosión del debido proceso. Las protestas legales no son desórdenes, y la disidencia no es un delito, sino la piedra angular de una democracia que funciona.

 

ENMIENDA I 

El Congreso no aprobará ninguna ley que establezca una religión o prohíba el libre ejercicio de la misma; o que coarte la libertad de expresión o de prensa; o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y a solicitar al Gobierno la reparación de agravios. https://constitution.congress.gov/constitution/amendment-1/)

 

ENMIENDA XIV – Sección 1

Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado en el que residen. Ningún Estado promulgará ni aplicará ninguna ley que restrinja los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos; tampoco ningún Estado privará a ninguna persona de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal; ni negará a ninguna persona dentro de su jurisdicción la igualdad de protección de las leyes.

 

Se trata de humanidad.

Se trata de familias.

Se trata de vidas.

 

Detrás de cada política y cada medida coercitiva hay seres humanos reales, padres, hijos, ancianos, cuya seguridad, dignidad y futuro dependen directamente de cómo se ejerza el poder.

Esta publicación siempre ha defendido el estado de derecho.

 

También hemos entendido siempre que la ley, sin restricciones ni rendición de cuentas, se convierte en algo completamente diferente.

 

No se trata de política.

Se trata de principios.

Una nación gobernada por la ley no necesita miedo ni secretismo.

Necesita responsabilidad.

 

Y cuando se traspasa esa línea, es nuestro deber, especialmente como medios de comunicación comunitarios independientes, decirlo claramente.

 

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Chris M. Frésquez es el editor de The Weekly Issue/El Semanario.

 

Traducido por Juan Carlos Uribe para The Weekly Issue/El Semanario.