Por Jenny Manriquez
A través de seis órdenes ejecutivas, dos memos al Departamento de Seguridad Nacional y la introducción de un ambicioso proyecto de ley de reforma migratoria, el presidente Joe Biden puso en la agenda central de su gobierno medidas claves para deshacer lo que activistas consideran “cuatro años de ataques” de Donald Trump al sistema de inmigración legal e ilegal en Estados Unidos.
Su audaz propuesta, alimentada por el trabajo de defensores de derechos de los inmigrantes quienes en las calles y en las cortes llevan peleando por décadas por un enfoque más progresista y humano del sistema, tiene esta vez más oportunidades de ser aprobada en el Congreso dadas las mayorías demócratas con las que arranca la novel administración.
“Nuestro movimiento ha crecido en números, sofisticación y estrategia”, dijo en una conferencia para medios étnicos, Marielena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC en inglés). “Ya no es aceptable para el Partido Demócrata que ahora tiene el control, comenzar en el medio y conceder todo (al Partido Republicano). El Dream and Promise Act aprobado en la Cámara de Representantes, es una victoria rápida que podría entregarse con una votación en el Senado antes de abril”, agregó.
Esta legislación aprobada en 2019 con un fuerte voto bipartidista de 237-187, le daría a los llamados soñadores protegidos bajo la legislación DACA (acción diferida para los llegados en la infancia) un camino a la ciudadanía.
En la víspera de su toma de posesión, Biden no sólo restableció DACA, sino que desechó los cambios hechos por Trump al sistema de asilo, paró la construcción del muro fronterizo, y levantó las prohibiciones de entrada a EEUU a refugiados y residentes de países musulmanes y africanos.
También revocó las prioridades de deportación que bajo la era Trump enviaron a miles de inmigrantes a sus países de origen aunque no tuvieran ningún récord criminal. Biden impuso una moratoria de 100 días a las deportaciones, pero esta fue bloqueada por un juez federal en Texas designado por Trump.
“Nuestro movimiento ha crecido en números, sofisticación y estrategia”.
Marielena Hincapié, Centro Nacional de Leyes de Inmigración
Según Hincapié, se espera que en las próximas semanas se empiece a desmantelar la carga pública, una prueba para determinar si alguien que está solicitando la residencia permanente, una visa para entrar a los Estados Unidos o algún otro alivio migratorio, puede llegar a depender de beneficios federales públicos en el futuro.
“Esa confusión que los inmigrantes han experimentado durante los últimos cuatro años, ha significado que hoy, en medio de una pandemia, la gente tiene miedo de buscar pruebas de COVID y hasta de inscribirse para la vacuna”, dijo.
En palabras de Frank Sharry, fundador y director ejecutivo de America’s Voice, esta nueva mirada progresista a favor de los inmigrantes tiene tres objetivos principales.
“Deshacer la crueldad puesta en marcha en los últimos años para detener el dolor que se ha infligido a los inmigrantes y refugiados; construir algo que nunca ha existido en este país con un sistema de inmigración humano y funcional justo; y aprobar una legislación transformadora que pondrá a millones de inmigrantes indocumentados en el camino hacia la ciudadanía”.
Sharry piensa que legalizar 11 millones de inmigrantes va a requerir de un compromiso mayor en el Congreso, por lo cual es más estratégico incluir una legislación más modesta como parte del paquete de ayuda económica o alivio de COVID-19.
“Soy más escéptico sobre convencer a 10 republicanos a que apoyen una ley así, pero hay un proceso en el Congreso llamado “reconciliación” que es una regla para la legislación presupuestaria y permite aprobar leyes con una mayoría simple de 51 votos y el de la Vicepresidenta Kamala Harris”.
Aunque Sharry reconoce que en el pasado estos intentos de reforma han fallado, cree que “las placas tectónicas que subyacen al debate han cambiado”, gracias al trabajo de los activistas.
“Trump demonizó a los inmigrantes y los convirtió en el caballito de batalla para agitar a su base, pero su nativismo resultó contraproducente para la mayoría de los estadounidenses… lo que antes parecía radical ahora es sentido común, la opinión pública apoya una reforma”.
Pero los defensores de inmigrantes no han llegado con carta blanca hasta este punto. Han experimentado represión y vigilancia desde las agencias del estado, en particular desde la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Estos ataques han sido documentados por el Immigrant Rights Voices, un proyecto conjunto de la clínica de derechos de los inmigrantes de la Universidad de Nueva York y la New Sanctuary Coalition.
Más de mil incidentes han sido mapeados desde el inicio del proyecto en noviembre de 2020, e incluyen arrestos, deportaciones y monitoreo de acciones contra las organizaciones de defensa de derechos de los inmigrantes y las comunidades que participan en protestas pacíficas. También documentan las redadas en las ciudades santuario y las represalias contra inmigrantes detenidos que protestan por las condiciones en los centros de reclusión de ICE.
“Tenemos una agencia (ICE) plenaria que tiene poderes y autoridad sin control. Ni siquiera el Congreso tiene autoridad sobre ellos ni se pueden impugnar sus decisiones sobre deportaciones en las cortes”, dijo Ravi Ragbir, cofundador de la New Sanctuary Coalition, quien viene peleando su deportación desde el 2006.
En 2018, Ragbir fue detenido con fines de deportación a su país natal de Trinidad y Tobago, durante un chequeo de rutina ante las autoridades de inmigración en Nueva York. Activistas que protestaban tal decisión, también resultaron presos. Después de cuatro procesos legales decididos en cinco tribunales, Ragbir sigue luchando para demostrar que el arresto de ICE fue una violación a su derecho a criticar la agencia, protegido por la Primera Enmienda.
“La campaña de terror de ICE para que la gente aceptara la deportación voluntaria fue brutal”, dijo Ragbir, quien si bien es optimista frente al nuevo proyecto de ley, se cuestiona “porque seguimos viendo vuelos con deportados salir de Luisiana”.
En los últimos días, ICE ha deportado inmigrantes al menos a tres países desde su base en Alexandria: 15 personas a Jamaica el jueves y 269 personas a Guatemala y Honduras el viernes.
Ragbir reconoce que los cambios tomarán más tiempo pero ve más espacio para la protesta inmigrante. “Tenemos una mejor conexión con todos los ciudadanos como resultado de vivir el trauma bajo un presidente racista, cosa que se hizo más intensa durante la pandemia con la pérdida de trabajo, y escasez de dinero y comida”, observó.
Otra de las acciones ejecutivas de Biden, reinstaló la salida forzosa diferida (DED en inglés) para liberianos, que le permitirá a cerca de 4,000 inmigrantes de ese país continuar viviendo y trabajando aquí hasta el 30 de junio de 2022, lo que les da un margen de tiempo para regularizar su estatus.
La entrante administración también expandirá el programa de visas de diversidad de 55,000 a 80,000, otra noticia positiva para los países africanos de donde viene el 60% de los aplicantes a esta lotería, y para quienes esta es una de las pocas avenidas para migrar legalmente.
“Durante la administración Trump, a estos inmigrantes no se les permitió aplicar a tarjetas verdes y las exigencias de pasaportes y requisitos adicionales fueron escandalosas”, dijo Patrice Lawrence, co-directora de Undocublack, una coalición de inmigrantes negros indocumentados. “El caucus negro del Congreso ha levantado su voz frente a estos temas y la extensión del TPS porque esta protección si bien cubre a más inmigrantes de Centroamérica (especialmente de Haiti) también incluye a aquellos provenientes de Somalia, Sudan, Guinea, y Sierra Leona”.
Otras promesas de reformas incluyen superar los atrasos en la emisión de visas de trabajo para inmigrantes altamente calificados quienes a pesar de recibir ofertas de compañías en el sector tecnológico, tienen que esperar por sus visas incluso por décadas en países como India y China. También otorgar de manera más expedita permisos de residencia a sus cónyuges.
“En la categoría familiar, a veces le ha tomado a trabajadores hasta 20 años poder traer a sus padres, hermanos o cónyuges”, dijo Cyrus Mehta, abogado de inmigración experto en visas laborales. “El proyecto de ley pretende aumentar el número de visas en todas las categorías, y reusar aquellas que no se pudieron otorgar… también prevenir que aquellos niños que cumplen 21 años, se queden sin estatus mientras se aprueban las visas de sus padres”, añadió.
Bajo la emergencia del coronavirus y la prohibición de entrada de vuelos de ciertos países, muchos trabajadores legales se quedaron atrapados en sus naciones de origen, observó Mehta.
Otra reforma que el experto ve con optimismo es la emisión de tarjetas verdes para trabajadores agrícolas y de industrias con bajos salarios. “Legalizarlos va a garantizar un flujo futuro de trabajadores esenciales para la economía estadounidense”.
Biden también ordenó incorporar a inmigrantes indocumentados en el conteo del censo y prometió desmantelar el programa Quédate en México, que tiene a más de 60,000 peticionarios de asilo varados en la frontera, no solo provenientes de Centroamérica sino de países como India y Bangladesh y del continente africano.
Jenny Manriguez es una Reportera Colaboradora de Ethnic Media Services. Reproducido con permiso de Ethnic Media Services.
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