Por Megan Gleason

 

Hace aproximadamente una década, el padre de Itzayana Banda la llamó para contarle lo horriblemente que lo estaban tratando los funcionarios del Centro de Procesamiento del Condado de Otero y que ya no podía soportarlo más. Ocho meses después, dijo en una entrevista, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) lo deportó. Pasaron otros diez años antes de que Banda volviera a verlo.

 

Puede que nunca hubiera pasado por ese tratamiento si el gobierno del condado no hubiera permitido al ICE encarcelar allí a los inmigrantes.

 

Los legisladores estatales están intentando prohibir este tipo de acuerdos. Los senadores demócratas Gerald Ortiz y Pino y Moe Maestas presentaron el lunes una ley que prohibiría a los gobiernos del estado de Nuevo México firmar o renovar contratos de detención con el ICE a partir de 2024.

 

Eso significa que el Centro de Procesamiento del Condado de Otero -que acumuló numerosas quejas por abusos y denuncias de trato inhumano y condiciones crueles- ya no podría retener a cientos de inmigrantes.

 

Banda es ahora portavoz del Dream Team de Nuevo México, un grupo de defensa de los inmigrantes. Dijo que su padre le contó lo terriblemente que lo trataban los funcionarios en el condado de Otero.

 

«Mi padre decía que los trataban como animales», dijo.

 

Ortiz y Pino dijo que se inspiró para crear la legislación después de que la gente se acercó a él con preocupaciones sobre cómo ICE trata a los solicitantes de asilo.

 

En marzo, inspectores federales dijeron al ICE que reubicara a las personas detenidas en el condado de Torrance debido a las condiciones inseguras e insalubres. Cinco meses después, en agosto, un solicitante de asilo de Brasil murió allí por suicidio, y los abogados dijeron que estaba detenido en «condiciones horribles.»

 

La gobernadora Michelle Lujan Grisham respondió a una pregunta sobre las malas condiciones de detención en una conferencia de prensa sobre seguridad pública el miércoles.

 

Luján Grisham dijo que recientemente le dijo al Secretario del Gabinete del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, que lo que sucede en el Centro de Detención del Condado de Torrance en Nuevo México debe mejorar, particularmente si el gobierno federal quiere que el estado siga otorgando licencias a esas instalaciones.

 

«Estoy consternado por lo que está pasando en el condado de Torrance, y necesito que se arregle», dijo.

 

Uriel Rosales, un organizador de campo con el Dream Team de Nuevo México, se crió en Chaparral, N.M., sede del centro de procesamiento de ICE. Un beneficiario de DACA, Rosales dijo que quiere ver la detención de inmigrantes en su comunidad desaparecida debido a los informes de trato inhumano allí y en las otras instalaciones.

 

El objetivo final, dijo Rosales, es «dejar de tener condiciones inhumanas en los centros de detención en Nuevo México.»

 

Sophia Genovese es abogada sénior del Centro Legal para Inmigrantes de Nuevo México. Ella dijo que un gran número de los inmigrantes que llegan a Nuevo México están buscando asilo.

 

«No se merecen este trato», dijo. «Nadie merece este trato».

 

Las perspectivas del proyecto de ley

 

Genovese dijo que este proyecto de ley podría eliminar un espacio donde el ICE puede retener hasta 1,000 inmigrantes. Eso es sólo en el Centro de Procesamiento del Condado de Otero, dijo, que detiene a la mayor cantidad de inmigrantes en el estado.

 

Podría ser más difícil aplicar un cierre total en los otros dos centros de detención en Nuevo México. Genovese dijo que el centro en el condado de Otero es el único en el que el condado es dueño de la tierra y el edificio, mientras que los otros dos en los condados de Torrance y Cibola son propiedad y están operados por la empresa privada CoreCivic.

 

Así que, dijo, mientras que la legislación pondría fin a los contratos que ICE tiene con los condados en 2024, la agencia federal podría entonces simplemente eliminar a los gobiernos de los condados por completo en Torrance y Cibola y contratar directamente con CoreCivic.

 

Sin embargo, Genovese dijo que los centros de detención de Torrance y Cibola alojan a menos de 100 inmigrantes cada uno, mientras que Otero suele alojar a unas 500 o 600 personas a la vez.

 

Los centros de Torrance y Cibola están ocupados principalmente por presos estatales, según Ortiz y Pino. Si el ICE quisiera trasladar a más inmigrantes a esos condados y eludir la ley estatal, Ortiz y Pino dijo que CoreCivic ya no podría contratar con el estado, lo que significa que esas instalaciones ya no estarían autorizadas para albergar a presos de Nuevo México.

 

Eso sería difícil, dijo Ortiz y Pino, ya que la mayor parte del trabajo de CoreCivic en esas prisiones -en virtud de los contratos de la empresa con el Departamento de Correcciones de Nuevo México- es supervisar a los presos estatales.

 

Los legisladores intentaron aprobar este tipo de legislación en Nuevo México hace cuatro años, y Maestas dijo que han aprendido mucho. Dijo que la medida tiene mejores posibilidades esta vez.

 

«Esperamos tener una gran conversación», dijo Maestas. «Creemos que es razonable y gradual. Pero Nuevo México no debe participar en el encarcelamiento masivo que ICE está haciendo en estos días».

 

Genovese dijo que es probable que el proyecto de ley sea aprobado debido a la mayoría demócrata de la Legislatura, así como el apoyo de la comunidad. «Cuando sus electores lo apoyan, sé que nuestros políticos de Nuevo México los escuchan y votan en esa dirección», dijo.

 

“Nuevo México no debe participar en el encarcelamiento masivo que ICE está haciendo en estos días».
Moe Maestas, Senador de NM

 

Virginia, Nueva Jersey e Illinois promulgaron recientemente una legislación similar en materia de detención. Genovese dijo que esto se está convirtiendo en un movimiento nacional.

 

«Es una tendencia creciente de los estados que dicen: ‘No pondremos en peligro la salud y la seguridad de las personas que se encuentran bajo nuestra jurisdicción sometiéndolas a un trato inhumano en los centros de detención de inmigrantes'», afirmó.

 

 

Preocupaciones económicas

 

Los promotores del proyecto de ley afirman que quienes se opongan a la legislación serán probablemente quienes obtengan beneficios de los centros de detención, como las empresas privadas o las ciudades de los alrededores.

 

Pero, según Genovese, ese no es un argumento de peso contra el proyecto de ley, ya que los centros podrían no ser realmente tan útiles desde el punto de vista económico, según han demostrado las investigaciones.

 

Nathan Craig, profesor de antropología de la Universidad Estatal de Nuevo México, fue testigo experto de la diputada Angélica Rubio (D-Las Cruces) en 2021, cuando los legisladores intentaban acabar con las prisiones privadas en el estado. Dijo que los centros de detención en las zonas rurales no ayudan a la economía local tanto como la gente cree, porque muchos trabajadores vienen de áreas metropolitanas más distantes.

 

De hecho, la mayoría de los guardias del centro de Chaparral viven en El Paso, Texas, dijo Ortiz y Pino. Para los neomexicanos que pierdan su empleo, dijo, hay muchos centros penitenciarios en otras partes del estado que necesitan trabajadores desesperadamente. Maestas corroboró esta afirmación.

 

«Cuando las cárceles o prisiones cierran, la ciudad no cierra», dijo.

 

 

Megan Gleason es becaria de Source New Mexico. Este artículo ha sido publicado por Source New Mexico bajo una licencia Creative Commons.

 

Traducido por Juan Carlos Uribe-The Weekly Issue/El Semanario.