Ana Temu Otting
Un martes por la tarde, recibí la llamada que más temía: Mi hermano había sido detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La táctica que utilizaron los agentes no era nueva. El agente de libertad condicional de mi hermano había compartido su hora de reunión con el ICE, y ellos habían esperado fuera del edificio para arrestarlo. Un año después, en 2019, pude llamar a mi hermano para decirle que Colorado había aprobado una ley que prohibía a los agentes de libertad condicional compartir con el ICE información de identificación personal, como las horas de reunión programadas. La ley pretendía garantizar que los miembros de la comunidad inmigrante pudieran acudir a las reuniones de libertad condicional y cumplir con sus requisitos judiciales sin miedo, porque los funcionarios judiciales ya no cooperarían con el ICE. Era un esfuerzo por restaurar la confianza en el proceso judicial. Pensé que otros habitantes de Colorado estarían protegidos para no experimentar lo que mi familia pasó. Pero recientemente, nos enteramos de que el ICE está eludiendo la ley mediante el uso de corredores de datos para encontrar y deportar a los inmigrantes.
No podemos permitir que el ICE o LexisNexis sigan creciendo, en Colorado o en cualquier otro estado del país, recopilando y compartiendo datos que socavan la ley estatal y engendran abusos de los derechos humanos.
Durante décadas, las comunidades de inmigrantes han luchado para protegerse de la aplicación injusta de la ley debido a la colaboración entre el ICE y los gobiernos locales. En los últimos años, Colorado ha aprobado leyes que prohíben a las agencias y empleados estatales compartir información de identificación personal con las agencias federales sin una orden judicial o una investigación penal. El estado también se ha asegurado de que no se puedan llevar a cabo detenciones civiles por motivos de inmigración de camino al juzgado, en el juzgado, a la vuelta del juzgado o en las oficinas de libertad condicional. Todas estas protecciones se han establecido para garantizar que los inmigrantes puedan empezar a recuperar la confianza en la administración local para participar en la vida cívica, llamar a los servicios de emergencia, obtener un permiso de conducir o sentirse seguros al acudir a los tribunales.
En lugar de obedecer la intención de la ley, el ICE ha comenzado a buscar nuevas formas de encontrar y deportar a las personas. En un informe publicado recientemente por la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Colorado, el ICE contrató al agente de datos Appriss Solutions para obtener acceso por la puerta trasera a los datos que la ley de 2019 prohibía compartir directamente a los agentes de la ley. Appriss permite a los agentes del ICE acceder a los datos de reserva en tiempo real a través de una plataforma llamada LexisNexis Accurint Virtual Crime Center.
LexisNexis se vende a sí misma como la que reúne «datos desconectados de más de 10.000 fuentes diferentes, incluidas las agencias policiales de todo el país y los registros públicos», para dar a las fuerzas de seguridad una «visión completa de la identidad de las personas», según su sitio web. Aunque históricamente LexisNexis no ha podido compartir datos directamente con el ICE, una reciente transición en las prácticas de gestión de datos de la empresa puede hacer que estos datos personales estén directamente disponibles para todos los miembros de la suscripción, incluido el ICE. Anteriormente, se implementaron herramientas de datos similares a nivel federal con la intención específica de dirigirse a las comunidades musulmanas después del 11 de septiembre. Accurint ha comercializado la misma tecnología en un intento de privatizar la gestión de los datos de las fuerzas del orden, y ahora, organismos como el ICE pagan por acceder a datos que los legisladores han tratado de mantener privados.
Sin embargo, no es sólo el ICE el que elude las políticas de Colorado. Los sheriffs de los condados también comparten información a través de contratos de datos con la misma empresa. Es posible que no todas las oficinas sean conscientes de su participación en esta solución. Algunos son conscientes: el jefe de operaciones de la Oficina del Sheriff del Condado de Denver, Vincent Line, forma parte de la junta directiva de Accurint. Al utilizar el Centro Virtual del Crimen de Accurint y el Intercambio de Seguridad Pública, los datos de la justicia penal de 87 organismos policiales de Colorado -incluidos los datos de los fichajes y de la hora de liberación- se almacenan en las bases de datos de LexisNexis a las que puede acceder el ICE.
Muchos estados tienen políticas para evitar este tipo de detenciones por parte del ICE. En julio de 2021, el ICE identificó 463 cárceles de todo el país que no cooperaban con las solicitudes de retención de inmigrantes y otras 156 que demostraban una cooperación limitada. La organización ha sido sincera sobre la contratación de LexisNexis con el fin de eludir las políticas estatales. En una explicación presupuestaria de por qué querían contratar a Appriss, la agencia explicó: «Debido a cambios políticos o legislativos, [la Oficina de Ejecución y Expulsión del ICE] ha experimentado un aumento en el número de agencias de aplicación de la ley y gobiernos estatales o locales que no comparten información sobre el encarcelamiento en tiempo real de ciudadanos nacidos en el extranjero con el ICE … Habría un gran impacto operativo en la seguridad pública sin estas herramientas de detección».
Pero sabemos que la verdadera seguridad pública y la confianza de la comunidad son más fuertes cuando el ICE no está involucrado en las operaciones del gobierno local. Los inmigrantes de todo el país tienen miedo de pedir ayuda en sus momentos de mayor necesidad porque creen que si llaman al 911, también pueden estar llamando a inmigración. Los estados de todo el país están erigiendo salvaguardias de las libertades civiles por una razón: garantizar una verdadera seguridad pública para todas las comunidades. Sin embargo, las operaciones que se saltan las leyes estatales seguirán dando lugar a numerosas violaciones de los derechos humanos, incluidas las del derecho a la intimidad y el derecho a vivir sin discriminación.
Las conclusiones de este informe ponen de manifiesto la necesidad de políticas más audaces que mantengan la privacidad de los datos personales de las comunidades y garanticen que las agencias federales cumplen la legislación estatal. Sin embargo, la carga de corregir esta injusticia no recae únicamente en el ICE. Tanto Appriss Solutions como las oficinas de los sheriffs de los condados deben rendir cuentas por su complicidad en el intercambio de datos. No podemos permitir que el ICE o LexisNexis sigan creciendo, en Colorado o en cualquier otro estado del país, recopilando y compartiendo datos que socavan la ley estatal y engendran abusos de los derechos humanos.
Ana Temu Otting es coordinadora de la campaña de inmigración de la Unión Americana de Libertades Civiles de Colorado.
Para leer más comentarios: ELSEMANARIO.US
- La Demagogia se Antepone a la Economía - junio 30, 2025
- Celebración Honorífica de la Biblioteca Rodolfo “Corky” Gonzales - junio 30, 2025
- Celebrando un Legado: La Biblioteca Rodolfo “Corky” Gonzales Conmemora el Natalicio 97 de Su Líder - junio 30, 2025
