\nParec\u00eda que Michele Silva estaba haciendo todo lo posible por responderle al gobierno por las infracciones de tr\u00e1nsito y un cargo por hurto menor en su ciudad natal de Alamosa, Colorado, en el Valle de San Luis.<\/p>\n
Aunque era empleada itinerante en cosechas temporales y fabricaci\u00f3n, Silva igual logr\u00f3 reunir las multas de $600 que le hab\u00eda impuesto la corte, e interrumpi\u00f3 su vida ya incierta una docena de veces para presentarse a audiencias exigidas por el juez.<\/p>\n
Nunca era suficiente.<\/p>\n
Un juez municipal expidi\u00f3 una orden judicial para que la arrestaran en 2015 por no haberse presentado a pagar como estaba programado. Cuando intent\u00f3 pagar en enero de 2016, la arrestaron por orden judicial justo en la ventanilla administrativa. Despu\u00e9s de haber faltado a otro chequeo para pagar la deuda restante, la arrestaron nuevamente, le exigieron que pagara una fianza de $1,000, y la encarcelaron otra vez por 14 d\u00edas cuando no logr\u00f3 reunir esa cantidad.<\/p>\n
\u201cLa pobreza no deber\u00eda ser una raz\u00f3n para que la gente est\u00e9 en la c\u00e1rcel\u201d.
\nMark Silverstein\n<\/p><\/blockquote>\nTodo esto por delitos subyacentes por los cuales abogados especializados en derechos civiles dicen que va en contra de la ley de Colorado aplicar una sentencia de encarcelamiento: una infracci\u00f3n debido al cintur\u00f3n de seguridad, una infracci\u00f3n por la silla para ni\u00f1os y un robo de menos de $100.<\/p>\n
Alex Raines, abogado en el Valle de San Luis, ha representado a docenas de clientes con problemas similares a los de Silva, y alterna entre indignaci\u00f3n y fatiga a las pr\u00e1cticas de recaudaci\u00f3n y encarcelamiento de algunas cortes municipales en Colorado. Los acusados pueden faltar a las audiencias de pagos\u2014a veces programadas cada mes por a\u00f1os y a\u00f1os\u2014porque est\u00e1n asistiendo a un programa de rehabilitaci\u00f3n de drogas, est\u00e1n encarcelados en otro lugar, no tienen transporte o les da miedo faltar al trabajo.<\/p>\n
\u201cEst\u00e1n tratando de sacarle sangre a una piedra\u201d, Raines dijo. \u201c\u00bfEn serio? \u00bfVas a gastar $500 poni\u00e9ndolos en la c\u00e1rcel porque quieres sacarles $200 que no tienen? Basta. Ya basta. Hay muchas otras formas de utilizar los recursos\u201d.<\/p>\n
La oficina de Colorado de la Uni\u00f3n Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en ingl\u00e9s) cit\u00f3 abusos repetidos de principios constitucionales y precedentes judiciales en las cortes administradas \u201ccomo un feudo, que abusan los derechos de los acusados penales\u201d, en un informe publicado en octubre de 2017. Silva y muchas otras personas compartieron sus historias con los investigadores de la ACLU de Colorado. \u00a0(Silva y otros incluidos en este art\u00edculo no pudieron o no quisieron hacer m\u00e1s comentarios, sosteniendo que ciertos casos todav\u00eda estaban en juicio.)<\/p>\n
Desde Alamosa hasta Northglenn, y de Colorado Springs a Westminster, cortes municipales y c\u00e1rceles de condados han encarcelado regularmente a personas que viven en la pobreza porque no tienen los recursos para pagar multas o fianzas, seg\u00fan encontr\u00f3 el informe de la ACLU de Colorado. Esto viola las suposiciones b\u00e1sicas de que la ley en Estados Unidos no tolera el encarcelamiento de deudores.<\/p>\n
Adem\u00e1s, aunque algunos abusos sist\u00e9micos han sido lo suficientemente obvios como para dar lugar a mejoras bipartidarias en la legislatura estatal, recientes an\u00e1lisis de la ACLU de Colorado dicen demostrar que los jueces y administradores se aprovechan de vac\u00edos legales para seguir encarcelando a personas que viven en la pobreza. Y esto no es debido a delitos supuestos, sino porque no pueden pagar las multas y los cargos subsecuentes.<\/p>\n
El encarcelamiento por no pagar multas originadas en delitos menores desgasta la salud f\u00edsica y mental de familias en Colorado. La ACLU de Colorado encontr\u00f3 que se ha encarcelado a madres separ\u00e1ndolas de beb\u00e9s reci\u00e9n nacidos; personas adictas a las drogas se rehusaron a o dejaron un programa de rehabilitaci\u00f3n para ir a audiencias de pagos impuestas por la corte; personas encarceladas pierden su trabajo y la custodia de sus hijos, y sus antecedentes les cortan el acceso a empleos en el futuro.<\/p>\n
Estudios de investigaci\u00f3n tambi\u00e9n han encontrado que el encarcelamiento previo a un juicio de quienes solamente no pueden reunir el dinero en efectivo para pagar una fianza deja a los acusados que viven en la pobreza con mayor probabilidad de declararse culpables y de sufrir las consecuencias a largo plazo de una sentencia en prisi\u00f3n y tener antecedentes penales. Las altas tasas de encarcelamiento por todo Estados Unidos tambi\u00e9n afectan a los vecindarios de los acusados, durante su ausencia y cuando regresan a sus hogares.<\/p>\n
\u201cLa pobreza no deber\u00eda ser una raz\u00f3n para que la gente est\u00e9 en la c\u00e1rcel\u201d, dijo Mark Silverstein, director legal de la ACLU de Colorado. \u201cNo est\u00e1 bien tener un sistema de justicia con dos niveles: uno f\u00e1cil para las personas con los medios para hacerse camino, y otro que atrapa a las personas pobres en la c\u00e1rcel o en una serie de otras consecuencias debido a su pobreza, no debido a alguna conducta en particular\u201d.<\/p>\n
La ACLU de Colorado sostiene que la trampa del encarcelamiento por deudas viola la Constituci\u00f3n de EE. UU. de dos formas: negando la cl\u00e1usula de igualdad de protecci\u00f3n al otorgarles a las personas m\u00e1s acaudaladas acceso m\u00e1s f\u00e1cil a la libertad; y, abusando de la cl\u00e1usula del proceso justo al no permitir que los acusados se presenten ante la corte para explicar en detalle su pobreza al enfrentar multas exorbitantes.<\/p>\n
\u201cObtuvimos evidencia de todas partes del estado\u201d, dijo Rebecca Wallace, abogada de planta en la ACLU de Colorado. \u201cNos sorprendi\u00f3 mucho lo obvias que eran estas violaciones, y nos permiti\u00f3 entender lo poco que se supervisan y regulan estas cortes municipales cuando operan bajo un mal liderazgo\u201d.<\/p>\n
La ACLU de Colorado dijo que no analiz\u00f3 con base en el grupo racial o \u00e9tnico los casos de encarcelamiento por deudas de la corte municipal. Sin embargo, seg\u00fan su propia experiencia y resultados de estudios nacionales sobre la justicia penal, los representantes locales de la ACLU dijeron que s\u00ed creen que los problemas de encarcelamiento por deudas afectan m\u00e1s a las personas de color que a las personas blancas en Colorado.<\/p>\n
El informe de la ACLU de Colorado y recientes noticias nacionales destacan una serie de pr\u00e1cticas en las cortes locales que equivalen a recrear las condiciones del encarcelamiento por deudas:<\/p>\n
-Expedir \u00f3rdenes judiciales para arrestar a personas culpadas de delitos menores por \u201cfalta de pago\u201d o \u201cno presentarse\u201d a conferencias de pago, cuando esos acusados claramente no pod\u00edan pagar.<\/p>\n
-Encarcelar a aquellos que dijeron no poder pagar multas y cargos, y usar cada d\u00eda en la c\u00e1rcel para borrar $50 de la deuda.<\/p>\n
-No liberan bajo palabra a acusados que estaban esperando su juicio en casos de delitos menores y, en lugar, demandar fianzas de dinero en efectivo que los acusados jam\u00e1s podr\u00edan pagar. La ACLU de Colorado calcula que entre el 50 y 70 por ciento de la poblaci\u00f3n en las c\u00e1rceles locales de Colorado son acusados esperando su juicio que viven en la pobreza y no pudieron pagar hasta una fianza m\u00ednima.<\/p>\n
-Sistemas de libertad provisoria en otros estados que contratan a servicios privatizados de libertad condicional que cobran altos cargos a los clientes y pueden forzarlos a regresar a la c\u00e1rcel por falta de pago.<\/p>\n
El informe de octubre sobre 220 sistemas de cortes municipales en Colorado reuni\u00f3 evidencia particularmente en la corte de Alamosa debido a lo que llam\u00f3 el abogado local Daniel Powell describi\u00f3 como \u201cla seriedad y frecuencia de sus violaciones de los derechos de los acusados\u201d a manos de su \u00fanico juez\u201d.<\/p>\n
Powell, quien hasta hace poco divid\u00eda su tiempo como abogado privado y como juez municipal tanto en Alamosa como en Monte Vista, dictaminaba \u201clas sanciones m\u00e1s duras por conducta usualmente menor y no violenta con poco o sin riesgo para la seguridad p\u00fablica\u201d, seg\u00fan el informe de la ACLU de Colorado.<\/p>\n
El informe destac\u00f3 a Powell y a Alamosa por imponer cargos y multas altas, demandar planes de pago imposibles de cumplir, agregar cargos por no haber cumplido con un pago, requerir a\u00f1os de visitas disruptivas para deliberar pagos y arrestos frecuentes por no pagar.<\/p>\n
Powell no contest\u00f3 a las llamadas ni a los mensajes por correo electr\u00f3nico que se hicieron a su despacho. Renunci\u00f3 a su puesto de juez en Alamosa a partir de finales de 2017, seg\u00fan Colorado Public Radio y, en su lugar, Alamosa ya puso a un nuevo juez de la ciudad.<\/p>\n
Ashley Medina es una de las habitantes del Valle de San Luis cuyas experiencias se incluyeron en el informe de la ACLU de Colorado, y su familia le dijo a la corte de Alamosa que ella estaba lidiando con una adicci\u00f3n y tratando de obtener tratamiento a pesar de que Medicaid no lo estaba pagando. Medina ten\u00eda $800 en multas y cargos por pagos tard\u00edos por tres condenas de hurto menor, y a lo largo del tiempo hab\u00eda logrado reunir $259 para pagar.<\/p>\n
Pero en 2015, a Medina la arrestaron bajo una orden de detenci\u00f3n por no haber pagado. Esper\u00f3 seis d\u00edas para ver al juez, y luego le impusieron una fianza de $1,000 que a su familia le tom\u00f3 reunir otros siete d\u00edas. Meses despu\u00e9s, la arrestaron otra vez por no pagar, y pas\u00f3 23 d\u00edas m\u00e1s en la c\u00e1rcel esperando que programaran su audiencia y para que su familia pudiera reunir el dinero para la fianza.<\/p>\n
En total, pas\u00f3 36 d\u00edas en la c\u00e1rcel debido a los $800 d\u00f3lares en multas.<\/p>\n
El gobierno de la ciudad de Alamosa tom\u00f3 seriamente el informe y est\u00e1 trabajando para implementar cambios, aunque reprendi\u00f3 a la ACLU de Colorado por \u201ctomar por sorpresa\u201d a la ciudad con el informe y por no tener en cuenta los antecedentes penales a veces extensos de los acusados cuyas historias resalt\u00f3 en el informe. La corte ya est\u00e1 reformando sus pr\u00e1cticas y ha llamado a expertos judiciales externos como consultores. Los funcionarios de la ciudad tambi\u00e9n dijeron que est\u00e1n balanceando constantemente los derechos de los acusados con las demandas locales de mantenerse firmes contra el crimen.<\/p>\n
El Valle de San Luis es un punto de enfoque de una epidemia nacional de opioides. Los l\u00edderes comunitarios dicen que est\u00e1 alimentando las tasas de adicci\u00f3n, robos, reci\u00e9n nacidos afectados por las drogas, disturbios dom\u00e9sticos y otros incidentes que pueden acabar con una comunidad.<\/p>\n
\u201cTenemos a v\u00edctimas en nuestra comunidad a quienes les est\u00e1n robando, vandalizando. Se necesita obtener justicia para las v\u00edctimas y prevenir el crimen para que no suceda otra vez\u201d, dijo Heather Brooks, administradora de la Ciudad de Alamosa.<\/p>\n
El informe de la ACLU de Colorado \u201cno refleja el tipo de corte que realmente tenemos. \u00bfTenemos una corte que puede mejorar sus procesos? Absolutamente\u201d, Brooks dijo. Pero, agreg\u00f3, el informe \u201cno reflej\u00f3 el ambiente completo de lo que est\u00e1 sucediendo\u201d.<\/p>\n
Mucho antes del informe, Brooks dijo, Alamosa lanz\u00f3 un programa para delincuentes j\u00f3venes que evita que tengan antecedentes penales y en lugar ofrece servicios de apoyo. Ahora Alamosa est\u00e1 ampli\u00e1ndolo para muchos delincuentes adultos.<\/p>\n
Durante los \u00faltimos meses de 2017, empleados de la ciudad y el consejo se reunieron con Powell muchas veces para hablar sobre las tareas pr\u00e1cticas de la corte y la filosof\u00eda judicial al lidiar con acusados marginados, Brooks dijo. El consejo est\u00e1 estudiando la posibilidad de despenalizar numerosas ofensas municipales, incluidas algunas ofensas infracciones menores de tr\u00e1nsito y cargos penales menores. Esta \u00faltima categor\u00eda, Brooks agreg\u00f3, con frecuencia se ve impulsada por \u201cla adicci\u00f3n u otras malas decisiones en la vida, como el hurto menor y el traspaso\u201d.<\/p>\n
A principios de noviembre, Alamosa tambi\u00e9n firm\u00f3 un contrato planeado hace tiempo con una agencia comunitaria penitenciaria para mantener a los delincuentes menores de edad completamente fuera de la c\u00e1rcel, mediante opciones como ponerlos en libertad durante el d\u00eda para que trabajen y ofrecerles m\u00e1s servicios de apoyo.<\/p>\n
Raines, el abogado defensor local, dijo que Alamosa s\u00ed parece estar implementando reformas, pero resiente que los funcionarios de la ciudad hayan respondido a las cr\u00edticas culpando a los acusados. A la respuesta oficial de la ciudad al informe de la ACLU de Colorado se adjuntaron los antepasados penales m\u00e1s extensos de muchas de las personas mencionadas como ejemplos de encarcelamiento por deudas.<\/p>\n
\u201cSu respuesta al informe de la ACLU fue deplorable\u201d, Raines dijo.<\/p>\n
La ACLU de Colorado dijo que se siente complacida al ver que Alamosa est\u00e1 modificando sus pr\u00e1cticas en las cortes municipales. Sin embargo, agreg\u00f3 que es importante preservar los derechos de los acusados, aunque tengan antecedentes problem\u00e1ticos.<\/p>\n
El argumento de que la corte \u201cestaba haciendo un bien p\u00fablico mayor al tomar en consideraci\u00f3n el pasado penal m\u00e1s amplio, por robar un Slurpee, no pasa la prueba del olor, y no es un uso apropiado del poder judicial\u201d, Wallace dijo.<\/p>\n
\u201cExpedir una orden judicial por no comparecer para una persona que en ese momento est\u00e1 en un programa residencial para rehabilitaci\u00f3n de drogas est\u00e1 mal. No se puede excusar cada uno de estos casos diciendo: \u2018esa persona era realmente mala\u2019\u201d.<\/p>\n
En meses recientes, los reformistas tambi\u00e9n se han enfocado en el Condado de El Paso, documentando y criticando la pr\u00e1ctica de la corte del condado de mantener encarcelados a los acusados durante semanas antes de un juicio\u2014a\u00fan despu\u00e9s de que un juez los libere bajo palabra\u2014simplemente porque no pagaron un cargo de $55 por servicios previos al juicio.<\/p>\n
Un consultor con el Instituto Penitenciario Nacional le advirti\u00f3 al condado en junio que los promotores de los derechos judiciales en muchos otros estados estaban haciendo demandas debido a cargos similares.<\/p>\n
La ACLU de Colorado present\u00f3 un juicio federal en noviembre, sosteniendo que el Condado de El Paso viol\u00f3 los derechos de Jasmine Still y otros acusados al encarcelarlos debido al cargo aunque un juez hab\u00eda permitido que los liberaran.<\/p>\n
A Still la arrestaron originalmente por posesi\u00f3n de metanfetaminas. Un juez decidi\u00f3 que no presentaba un riesgo contra el p\u00fablico ni de escaparse. Estuvo en la c\u00e1rcel por 27 d\u00edas por un cargo de $55 previo al juicio, mientras otras personas cuidaban a su beb\u00e9 reci\u00e9n nacido. El juicio dice que a otros acusados los detuvieron hasta por 119 d\u00edas por no pagar el mismo cargo.<\/p>\n
\u201cNo pens\u00e9 que se pudiera encarcelar a alguien solo porque fuera pobre\u201d, Still dijo en una declaraci\u00f3n cuando se present\u00f3 la demanda.<\/p>\n
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Dave Rose, vocero del Condado de El Paso, dijo que el sistema de cargos se ha malinterpretado, y que los acusados siempre pueden pedir que les perdonen los cargos y los liberen. Sin embargo, otras personas han dicho, que las recomendaciones para eximir o perdonar los cargos las hicieron empleados del condado en una oficina en donde los costos por supervisi\u00f3n se \u201ccompensan\u201d con los cargos, y que el sistema para eximir los cargos es un misterio para los acusados.<\/p>\n
Mediante una orden emitida el 16 de noviembre, el juez principal del condado detuvo la pr\u00e1ctica de encerrar a las personas debido a cargos. Rose dijo que el Condado del El Paso estaba tratando de expandir los servicios previos al juicio antes de la demanda de la ACLU de Colorado. La expansi\u00f3n, despu\u00e9s de a\u00f1os de recortes presupuestarios debido a la Gran Recesi\u00f3n, \u201cpermitir\u00e1 la liberaci\u00f3n supervisada de muchas m\u00e1s personas que esperan por un juicio en comparaci\u00f3n con nuestro programa actual de nivel medio\u201d, Rose dijo.<\/p>\n
Los abogados de la ACLU de Colorado dijeron que sus estudios demuestran que muchas cortes siguen usando pr\u00e1cticas que los cambios en la legislaci\u00f3n estatal actual buscan discontinuar. En 2014, la legislatura pas\u00f3 una propuesta de ley obligando a los jueces a tener una audiencia sobre si un acusado podr\u00eda realmente pagar multas. A los acusados no se los pod\u00eda encarcelar sin que tuvieran esa audiencia.<\/p>\n
Seg\u00fan la ACLU de Colorado, la ley dej\u00f3 un vac\u00edo legal del que los jueces municipales se aprovecharon: con frecuencia alargaron los pagos y exigieron que los acusados se presentaran cada fecha de pago; si no, los pod\u00edan arrestar bajo una orden judicial por no presentarse. En 2016, la legislatura cerr\u00f3 el vac\u00edo legal y demand\u00f3 un mejor acceso a defensores p\u00fablicos.<\/p>\n
Alamosa, entre otras, no pareci\u00f3 prestar atenci\u00f3n a toda la legislaci\u00f3n nueva. Erich Schwiesow, abogado de la ciudad de Alamosa, dijo que una examinaci\u00f3n a cargo del personal encontr\u00f3 \u201cun pu\u00f1ado\u201d de casos que violaron la nueva ley despu\u00e9s de que se puso en vigor en enero. \u201cEse es un problema del que absolutamente nos hemos encargado\u201d, Schwiesow agreg\u00f3.<\/p>\n
Un n\u00famero de cortes locales en Colorado est\u00e1n trabajando para implementar reformas, Silverstein de la ACLU de Colorado reconoci\u00f3. \u201cQueda mucho camino por andar\u201d, dijo. La ACLU de Colorado y sus aliados continuar\u00e1n promoviendo esfuerzos para la reforma de fianzas, tanto para aliviar el atestamiento en las c\u00e1rceles como para darles a los acusados esperando un juicio la mayor probabilidad de participar en su defensa, mantener su trabajo y dejar a las familias juntas.<\/p>\n
\u201cEntre el 50 y 70 por ciento de los prisioneros en las atestadas c\u00e1rceles de Colorado est\u00e1n en la c\u00e1rcel solo porque no pueden reunir el dinero para pagar la fianza. Son inocentes ante la ley\u201d, Silverstein dijo. \u201cEs otra forma del encarcelamiento por deudas\u201d.<\/p>\n
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Michael Booth es un Escritor en Denver, Colorado. Reproducido con permiso de The Colorado Trust (www.coloradotrust.org).<\/p>\n
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