Por Lindsey Toomer, Colorado Newsline
Posted February 26, 2026
Un juez de Denver dictaminó recientemente que el Departamento Correccional de Colorado violó la prohibición estatal de servidumbre involuntaria tras una demanda colectiva presentada por personas encarceladas en Colorado.
La jueza Sarah B. Wallace afirmó en su fallo que el departamento no puede amenazar ni imponer aislamiento durante más de dos días y no puede acusar a las personas de delitos según el código disciplinario de la prisión por negarse a trabajar. Las políticas actuales del departamento que permiten castigar por negarse a trabajar violan la Constitución de Colorado.
Los demandantes, liderados por Harold Mortis, afirmaron que el estado castigaba a las personas encarceladas que se negaban a participar en programas de trabajo obligatorios. Las personas encarceladas pueden perder privilegios y “tiempo ganado”, que acelera la elegibilidad para la libertad condicional, y pueden ser enviadas a alojamientos restrictivos si se niegan a trabajar.
Este es un caso pionero en el país, y esperamos que contribuya a sentar un precedente importante y decisivo en cuanto a que las personas encarceladas tienen derechos básicos y fundamentales”.
David Seligman, Towards Justice y candidato demócrata a fiscal general de Colorado
Casi dos tercios de los votantes de Colorado apoyaron la Enmienda A en 2018, que derogó la “cláusula de excepción” del estado, una disposición de la 13.ª Enmienda y de muchas constituciones estatales que prohibía la esclavitud y la servidumbre involuntaria, salvo como castigo por un delito. Fue el primer estado en abolir su cláusula de excepción. La constitución estatal ahora simplemente dice: “Nunca habrá en este estado esclavitud ni servidumbre involuntaria”.
En su fallo, Wallace afirmó que “el mecanismo de coacción no es un caso aislado, sino una característica omnipresente y activamente operativa de la gestión laboral del CDOC”.
El caso Mortis contra Polis fue presentado ante el Tribunal de Distrito de Denver por defensores legales progresistas, entre los que se encuentran Towards Justice, End Slavery Colorado y Maxted Law. El juicio por la demanda presentada en 2022 tuvo lugar en octubre.
Gran parte de lo que ocurre dentro de las prisiones “no tiene nada que ver” con la seguridad pública, sino más bien con “los beneficios y el poder”, afirmó David Seligman, director ejecutivo de Towards Justice y candidato demócrata a fiscal general de Colorado.
“Este es un caso pionero en el país, y esperamos que contribuya a sentar un precedente importante y decisivo en cuanto a que las personas encarceladas tienen derechos básicos y fundamentales”, afirmó Seligman.
Alondra González-García, portavoz del Departamento de Correccionales, dijo que el departamento evaluará las implicaciones legales y operativas del fallo para determinar los próximos pasos a seguir. Afirmó que los programas del departamento están diseñados para proporcionar formación profesional y oportunidades de rehabilitación con el fin de facilitar la reinserción en la comunidad.
«El Departamento de Correccionales está de acuerdo en que la esclavitud y el trabajo forzoso son incorrectos e ilegales y no cree que hayamos participado en ninguno de ellos», dijo en un comunicado. “El Departamento sigue comprometido con el cumplimiento de la Constitución de Colorado y cree que lo hemos estado, a pesar de la sentencia. También estamos comprometidos con garantizar la seguridad y la protección de nuestras instalaciones, nuestro personal y la población reclusa”.
Aunque está de acuerdo en que los programas de trabajo dentro de las prisiones estatales pueden ser fundamentales para la rehabilitación, Seligman afirmó que el trabajo forzoso no contribuye a los objetivos de rehabilitación.
“Para que el trabajo y el empleo nos ayuden realmente a minimizar la reincidencia y garanticen que las personas que salen de prisión se reincorporen a la comunidad y estén en condiciones de llevar una vida productiva y satisfactoria, el trabajo debe ser voluntario”, afirmó Seligman. “Es necesario que haya autonomía en ello”.
Seligman dijo que espera tener una relación de colaboración con el Departamento de Correccionales, la oficina del gobernador y la oficina del fiscal general para garantizar que los programas de trabajo empoderen a las personas y minimicen la reincidencia.
“Queremos participar activamente en ese proyecto”, afirmó Seligman. “Creo que, en cierto modo, esta victoria es el comienzo de ese proyecto, el comienzo de esa colaboración, esperamos”.
Las leyes sobre el salario mínimo no se aplican a los trabajadores encarcelados en Colorado, que en 2022 ganaban entre 0,33 y 1,61 dólares por hora. Otras protecciones laborales tampoco se aplican a las personas encarceladas.
Lindsey Toomer es periodista de Colorado Newsline. Este artículo se ha vuelto a publicar desde Colorado Newsline bajo una licencia Creative Commons. Colorado Newsline forma parte de States NewsroomStates Newsroom, la organización de noticias sin ánimo de lucro más grande del país centrada en los estados.
Traducido por Juan Carlos Uribe, The Weekly Issue/El Semanario.
- Un Juez Dictamina que las Prisiones de CO No Pueden Castigar a los Reclusos por Negarse a Trabajar - marzo 2, 2026
- Legisladores Buscan Ayudar a Que Más Estudiantes de CO Consigan Empleos Bien Remunerados - febrero 26, 2026
- Cuidando a Denver Gasta el Dinero de los Contribuyentes en Alcohol y Comidas y lo Asigna a Beneficiarios Problemáticos - febrero 26, 2026
