Por Jocelyn Sherman
Posted July 10, 2025
En la semana pasada, residentes, trabajadores y grupos de defensa de diversas industrias del sur de California demandaron al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en un tribunal federal por secuestrar y desaparecer a miembros de la comunidad mediante prácticas ilegales de detención y arresto, y por confinar a personas en un edificio federal en condiciones ilegales, negándoles el acceso a abogados.
La demanda, presentada por cinco trabajadores individuales, así como por tres organizaciones de miembros y un proveedor de servicios legales —La Red de Centros de Trabajadores de Los Ángeles (The Los Angeles Worker Center Network), la Unión de Campesinos (United Farm Workers UFW), la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (Coalition for Humane Immigrant Rights CHIRLA) y el Centro Legal para Defensores de Inmigrantes (Immigrant Defenders Law Center)— denuncian que el DHS ha arrestado y detenido inconstitucionalmente a personas con el fin de cumplir con las cuotas de arrestos arbitrarios establecidas por la administración Trump.
“Desde el 6 de junio, matones enmascarados han invadido Los Ángeles, aterrorizando a nuestras comunidades de color y violando la Constitución en el proceso”, dijo Mohammad Tajsar, abogado senior de la Fundación ACLU del Sur de California, que representa a los demandantes. “Independientemente de su estatus o del color de su piel, todos tienen garantizados los derechos constitucionales que los protegen de las detenciones ilegales. Haremos que el DHS rinda cuentas”.
Los demandantes pretenden representar a dos tipos de personas, aquellas que han sido o serán objeto de prácticas ilegales de 1) detenciones sin sospecha y 2) arrestos sin orden judicial y sin evaluación del riesgo de fuga.
Desde el 6 de junio, matones enmascarados han invadido Los Ángeles, aterrorizando a nuestras comunidades de color y violando la Constitución en el proceso”.
Mohammad Tajsar, Fundación ACLU del Sur de California
Los demandantes solicitan al tribunal que certifique el caso como una demanda colectiva y que dicte medidas cautelares preliminares y permanentes que impidan nuevas violaciones de los derechos de la Cuarta y Quinta Enmienda.
“Estas redadas se han dirigido contra los miembros más vulnerables de nuestra fuerza laboral, trabajadores esenciales que son la columna vertebral de nuestra economía local”, dijo Armando Gudino, director ejecutivo de la Red de Centros de Trabajadores de Los Ángeles (The Los Angeles Worker Center Network). “No podemos permitir que el perfil racial, los arrestos sin orden judicial y la negación del debido proceso se conviertan en el procedimiento operativo estándar en nuestras comunidades”.
Desde el 6 de junio, el gobierno federal ha desplegado agentes de inmigración en las calles, los lugares de trabajo y los vecindarios en Los Ángeles y los condados circundantes, creando un acoso y una redada de inmigración para toda la región. La demanda señala que “uno de los patrones más claros que han surgido en las redadas en el sur de California […] ha sido las detenciones y los interrogatorios […] basados en la raza y el origen étnico aparentes”.
“Los miembros de la comunidad del sur de California han sido detenidos y desaparecidos en instalaciones superpobladas, similares a calabozos, que carecen de comida, atención médica, higiene básica y camas”, afirmó Mark Rosenbaum, asesor especial senior para litigios estratégicos de Public Counsel, que representa a los demandantes. “El objetivo de esta drástica represión es acabar con los derechos básicos del debido proceso y ocultar a la opinión pública las terribles formas en que los agentes del ICE y de la Patrulla Fronteriza tratan a los ciudadanos y residentes que han sido estigmatizados por nuestro gobierno como delincuentes violentos basándose únicamente en el color de su piel. Esta demanda tiene como objetivo, en parte, poner fin a esa gran mentira”.
Los agentes han estado secuestrando a personas en masa y llevándolas al sótano de un edificio federal en el centro de Los Ángeles, conocido comúnmente como “B-18”, que carece de camas, regaderas o instalaciones médicas. La instalación fue diseñada para albergar temporalmente a un pequeño número de personas para que pudieran ser procesadas y liberadas, o procesadas y trasladadas a un centro de detención de larga duración.
“Hemos escuchado a más de 100 familias de personas llevadas al B-18 y a otros centros de detención que dan testimonio de que sus seres queridos están recluidos en condiciones inhumanas de hacinamiento y frío. Están recluidos en pequeñas habitaciones sin ventanas con docenas o más de personas detenidas, en espacios extremadamente reducidos, mientras son humilladas verbalmente y presionadas para que firmen documentos que no entienden”, dijo Angélica Salas, directora ejecutiva de CHIRLA. “Los angelinos retenidos en esas condiciones se ven privados habitualmente de comida, agua, ropa limpia, baños y acceso a información y asesoría, lo que puede tener graves consecuencias para sus posibilidades de reunirse con sus familias”.
Las actuales redadas han provocado la desaparición de más de 1500 personas. La demanda detalla cómo los agentes federales se niegan sistemáticamente a identificarse o a decir a qué agencia pertenecen cuando se les pregunta, utilizando el anonimato como táctica para proteger la ilegalidad.
“Las redadas en el sur de California se han llevado a cabo tanto en zonas urbanas como rurales. Hemos visto a agentes de la Patrulla Fronteriza persiguiendo a campesinos en los campos del condado de Ventura,” afirmó Teresa Romero, presidenta de la UFW. “Ahora, los trabajadores que alimentan a Estados Unidos van a trabajar con miedo. Sus hijos están aterrorizados, preguntándose si sus padres volverán a casa. Los campesinos se merecen algo major —ya hemos visto antes estas tácticas inconstitucionales y antiamericanas, con la Patrulla Fronteriza persiguiendo al azar a campesinos y a cualquier persona de piel morena en el condado de Kern durante su gran redada de enero—. Entonces presentamos una demanda y ahora también lo hacemos.»
Los demandantes están representados por la Fundación ACLU (ACLU Foundation) del Sur de California, Public Counsel, el bufete de abogados Stacy Tolchin, la Clínica de Solidaridad con los Inmigrantes y la Justicia Racial de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Irvine (UC Irvine School of Law Immigrant and Racial Justice Solidarity Clinic), la Red de Organización del Día Nacinal del Trabajador (National Day Laborer Organizing Network), las Fundaciones ACLU (ACLU Foundations) del Norte de California y de los condados de San Diego e Imperial, Hecker Fink LLP, Martinez Aguilasocho Law, Inc, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (Coalition for Humane Immigrant Rights CHIRLA) y el Centro de Defensa de los Inmigrantes (Immigrant Defenders Law Center).
“El gobierno federal está llevando a cabo una campaña de terror en todo el sur de California, secuestrando a miembros de la comunidad en las calles y recluyéndolos en condiciones deplorables, lejos de sus seres queridos, mientras les niega el acceso a asistencia legal”, afirmó Álvaro M. Huerta, director de litigios y defensa del Centro Legal para Defensores de Inmigrantes (Immigrant Defenders Law Center). “Es claramente inconstitucional, cruelmente inhumano y una violación de cualquier decencia común. Si la administración Trump insiste en pisotear los derechos de los angelinos, nos veremos en los tribunales”.
Lea la demanda: http://aclusocal.org/en/cases/vasquez-perdomo-v-noem/complaint. Más información sobre el caso: https://www.aclusocal.org/en/cases/vasquez-perdomo-v-noem.
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