Son Estadounidenses en Todo, Excepto en su Documentación

La decisión de hoy (8 de enero) sobre el TPS para salvadoreños es otro punto cruel en la intención del gobierno de Trump de deportar a millones.

Los salvadoreños beneficiarios de TPS han vivido aquí con permiso para trabajar durante casi dos décadas. Son estadounidenses en todo, excepto en su documentación. Ahora, el gobierno de Trump está tratando de obligarlos a regresar a un país sumido en la corrupción, la violencia y en la debilidad de su gobierno. Que este sea un anuncio cruel y despiadado es, para quienes lo idearon en el gobierno, uno de sus rasgos distintivos, no una excepción.

Con base en la dirección del presidente Trump, y con la guía de funcionarios y asesores como Jeff Sessions, John Kelly y Stephen Miller, el gobierno ha estado avanzando una visión radical que busca echar y mantener fuera a inmigrantes y refugiados.
Desde la primera semana de su presidencia, Trump y su gobierno se han dedicado a rehacer la política de inmigración y de refugiados de Estados Unidos.

El Congreso puede y debe arreglar esto: diversos proyectos de ley con apoyo bipartidista han sido enviados para crear una solución permanente para salvadoreños y beneficiarios de TPS.

La lista es tan larga como extrema: imposición de un veto a millones de musulmanes; reducción de admisiones de refugiados; búsqueda de decenas de billones de dólares para un estúpido muro fronterizo, agentes de deportación y centros de detención; destrucción de prioridades migratorias; deportación de inmigrantes establecidos durante mucho tiempo, sin importar su patrimonio; llevar a cabo “redadas silenciosas” contra inmigrantes que han cumplido con la ley y se han reportado regularmente con las autoridades; destrucción de las protecciones para menores centroamericanos que huyen de la violencia; uso del espectro de la delincuencia para llevar a cabo redadas de gran magnitud contra jóvenes inmigrantes; castigar jurisdicciones locales más interesadas en la seguridad pública que en ayudar y ser cómplices de la deportación masiva; buscar la reducción de la inmigración que llega legalmente; terminar DACA y hundir a 800,000 jóvenes inmigrantes en una crisis; y desmantelar las protecciones de cientos de miles de beneficiarios de TPS de diversas naciones sin posibilidades de aceptar su retorno.
El Congreso puede y debe arreglar esto: diversos proyectos de ley con apoyo bipartidista han sido enviados para crear una solución permanente para salvadoreños y beneficiarios de TPS. Necesitamos que miembros del Congreso –de ambos partidos– se comprometan en ello. Nuestra identidad nacional como un país diverso, fuerte y de bienvenida está en riesgo.

Frank Sharry, Director Ejecutivo de America’s Voice Education Fund.

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