Por Patrick Lohmann, Source New Mexico

Posted June 5, 2025 

 

 

El mes pasado, el fiscal federal en funciones de Nuevo México, Ryan Ellison, desestimó los cargos por delitos menores que su oficina había presentado anteriormente contra al menos tres personas acusadas de entrar ilegalmente en una zona militar recién creada en la frontera sur de Nuevo México.

 

Ellison explicó el giro en una presentación en la que dijo que las personas detenidas habían sido encontradas en una zona que su oficina pensaba que formaba parte de la nueva Área de Defensa Nacional. No era así. Como resultado, tres personas detenidas en las últimas semanas no se enfrentarán a cargos penales de nueva creación por entrar ilegalmente en una base militar, punibles con hasta un año de cárcel.

 

La retirada de los cargos pone de manifiesto la confusión que la nueva zona militar de 400 millas cuadradas ha creado en todos los poderes del Estado y en los tribunales desde que el Departamento de Interior de EE.UU. transfirió los terrenos al Ejército en abril.

 

“Es preocupante que incluso el Fiscal General en funciones de los Estados Unidos esté confundido con los límites de esta nueva Zona de Defensa Nacional”, dijo un portavoz del senador Martin Heinrich (D-NM) en una declaración enviada por correo electrónico el 29 de mayo, después de que Source New Mexico alertara a su oficina de los despidos. Heinrich ha criticado la nueva NDA y ha pedido al Departamento de Defensa que explique lo que significa para los recreadores y otras personas.

 

El 15 de abril, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el secretario del Interior, Doug Burgum, anunciaron la transferencia de tierras de la Oficina de Administración de Tierras al ejército, convirtiendo de hecho los 180 kilómetros de frontera que Nuevo México comparte con México en una base militar ampliada vinculada a Fort Huachuca, en Arizona.

Además de aumentar las patrullas del Ejército y facultar a los «militares [para] asumir un papel más directo en la seguridad de nuestra frontera sur», como dijo el presidente Donald Trump, la creación de la zona también permitió a los fiscales federales imponer cargos por delitos menores a las personas atrapadas en la nueva Área de Defensa Nacional.

 

La confusión sobre dónde cae esa zona existe no solo entre las agencias federales encargadas de hacer cumplir la NDA, sino también entre los residentes que viven, trabajan y asisten a la escuela a lo largo de la frontera, incluidos los ganaderos con arrendamientos de ganado BLM y los ciudadanos con doble nacionalidad que cruzan la frontera a diario.

 

Source NM pasó el pasado fin de semana en la zona y habló con los residentes, que describieron el latigazo cervical que supone la transferencia, aparentemente de la noche a la mañana, de tierras públicas federales a una base militar ampliada.

 

El terreno incluye parcelas de propiedad privada rodeadas de tierras federales; la Diócesis de El Paso, propietaria del cercano Monte Cristo Rey, lugar de peregrinación; y el Estado de Nuevo México, que posee kilómetros de tierras en fideicomiso.

 

Estas tierras atraviesan también el Sendero de la División Continental y acogen tanto a excursionistas que realizan estancias en varios estados como a cazadores que esperan capturar la rara codorniz de Mearns, entre otros animales que se esconden entre la creosota que salpica las tierras fronterizas que separan Nuevo México de México.

 

Recientemente, el Departamento de Defensa emitió un comunicado en el que prohibía la entrada en la NDA a excursionistas y cazadores. Eso indignó a Ángel Peña, director del Proyecto de Conservación Nuestra Tierra, una organización sin ánimo de lucro con sede en Las Cruces que intenta ayudar a las comunidades marginadas a experimentar y conservar las tierras públicas.

 

“Ahora sí que están afectando a los medios de subsistencia”, dijo Peña a Source New Mexico durante un paseo en coche el fin de semana del Día de los Caídos por el límite norte de la NDA. “Estás afectando a la cena en la mesa. Está afectando a la recreación. Estás afectando a los usos tradicionales de esta tierra que ayudan a las familias a crear recuerdos y contar historias y crecer cada vez más cerca”.

 

Tierra de nadie

 

Entre el 15 de abril y el 29 de mayo, el gobierno federal acusó a más de 550 personas de entrar sin autorización en la nueva Zona de Defensa Nacional, según una revisión de los registros federales.

 

Los fiscales federales retiraron los cargos a tres de ellos basándose en las detenciones erróneas retiradas el 22 de mayo, según los archivos de Ellison. De acuerdo con los registros judiciales, la oficina de Ellison se enteró “el 15 de mayo o alrededor de esa fecha” de que partes de la zona fronteriza “que anteriormente se entendían comprendidas” en la recién creada Área de Defensa Nacional de Nuevo México “no fueron, de hecho, transferidas a la jurisdicción del Ejército”.

 

Los casos desestimados se producen en medio de continuos desafíos legales, con los defensores públicos federales impugnando los cargos en una variedad de frentes. Hace dos semanas, un juez federal desestimó más de 100 cargos contra los acusados, en gran parte porque no estaba convencido de que los detenidos supieran que estaban entrando en una zona restringida.

 

Las circunstancias de las recientes desestimaciones relativas a detenciones erróneas no están claras. La portavoz de la AUSA, Tessa Duberry, se negó a comentar dónde fueron detenidos los acusados, afirmando que la oficina no puede hacer comentarios más allá de lo que se ha hecho público.

 

También se negó a decir cuántos casos en total la oficina ha desestimado por esos motivos o desestimaría, diciendo que compilar esa información impondría una “carga significativa” al personal.

 

Duberry remitió los comentarios sobre las detenciones al Ejército, que dijo a Source en un comunicado el 30 de mayo que no especularía sobre cargos que están pendientes de resolución», declaró el portavoz de la Fuerza Conjunta de la Frontera Sur, Jordan Beagle. Beagle también señaló que sólo la Patrulla Fronteriza realiza detenciones, aunque el Ejército detendrá temporalmente a personas para entregarlas a la Patrulla Fronteriza.

 

“La Fuerza Conjunta de la Frontera Sur sigue centrada al máximo en nuestra misión de lograr el control operativo del 100% de la frontera, en este caso manteniendo la seguridad dentro de las Zonas de Defensa Nacional”, dijo, “lo que incluye la detección, la detención temporal y la aprehensión de quienes invaden las Zonas de Defensa Nacional”.

 

La Patrulla Fronteriza no respondió a una solicitud de comentarios de Source el 29 de mayo.

 

De acuerdo con los archivos judiciales, dos de las tres personas federales retiraron los cargos contra fueron detenidos el 26 de abril cerca de “cuatro millas al este del Puerto de Entrada de Santa Teresa”. Fuera de la zona de amortiguación de 60 pies a lo largo de la frontera, que es aproximadamente una milla de Monte Cristo Rey y otras tierras de propiedad privada. Las llamadas de Source a la diócesis la semana pasada no fueron devueltas.

 

El tercer arresto ocurrió el 27 de abril, según los archivos judiciales, “a unas ocho millas al oeste del Puerto de Entrada de Santa Teresa”.

 

Las tres denuncias penales señalan, como parte de la justificación de los cargos, que se colocaron carteles en inglés y español que indicaban que “se trata de una zona restringida y que está prohibida la entrada no autorizada”.

 

El impacto de esas desestimaciones en los casos de los fiscales sigue sin estar claro. Aunque los fiscales desestimaron los cargos del trío por entrada no autorizada en la NDA, parece que cada uno de ellos sigue detenido por delitos menores relacionados, incluidos cargos como “entrada ilegal de un extranjero” en Estados Unidos, “entrada ilegal sin inspección” o entrada en propiedad militar, según los registros judiciales.

 

Amanda Skinner, defensora pública federal adjunta, declinó hacer comentarios sobre cuántos de los clientes de su oficina podrían haberse visto afectados por las desestimaciones, o si espera que haya más.

 

Heinrich, a través de su portavoz, dijo que sigue preocupado por lo que la toma militar de la frontera de Nuevo México significará para el debido proceso, tanto para ciudadanos como para no ciudadanos.

 

“La Administración Trump está pasando por alto el debido proceso para las personas que, ya sea intencionalmente o no, ingresan a esta área recientemente restringida, incluidos los ciudadanos estadounidenses que pueden ser detenidos y detenidos por soldados del Ejército de los Estados Unidos por invadir una base militar no marcada”, dijo su portavoz.

 

¿Lo detuvieron o interrogaron oficiales de la patrulla fronteriza o militares dentro o fuera de la nueva zona de Defensa Nacional? Póngase en contacto con el reportero Patrick Lohmann en PLohmann@SourceNM.com o de forma segura a través de Signal en PLohmann.61.

 

Patrick Lohmann es reportero de Source New Mexico. Este articulo ha sido publicado por Source New Mexico bajo una licencia Creative Commons.

 

Traducido por Juan Carlos Uribe para The Weekly Issue/El Semanario.