Hay momentos en los que una sociedad debe dejar de preguntarse si un sistema puede arreglarse y, en cambio, enfrentarse a una pregunta más difícil y honesta: ¿debería existir?
Este es uno de esos momentos.

Durante más de dos décadas, el ICE ha operado bajo un mandato basado en el miedo, el castigo y la conveniencia política, no en la justicia. Creada tras los atentados del 11 de septiembre, la agencia fue diseñada como un aparato de represión, no como una institución civil basada en el debido proceso o en principios humanitarios. Su propósito era claro: detener primero, deportar rápidamente y preguntar después.

Lo que hemos presenciado desde entonces no es una serie de errores desafortunados. Es un patrón.

Familias separadas sin previo aviso. Miembros de la comunidad desde hace mucho tiempo desaparecidos en centros de detención. Niños abandonados. Trabajadores expulsados de puestos de trabajo que sostienen economías locales enteras. Negligencia médica. Falta de acceso legal. Represalias contra quienes alzan la voz. No se trata de excepciones, sino de síntomas de un sistema que funciona exactamente como se diseñó para funcionar.

Durante años, se nos ha dicho que se avecina una reforma. Nuevas directrices. Nuevo liderazgo. Nueva retórica. Sin embargo, los resultados siguen siendo los mismos en todas las administraciones. Cuando el daño se repite independientemente de quién esté en el poder, el problema es estructural. Y cuando una estructura produce injusticias de forma sistemática, debe ser desmantelada.

 

Abolir el ICE no significa abandonar la ley de inmigración o la gestión fronteriza. Esa es una narrativa falsa destinada a silenciar el debate honesto. Significa rechazar un modelo militarizado y basado en la detención y sustituirlo por un sistema de inmigración civil que respete el debido proceso, la dignidad humana y la estabilidad de la comunidad. Significa invertir en tribunales de inmigración en lugar de prisiones privadas; en representación legal en lugar de detención indefinida; en alternativas humanas y basadas en la comunidad que han demostrado su eficacia.

 

Los medios de comunicación independientes tienen la responsabilidad de decir lo que otros no dicen, especialmente cuando se utiliza el miedo para justificar la crueldad y el silencio se trata como conformidad. En The Weekly Issue El Semanario, hemos documentado el costo humano de estas políticas durante décadas. Nuestras comunidades no son abstracciones. Son familias, trabajadores, estudiantes y ancianos que contribuyen, pertenecen y merecen ser tratados como seres humanos.

 

No se trata de política. Se trata de valores.

 

Se trata de si aceptamos un sistema que normaliza el trauma como política.

 

Se trata de si creemos que la rendición de cuentas sigue siendo importante.

 

La abolición no es radical cuando el statu quo es indefendible.

 

Es una respuesta moral a un fracaso moral.

 

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— Chris M. Fresquez

Editor

The Weekly Issue El Semanario