Javier Sierra
El 23 de febrero de 1981, me encontraba en Madrid cuando militares insurrectos asaltaron el Parlamento español y tomaron rehenes a todos los legisladores y al pleno del gobierno. El miedo a un regreso a una nueva dictadura fascista se apoderó de mí y del resto del país.
Jamás hubiera imaginado que 40 años después se repetiría la pesadilla en el Congreso de Estados Unidos, a solo dos millas de mi casa, cuando cientos de insurrectos, alentados por el presidente republicano de Estados Unidos, asaltaron el Capitolio con un saldo mucho más sangriento.
Ambas intentonas golpistas perseguían lo mismo: aplastar la voluntad democrática popular. Y los mismos que intentaron adueñarse del poder por medio de la fuerza abusiva hace un año, lo hacen hoy por medio de leyes abusivas.
En 2021, se presentaron más de 440 leyes de supresión del voto en 49 estados. De ellas, al menos 34 han sido aprobadas en 19 estados. Y todas buscan lo mismo —dificultar lo más posible el derecho al voto a ciudadanos como nosotros, los votantes latinos.
Hay superabundancia de ejemplos. En estados con grandes poblaciones latinas, como Florida, Arizona y Texas, nuestra gente confronta intimidación, acoso y abusivas exigencias de prueba de ciudadanía. En Texas, es mucho más difícil votar para los hispanohablantes, abundan los errores de revisión de listas electorales que acaban purgando nombres latinos, y se han eliminado métodos como votaciones abiertas las 24 horas del día y los buzones de boletas.
Arizona ha aprobado tres leyes de supresión del voto solo este año, incluyendo la imposición de exigencias aún más onerosas de prueba de ciudadanía. Florida y Georgia, tras hacer mucho más difícil el voto de latinos, negros y personas de bajos ingresos, prohíben dar agua o alimentos a quienes esperan horas para votar.
En 2021, se presentaron más de 440 leyes de supresión del voto en 49 estados. De ellas, al menos 34 han sido aprobadas en 19 estados. Y todas buscan lo mismo —dificultar lo más posible el derecho al voto a ciudadanos como nosotros, los votantes latinos.
La audacia de los enemigos del derecho a voto parece no tener límites. Según el grupo Protect Democracy, legisladores republicanos en al menos 14 estados han promulgado 23 leyes que permiten a funcionarios estatales controlar las juntas electorales de condado y despojar a los secretarios de estado de su autoridad electoral ejecutiva. Protect Democracy agrega que más de 200 proyectos de ley permitirían a las legislaturas estatales “politizar, criminalizar o interferir en las elecciones”.
En otras palabras, estos legisladores republicanos se adjudican el poder dictatorial de modificar o rechazar cualquier resultado que desfavorezcan.
La supresión del voto impacta devastadoramente a nuestra gente y otras comunidades de color. Estudios revelan que las exigencias de las onerosas leyes de supresión del voto siembran confusión, hacen mucha más larga la espera en las filas de votación, aumentan la desidia y desconfianza en el sistema electoral, y a fin de cuentas, reducen sustancialmente la participación de estas comunidades.
El fracaso en el Congreso Federal de aprobar Libertad para Votar: La Ley John Lewis, la cual eliminaría la inmensa mayoría de estas leyes supresoras, no debe desanimarnos. El Presidente Biden y los senadores demócratas tienen que resistir la oposición absoluta de la Bancada Republicana en la aprobación de este estatuto y garantizar a todos los ciudadanos que su derecho al voto es tan sagrado como lo dicta la Constitución.
La intentona golpista en España fracasó, y sus líderes y cómplices acabaron en prisión en medio del repudio popular. Todos tenemos que asegurarnos de que aquí en Estados Unidos también prevalezca el estado de derecho y el orden constitucional. Porque lo que nos jugamos es ni más ni menos que el futuro de nuestra democracia.
Javier Sierra escribe la columna mensual bilingüe del Sierra & Tierra.
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