Por Selen Ozturk

Posted November 21, 2024

 

El presidente electo Donald Trump ha prometido lanzar el mayor programa de deportaciones en la historia de Estados Unidos.

 

El vicepresidente electo JD Vance estimó que esto implica un millón de deportaciones al año.

 

¿Puede Estados Unidos permitirse estas políticas? ¿Qué significan estas medidas represivas para los inmigrantes indocumentados y legales?

 

Deportación masiva

 

Según las encuestas de datos del censo, se estima que en julio de 2023 había 11,7 millones de inmigrantes indocumentados en los EE. UU., aproximadamente el 3,5 % de la población total y 800 000 más que en julio del año anterior.

 

El pico histórico es de 12 millones de inmigrantes, alcanzado en 2008.

 

El año más alto de deportaciones desde el interior de EE.UU. fue de 238.000 inmigrantes y se alcanzó en 2009.

 

“En la actualidad, la mayoría de las personas que deportamos ya están detenidas. El gobierno simplemente las recoge… y determina si se les permite estar aquí y cómo hacer que regresen, y si el país las aceptará de regreso”, dijo Jeremy Robbins, director ejecutivo del Consejo Estadounidense de Inmigración , en una sesión informativa de Ethnic Media Services el viernes 15 de noviembre sobre las políticas de inmigración prometidas por Trump.

 

“Sin embargo, con las deportaciones masivas, estamos hablando de encontrar a las personas en sus comunidades”, continuó. “Las dos ramas del Departamento de Seguridad Nacional que se encargan específicamente de eso no tienen la capacidad. Es extremadamente caro… Tampoco tenemos la capacidad de detención. Se necesitaría un conjunto completamente nuevo de instalaciones de asilo y jueces antes de que las personas pudieran regresar a casa”.

 

Deportar a todos los inmigrantes indocumentados, que representan alrededor del 4,8% de la fuerza laboral de Estados Unidos en 2022, costaría alrededor de 315 mil millones de dólares y tendría un impacto negativo de entre el 4,2% y el 6,8% en el PIB, según estimaciones conservadoras.

 

¿Qué sucede cuando esa campaña de intimidación funciona? Parece que los niños no van a la escuela porque sus padres temen ser deportados, que hay escasez de trabajadores de la salud porque las personas se mudan a estados más seguros o son expulsadas del país, como la escasez de maestros aquí con el TPS y DACA”.
Elizabeth Taufa, Centro de Recursos Legales para Inmigrantes

 

En comparación, el PIB nacional cayó un 4,3% durante la Gran Recesión, de 2007 a 2009.

 

“Para la mayoría de las cosas que financiará el Congreso, se necesitarán 60 votos. La conciliación presupuestaria necesita 50. No está nada claro que puedan financiar estas medidas… pero pueden reutilizar dinero de otras fuentes”, dijo Robbins. “Es posible utilizar fondos como los militares, pero nuestros recursos ya están limitados”.

 

El presupuesto actual del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) —107.900 millones de dólares para el año fiscal 2025— excede todos los demás presupuestos federales de aplicación de la ley combinados.

 

La capacidad de detención diaria actual se estima en alrededor de 50.000 personas.

 

El Congreso ha proporcionado aproximadamente 3.400 millones de dólares para detener un promedio diario de 41.500 no ciudadanos en 2024, de los cuales el 60,1% no tiene antecedentes penales.

 

A modo de comparación, en 2023 los fondos fueron de 2.900 millones de dólares para detener a un promedio de 34.000 no ciudadanos diariamente.

 

Además de las dificultades para conseguir el apoyo bipartidista del Congreso, “Biden ya ha utilizado al máximo los recursos existentes para la aplicación de la ley”, dijo Greg Chen, director sénior de relaciones gubernamentales de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración . “No tienen los recursos para hacer mucho más… y contratar instalaciones privadas o capacitar a guardias estatales y nacionales significará demoras más costosas”.

 

Los datos del DHS de 2023 muestran que, en términos absolutos, 3,5 veces más personas fueron expulsadas con Biden que con Trump.

 

De los 1,4 millones de arrestos realizados en los 24 meses de 2019 y 2020 bajo el gobierno de Trump, el 47% fueron expulsados ​​de Estados Unidos.

 

En los primeros 26,3 meses bajo el gobierno de Biden, el DHS realizó más de 5 millones de arrestos, de los cuales el 51% fueron eliminados.

 

Inmigración legal

 

“Trump ha estado hablando tanto sobre deportaciones masivas que rara vez escuchamos sobre el impacto en el sistema de inmigración legal, es decir, los cientos de miles de visas de trabajo, visas familiares y visas humanitarias que llegan cada año”, dijo Chen.

 

Según datos del DHS, durante el gobierno de Trump, el número anual de nuevos residentes legales permanentes cayó de 1.183.500 en 2016 a 707.400 en 2020 ; desde entonces, las cifras se han disparado hasta llegar a 1.173.000 en 2023.

 

“Durante la primera administración de Trump, vimos un retroceso, es decir, que tomó mucho más tiempo procesar estos casos”, continuó Chen. “En el caso de una visa de trabajo o familiar, que normalmente podría demorar entre tres y seis meses, vimos que esos tiempos generalmente se duplicaban”.

 

Agregó que estos retrasos suelen ser causados ​​por la falta de personal en los departamentos y por las solicitudes de evidencia, que son “formas de pedir más información sobre un caso para descubrir fraudes. Pero si se utilizan innecesariamente, simplemente se convierten en burocracia… y si la inmigración no está disponible para las personas que intentan venir aquí por medios legales, veremos mayores cantidades de migración ilegal”.

 

Actualmente, los inmigrantes que llegan a los puntos de cruce oficiales en la frontera pueden hacer una cita a través de la aplicación CBP One y esperar meses para ser procesados ​​en los EE. UU. con un permiso humanitario temporal.

 

“Las personas que intentan entrar entre esos puntos tienen muchas dificultades para calificar para iniciar el proceso de asilo”, dijo Julia Gelatt, directora asociada del programa de políticas de inmigración de Estados Unidos del Instituto de Política Migratoria. “Con Trump, podemos esperar que el proceso CPB One en los puertos de entrada termine, lo que significa que será muy difícil para las personas que llegan a la frontera acceder a los procedimientos legales de asilo”, continuó.

 

“En cambio, es probable que veamos lo que hemos visto antes: personas que pagan a contrabandistas para que los introduzcan ilegalmente en Estados Unidos, en lugar de llevarlos a la frontera, donde ahora muchas personas se presentan ante las autoridades fronterizas para pedir protección”, añadió.

 

Trump también ha sugerido que reducirá el uso del Estatus Temporal, que cubre a más de un millón de inmigrantes, en su mayoría venezolanos, haitianos y salvadoreños, y eliminará la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), de la que dependen alrededor de 580.000 inmigrantes.

 

La Corte Suprema dictaminó en 2020 que el presidente puede poner fin a DACA, una política que otorga a algunas personas que llegaron ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños el derecho a estudiar y trabajar en el país.

 

“La mayoría de los empleadores quieren contratar una fuerza laboral legal. Si sus trabajadores pierden autorizaciones como DACA y TPS, tendrán que despedirlos”, dijo Gelatt. “Somos un país que envejece… y cuando perdemos trabajadores inmigrantes, no necesariamente creamos empleos para los trabajadores estadounidenses. Si un empleador pierde a los trabajadores inmigrantes de los que depende, podría subcontratar sus operaciones o cerrar la tienda por completo. Los inmigrantes y los trabajadores estadounidenses son complementos en la fuerza laboral”.

 

Los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales muestran que la tasa de desempleo de los trabajadores nacidos en Estados Unidos en 2023 fue del 3,6%, la más baja registrada.

 

Ese año, la proporción de trabajadores nacidos en Estados Unidos en edad productiva (de 25 a 54 años) fue del 81,4%, la tasa más alta desde 2001.

 

Si bien las medidas represivas masivas contra estos inmigrantes “requerirán más recursos de los que tendrá la nueva administración, lo que resultará en una devastación económica en todo el país, todavía cuentan con infundir miedo en las comunidades”, agregó Chen. “Tenemos personas con estatus legal que llaman a nuestros abogados porque tienen miedo de que los arresten porque los perfilen. Esas son preocupaciones legítimas en este nuevo entorno”.

 

“¿Qué sucede cuando esa campaña de intimidación funciona? Parece que los niños no van a la escuela porque sus padres temen ser deportados, que hay escasez de trabajadores de la salud porque las personas se mudan a estados más seguros o son expulsadas del país, como la escasez de maestros aquí con el TPS y DACA”, dijo Elizabeth Taufa, abogada de políticas del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes.

 

“Incluso si no pueden permitirse el lujo de aplicar estas políticas, están deshaciendo los hilos de nuestras comunidades estadounidenses”, añadió.

 

Selen Ozturk es reportera de Ethnic Media Services. Reproducido con permiso de Ethnic Media Services. Traducido por Ethnic Media Services.