Por Eric Galatas, Public News Service
Posted December 18, 2025
Las escuelas charter se crearon originalmente con la promesa de crear laboratorios de innovación ágiles, dirigidos por profesores e impulsados por la comunidad para la educación pública.
Sin embargo, un nuevo informe detalla cómo esa promesa se ha visto debilitada progresivamente por las leyes estatales, moldeadas en gran parte por el poder de presión de las cadenas corporativas de escuelas charter, que dan prioridad a la rápida expansión y a una menor regulación por encima de la calidad, la supervisión y la rendición de cuentas.
Mike DeGuire, vicepresidente de Advocates for Public Education Policy, afirmó que el cambio de política ha producido resultados previsibles: fraude, mala gestión, cierres abruptos y una importante rotación de escuelas concertadas.
“Las escuelas chárter no están satisfaciendo las necesidades de los estudiantes tal y como se pretendía originalmente”, afirmó DeGuire, “y es necesario introducir cambios significativos en las leyes estatales para arreglar lo que no funciona en las escuelas chárter”.
El año pasado, un proyecto de ley que tenía por objeto aumentar la rendición de cuentas de las escuelas charter en Colorado fue rechazado en comisión tras la oposición pública del gobernador Jared Polis —que ha puesto en marcha sus propias escuelas charter— y la intensa presión ejercida por Americans for Prosperity, el brazo político insignia de la red de derecha formada por los multimillonarios hermanos Koch.
La HB24-1363 estaba en sintonía con muchas de las recomendaciones del nuevo informe, Charter School Reckoning: Part II Disillusionment (El ajuste de cuentas de las escuelas concertadas: Parte II, Desilusión), y contó con el apoyo de la Asociación de Profesores de Colorado, la PTA de Colorado, la Liga de Mujeres Votantes y otras organizaciones.
Esto es un problema cuando hablamos de que el dinero de los contribuyentes no se utiliza para satisfacer las necesidades de los estudiantes. Y no hay supervisión, hay poca regulación y hay menos transparencia sobre lo que ocurre con las escuelas concertadas”.
Mike DeGuire, Advocates for Public Education Policy
Según la legislación vigente, las escuelas concertadas se financian con fondos públicos, pero se gestionan de forma privada. En la mayoría de los casos, sus juntas directivas son autodesignadas, no elegidas, y están exentas de las leyes sobre conflictos de intereses que se aplican a los funcionarios públicos.
Y en un momento en que las escuelas públicas carecen de fondos suficientes, DeGuire dijo que las cadenas corporativas y las empresas que proporcionan servicios de nómina y otros servicios están obteniendo enormes beneficios.
“Y esto es un problema cuando hablamos de que el dinero de los contribuyentes no se utiliza para satisfacer las necesidades de los estudiantes”, dijo DeGuire. “Y no hay supervisión, hay poca regulación y hay menos transparencia sobre lo que ocurre con las escuelas concertadas”.
DeGuire dijo que le preocupa que, si no se controlan, las escuelas concertadas, junto con los controvertidos programas de bonos que desvían el dinero de los impuestos hacia las escuelas privadas, conduzcan a una privatización total del sistema escolar público.
Aunque unas pocas escuelas concertadas siguen reflejando la visión original del movimiento, DeGuire afirmó que son la excepción y no la norma.
“Hay algunas pequeñas escuelas chárter familiares que están haciendo un buen trabajo”, dijo DeGuire. “Pero las que han sido absorbidas por las redes de escuelas chárter y que están siendo gestionadas por estas entidades corporativas están perjudicando a todo el sistema, y están perjudicando al sistema de escuelas públicas”.
Lea el informe aquí.
Eric Galatas es productor de Public News Service.
Traducido por Juan Carlos Uribe para The Weekly Issue/El Semanario.
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