Por Leah Romero, Source New Mexico

Posted on August 21

 

 

Los hijos de Vallarie Holliday han vuelto recientemente al colegio en Silver City y, aunque aún se encuentran en una fase muy temprana de su trayectoria educativa, esta madre de dos hijos ya está preocupada por que puedan sufrir las consecuencias de un sistema inadecuado.

 

Según explica, ambos niños tienen retrasos en el lenguaje y su hijo también recibe servicios de educación especial en el colegio. Anteriormente asistió a una escuela privada Montessori antes de pasar a primer grado en una escuela pública.

 

“De hecho, lo mantuvimos [en la escuela privada] más tiempo del que era bueno para él por miedo a la transición a las escuelas públicas”, dijo Holliday. “Pero el personal con el que se ha encontrado ha sido estupendo. Mi única preocupación es que, a medida que avance, siga encontrando gente estupenda”.

 

Holliday fue uno de los muchos residentes del condado de Grant que asistieron a una reunión comunitaria el jueves por la noche para dar su opinión sobre varios aspectos del sistema de educación pública de Nuevo México. La reunión es una de las muchas organizadas por el Departamento de Educación Pública de Nuevo México y la Fundación del Laboratorio Nacional de Los Álamos para recabar comentarios públicos que sirvan de base para el plan correctivo ordenado por el tribunal en la demanda por igualdad educativa Yazzie/Martínez.

 

El juez del Tribunal del Primer Distrito Judicial, Matthew Wilson, determinó en abril que el estado no había cumplido la orden judicial de mejorar las oportunidades educativas de los niños en situación de riesgo, incluidos los estudiantes nativos americanos, los estudiantes que están aprendiendo inglés, los estudiantes de bajos ingresos y los estudiantes con discapacidades. Wilson ordenó al Departamento de Educación Pública que tomara medidas para asociarse con un experto externo y preparara un borrador del plan correctivo antes del 1 de octubre.

 

Los padres, educadores y otros miembros del público de Nuevo México se han reunido este mes en reuniones comunitarias en todo el estado para compartir lo que creen que se debe hacer para mejorar los resultados educativos de los estudiantes en situación de riesgo. Se invitó a los asistentes a la reunión de Silver City a conocer brevemente la historia del caso Yazzie/Martínez antes de compartir sus sugerencias sobre financiación y rendición de cuentas; educadores de alta calidad, sensibles a las diferencias culturales y lingüísticas; y recursos, programas, apoyo e instrucción.

Holliday destacó la importancia de la transparencia y la comunicación entre todas las entidades involucradas en el sistema escolar público, en particular la forma en que las escuelas se comunican con los padres.

 

“Siento que los envío a la escuela y realmente no sé qué va a pasar”, le dijo a Source. “Los IEP [Programas de Educación Individualizada] no se implementan hasta octubre. Así que cuando mi hijo estaba allí el año pasado, nos daban alguna información… pero no fue hasta el IEP de octubre cuando realmente nos dieron un desglose de este día”.

 

Añadió que su hija no tiene logopeda en su escuela y que acudir a un especialista por su cuenta es un gasto elevado que no pueden permitirse. Holliday sugirió añadir más preparación durante el verano para los alumnos con necesidades especiales, con el fin de preparar plenamente a los profesores y a los alumnos antes del primer día de clase.

 

Jillian Bernstein, educadora en línea, dijo a su grupo en la reunión que cree que el Departamento de Educación Pública se beneficiaría de un supervisor externo, similar a cómo se creó recientemente la Oficina del Defensor del Niño para supervisar el Departamento de Niños, Jóvenes y Familias de Nuevo México.

 

Ella explicó a Source que es una trabajadora social titulada y que obtuvo su credencial docente a través de una vía alternativa de certificación. Sin embargo, descubrió que a menudo se la descartaba mientras trabajaba en las escuelas públicas por no seguir una vía de certificación más tradicional.

 

“No son receptivos, pero tampoco hay ninguna responsabilidad dentro del distrito”, dijo Bernstein. “Necesitamos contar con una agencia externa y seguir modelos que hayan tenido éxito, de personas que realmente escuchen y sean apasionadas”.

 

Alexandra Neves, vicedecana de la Facultad de Educación de la Universidad de Nuevo México Occidental y profesora de educación bilingüe, explicó a Source que su función es formar a los futuros educadores de Nuevo México, lo que incluye debatir el caso Yazzie/Martínez.

 

“Hablo de Yazzie/Martínez, por lo que forma parte de nuestro plan de estudios. Pero cuando voy a las escuelas a veces con profesores que llevan allí un tiempo, no lo saben, como cuando hablo de Yazzie/Martínez, no saben de qué se trata”, dijo Neves.

 

Los detalles de la demanda y sus conclusiones, así como los cambios implementados a nivel estatal, deben “filtrarse” a los distritos, las escuelas y los profesores, dijo Neves.

 

“Los resultados provienen de personas que se han comprometido y no es solo como decir: ‘Oh, tienes que hacer esto’. Así que es una cosa más en la lista de tareas de la enseñanza, cuando deberíamos estar eliminando cosas y dejándoles enseñar”, dijo.

 

Tim Hand, de la Fundación del Laboratorio Nacional de Los Álamos, dijo a Source que las reuniones han contado con una gran asistencia y que los participantes han comenzado a identificar medidas útiles y viables que el estado y otros niveles educativos pueden implementar.

 

“Llevamos años haciendo esto, ¿no? Los problemas están claros, las barreras están claras, los activos están cada vez más claros. Lo que no está claro son las medidas”, dijo Hand. “Estamos aprovechando todo el trabajo que se ha realizado durante la última década”.

 

Añadió que hay cierta tensión en la sala durante las reuniones, pero “sin tensión, no hay impulso para avanzar”.

 

Este mes están previstas tres reuniones más: el 20 de agosto en Albuquerque y, de forma virtual, el 22 y el 26 de agosto. También se puede rellenar la encuesta comunitaria en línea.

 

El Departamento de Educación Pública y la Fundación del Laboratorio Nacional de Los Álamos recopilarán todos los comentarios y sugerencias recibidos este mes y elaborarán un informe que servirá de base para el plan de medidas correctivas. El tribunal dio al estado hasta el 1 de octubre para completar un borrador del plan y hasta el 3 de noviembre para presentar el plan completo.

 

Leah Romero es una escritora independiente afincada en el sur de Nuevo México. Este artículo se ha vuelto a publicar desde Source New Mexico bajo una licencia Creative Commons.

 

Traducido por Juan Carlos Uribe para The Weekly Issue/El Semanario.