Por Erica Meltzer, Chalkbeat

 

Posted May 28, 2026

 

Durante décadas, la Ley de Derechos Electorales ha brindado a los padres y a otras personas una vía para cambiar las instituciones que ejercen un mayor control diario sobre las escuelas estadounidenses: sus consejos escolares locales.

 

Pero la decisión del Tribunal Supremo del pasado mes de abril en el caso

 

Louisiana contra Callais, que ha desencadenado una oleada de redistribuciones partidistas de distritos electorales que amenazan la representación negra en el Congreso, podría dificultar la exigencia de cambios en la forma en que se organizan las juntas escolares en el futuro.

 

El impacto de esa ley ha sido enorme. Más de 320 denuncias en virtud de la Ley del Derecho al Voto entre 1982 y 2024 se referían a elecciones a juntas escolares, según una base de datos creada por Chris Seaman, profesor de Derecho de la Universidad de Washington and Lee.

 

Las juntas escolares representaron más de una quinta parte de todos los casos de derecho al voto en virtud de la Sección 2 durante ese periodo, según descubrió Seaman.

 

Hay decisiones realmente importantes que afectan a los estudiantes de minorías étnicas y que se benefician de la perspectiva de los miembros de las juntas escolares que pertenecen a esas minorías”.
Carrie Sampson, Universidad Estatal de Arizona

 

Muchas de ellas impugnaban las elecciones por el sistema de representación general —que permite a todos los miembros de una comunidad votar por todos los puestos de una junta—. Esta configuración puede dificultar que las comunidades de color elijan a sus candidatos preferidos, especialmente en lugares donde la mayoría blanca vota en bloque.

 

Unos 3,6 millones de niños asisten actualmente a la escuela en un distrito afectado por una de esas impugnaciones, según un análisis de Chalkbeat. Sin embargo, las elecciones por el sistema de representación general siguen siendo la estructura más común de las juntas escolares en Estados Unidos.

 

Los expertos jurídicos coinciden en que ahora será más difícil alegar que un sistema electoral concreto viola los derechos de los votantes pertenecientes a minorías. Tras la sentencia Callais, los grupos jurídicos conservadores se están preparando para impugnar las leyes estatales sobre el derecho al voto que han proporcionado herramientas adicionales para reestructurar los consejos escolares. Algunos incluso ven una oportunidad para impugnar acuerdos alcanzados en el pasado, especialmente en los casos en que los distritos escolares introdujeron cambios de forma voluntaria para mejorar la representación racial.

 

Es probable que el debilitamiento de la Ley de Derechos Electorales por parte del Tribunal Supremo conduzca a “una disminución de la representación de las minorías, y las juntas escolares no serán una excepción”, afirmó Seaman. La mayoría de los alumnos de las escuelas públicas son niños de color, mientras que la mayoría de los miembros de las juntas escolares son blancos. Aunque la Ley de Derechos Electorales no garantiza la elección de candidatos de color, ha dado a las comunidades minoritarias la oportunidad de elegir candidatos que respondan a sus preocupaciones. Las escasas investigaciones realizadas han demostrado que los miembros de color de las juntas escolares marcan la diferencia en la disciplina de los alumnos, la contratación de superintendentes y los resultados académicos.

 

No hay nada fundamentalmente mejor o peor en los distritos escolares uninominales o generales, afirmó Adams, ahora presidente de la Public Interest Legal Foundation. Pero según la sentencia Callais, “si un distrito escolar dice que vamos a pasar a distritos uninominales para elegir a representantes de las minorías, eso violaría la Constitución. Se acabó. Se ha acabado”.

 

El caso Callais se centró en la redistribución partidista de distritos electorales en las elecciones legislativas. La mayoría conservadora del Tribunal Supremo afirmó que las consideraciones partidistas —el deseo de que los republicanos o los demócratas ganen más escaños— podrían justificar el trazado de mapas electorales que diluyan la voz de los votantes pertenecientes a minorías.

 

Esto podría significar que la decisión tenga menos repercusión en las elecciones no partidistas a los consejos escolares. Se necesitará tiempo y más demandas judiciales para comprender plenamente sus efectos.

 

“En la medida en que la Ley del Derecho al Voto conserve algo de vigencia tras el caso Callais, creo que es probable que sea en estas elecciones locales, como las de las juntas escolares”, afirmó Justin Levitt, experto en derecho electoral y profesor de la Universidad Loyola Marymount.

 

Cómo el racismo impulsó las elecciones generales a las juntas escolares

 

Las elecciones generales a las juntas escolares son un legado de las reformas de la era progresista que buscaban reducir el poder de la política de maquinaria y el amiguismo sobre la gobernanza educativa.

 

En las ciudades del norte, estos cambios redujeron el poder político de los enclaves de inmigrantes. En el sur de Jim Crow, impidieron que las comunidades negras eligieran a sus propios representantes en las juntas escolares, cuando esos residentes podían votar.

 

La sección 2 de la Ley de Derechos Electorales, aprobada por primera vez en 1965 y enmendada en repetidas ocasiones, proporcionó fundamentos para impugnar las elecciones generales para cargos del gobierno local que pudieran diluir los votos de los grupos minoritarios.

 

Un pequeño grupo de abogados de Texas y Alabama presentó decenas de recursos contra las elecciones generales a los consejos escolares en las décadas de los 80 y los 90, lo que supuso la mayoría de los casos. A menudo, los distritos escolares aceptaban llegar a un acuerdo ante la mera amenaza de una demanda.

 

Estos recursos cambiaron quiénes decidían presentarse a las elecciones, quiénes obtenían escaños en los consejos escolares y cómo se asignaban los recursos en los distritos de todo el país.

 

“Hay decisiones realmente importantes que afectan a los estudiantes de minorías étnicas y que se benefician de la perspectiva de los miembros de las juntas escolares que pertenecen a esas minorías”, afirmó Carrie Sampson, profesora asociada de liderazgo educativo en la Universidad Estatal de Arizona que estudia las juntas escolares.

 

Y estas impugnaciones continúan en la era moderna.

 

El año pasado, el condado de Wicomico, en la costa este de Maryland, acordó sustituir su sistema híbrido —que incluía distritos generales y uninominales tanto para el consejo del condado como para la junta escolar— por siete distritos uninominales, dos de los cuales tienen mayoría Afroamericana. Los cambios se produjeron en respuesta a una demanda de 2023 presentada por votantes de color con el apoyo de las secciones de Maryland de la ACLU y la NAACP.

 

La demanda describía una larga historia de discriminación y de voto polarizado por motivos raciales que impedía a los candidatos afroamericanos ganar escaños generales. Cuando el gobernador nombraba a los miembros, la junta escolar de Wicomico solía contar con dos miembros afroamericanos. Tras pasar a ser una junta elegida en 2016, la junta solo ha tenido un miembro afroamericano a la vez, siempre elegido en el distrito uninominal de mayoría afroamericana.

 

“No paraban de decir que no hacía falta demandarlos, que lo habrían hecho si se lo hubiéramos pedido amablemente”, afirmó Deborah Jeon, directora jurídica de la ACLU de Maryland. “Pero llevábamos dos décadas pidiéndoselo amablemente. Solo cuando los demandamos se sentaron a negociar”.

 

Las juntas escolares podrían defender los escaños generales de forma creativa

 

Queda por ver si los distritos escolares seguirán sentándose a la mesa o, por el contrario, lucharán por mantener las elecciones generales.

 

Incluso en comunidades con elecciones a la junta escolar muy reñidas y polarizadas racialmente, es posible que esas divisiones no se ajusten perfectamente a las líneas partidistas. Eso significa que los defensores de los derechos aún pueden argumentar sobre la dilución del voto y otras prácticas injustas.

 

Pero Levitt, que asesoró a la administración Biden en cuestiones electorales, dijo que espera que más distritos escolares encuentren otras justificaciones no discriminatorias por motivos raciales para sus sistemas electorales, por ejemplo, que las elecciones generales producen candidatos que velarán por los intereses de todos los estudiantes.

 

“Creo que se verá mucha creatividad”, afirmó.

 

Callais también exige “una fuerte inferencia de que se produjo una discriminación intencionada” al establecer un sistema de votación concreto, y no solo un efecto o resultado discriminatorio.

 

Adams señaló que las juntas escolares que podrían haber llegado a un acuerdo en el pasado podrían ahora verse expuestas a impugnaciones por haber trazado distritos diseñados para beneficiar a un grupo racial. Él interpreta que Callais solo permite tal recurso cuando un tribunal encuentra pruebas recientes de discriminación en la votación.

 

“Un distrito escolar cometería una gran imprudencia si pensara que un acuerdo le reportará tranquilidad, porque los siguientes en hacerse oír serán quienes presenten una demanda por una manipulación ilegal de los distritos electorales con fines raciales”, afirmó.

 

Incluso los distritos escolares que debaten el equilibrio racial durante los procesos habituales de redistribución de distritos, como hizo Denver en 2024, podrían exponerse a una demanda, señaló. Las actas de las reuniones serían “oro puro” a la hora de demostrar motivos raciales.

 

Los recursos contra las elecciones a los consejos escolares se enfrentan a un nuevo estándar

 

Hace dos décadas, Hazleton (Pensilvania) saltó a los titulares nacionales por adoptar una legislación antiinmigrante de gran alcance, a medida que los recién llegados transformaban la demografía de esta ciudad minera. Esas leyes fueron declaradas inconstitucionales, pero los residentes hispanos afirman que siguen sufriendo discriminación, incluso en la escuela.

 

En 2024, Aleida Aquino y Brendalis López presentaron una demanda impugnando el sistema de elección por distrito único del Distrito Escolar del Área de Hazleton con el apoyo del Proyecto de Votación de la Universidad de California en Los Ángeles.

 

Los votantes hispanos representan alrededor del 40 % de los votantes registrados en el distrito, según la demanda. Dos tercios de los estudiantes son hispanos. Al menos seis candidatos hispanos se han presentado a las elecciones al consejo escolar desde 2019, pero ningún candidato hispano ha conseguido un escaño en el consejo, compuesto por nueve miembros.

 

El paso a distritos uninominales podría permitir a la comunidad hispana, concentrada en la ciudad de Hazleton, elegir a un representante que podría estar más atento a sus preocupaciones sobre prácticas disciplinarias injustas, servicios de traducción limitados para los padres y otras desigualdades, según la demanda.

 

Pero, a diferencia de muchos distritos escolares en esta situación, Hazleton no ha llegado a un acuerdo y está luchando por mantener sus elecciones por el sistema de representación general. Ahora, la demanda se tramitará con arreglo al criterio más estricto establecido por el caso Callais.

 

Ni el superintendente Brian Uplinger ni el presidente de la junta escolar respondieron a una solicitud de comentarios de Chalkbeat. En un comunicado emitido cuando se presentó la demanda, Uplinger defendió el historial del distrito en la atención a los estudiantes latinos.

 

Bernadette Reyes, asesora jurídica principal del Proyecto de Votación de la UCLA, afirmó que Callais va en contra de la historia de la Ley de Derechos Electorales y de la acción del Congreso. La sentencia ha complicado el camino a seguir para demandas como la de Hazleton.

 

“Pero es importante que estos retos continúen”, dijo Reyes. “Quienes lo impugnan deben adaptarse a un nivel de exigencia más alto”.

 

Erica Meltzer es la editora nacional de Chalkbeat con sede en Colorado. Esta artículo fue publicada originalmente por Chalkbeat.

 

Traducido por Juan Carlos Uribe para The Weekly Issue/El Semanario.