Por Lindsey Toomer
Una orden ejecutiva de gran alcance del presidente Donald Trump revisaría la administración de las elecciones estadounidenses y cambiaría la forma en que se ejecutan en Colorado, pero los expertos electorales en el estado dicen que la medida es inconstitucional, y ya se enfrenta a varios desafíos legales.
La orden, emitida a finales del mes pasado, exige una prueba de ciudadanía para registrarse para votar y votar, exige que se cuenten todas las boletas electorales el día de las elecciones y amenaza con financiación federal a los estados que no la cumplan, entre otros cambios. El 3 de abril, el fiscal general de Colorado, Phil Weiser, presentó una demanda junto con otros estados demócratas para impugnar la orden, alegando que causará un daño inminente e irreparable a los estados y a los votantes.
“Esta orden ejecutiva electoral es una extralimitación de la Casa Blanca y amenaza con socavar la norma de oro bien establecida de Colorado para unas elecciones libres y justas”, dijo Weiser en un comunicado. “Por eso estamos desafiando esta acción ilegal y protegiendo nuestra libertad de voto”.
Los defensores del derecho al voto y el Comité Nacional Demócrata
han presentado demandas separadas desafiando también la legalidad de la orden de Trump. Doug Spencer, profesor de la Universidad de Colorado especializado en derecho electoral, dijo que los desafíos legales a la orden “prevalecerán”. Dijo que la orden ejecutiva es similar a otras que Trump ha emitido en el sentido de que intenta tomar medidas que están más allá de la autoridad del presidente.
“Algunas de las órdenes ejecutivas creo que plantean algunas preguntas interesantes o novedosas, y algunas de ellas son simplemente descaradamente erróneas, como que si naces aquí, no eres ciudadano. Eso es flagrantemente erróneo”, dijo Spencer, refiriéndose al intento de Trump de poner fin al derecho constitucional a la ciudadanía por derecho de nacimiento. “Que el presidente pueda dictar cómo los estados organizan sus elecciones, incluso para cargos federales, es simplemente incorrecto. La Constitución tiene un lenguaje claro: El Congreso tiene autoridad para hacer esto, y Donald Trump no es el Congreso, por lo que esas demandas tendrán éxito”.
Spencer dijo que Colorado tendría que cambiar numerosos aspectos de cómo lleva a cabo las elecciones bajo la orden ejecutiva de Trump, pero no ve que eso se convierta en realidad. Dijo que la orden todavía puede tener las consecuencias políticas que Trump está buscando, sin embargo, en que señala a los republicanos en el Congreso y los estados lo que quiere de ellos.
Aly Belknap, directora ejecutiva de Colorado Common Cause, una organización sin fines de lucro que trabaja para defender la democracia y los derechos de los votantes, dijo que el Congreso ya ha aprobado leyes que detallan lo que se requiere para registrarse para votar en las elecciones federales, y Trump no puede simplemente decidir que hay nuevos requisitos con una orden ejecutiva.
“Los estados realmente necesitan resistir estos intentos de anular la ley estatal y federal a través de los desafíos legales en curso, y realmente necesitamos que los estados reafirmen su derecho a controlar sus propias elecciones y el núcleo de lo que es nuestra democracia”, dijo Belknap.
Matt Crane, director ejecutivo de la Asociación de Secretarios de Condados de Colorado, dijo que la orden “va mucho más allá” de los poderes constitucionales de la presidencia.
“Aquí en Colorado, hemos sido muy innovadores y somos uno de los mejores estados del país en la forma en que llevamos a cabo nuestras elecciones, por lo que una extralimitación federal como ésta no es bienvenida”, dijo Crane.
La secretaria de Estado de Colorado, la demócrata Jena Griswold, dijo que la orden es ilegal e impediría a los votantes elegibles emitir una boleta electoral.
La administración Trump está armando al gobierno federal y tratando de dificultar que los votantes se defiendan en las urnas”, dijo Griswold en un comunicado cuando se emitió por primera vez la orden. “Estados Unidos siempre ha liderado el mundo en la realización de elecciones libres y justas, y no podemos permitir que Donald Trump acabe con ese legado”.
Carga para los votantes
Spencer dijo que verificar la ciudadanía al registrarse para votar “tiene el potencial de impedir que los no ciudadanos voten. El problema es que los no ciudadanos no votan, así que no hay realmente un problema que resolver”. Dijo que no es fácil demostrar la ciudadanía, y exigir a todo el que quiera votar que lo haga podría llevar a que los ciudadanos no pudieran votar.
“En primer lugar, no hay pruebas de que exista un problema, pero se corre el riesgo de privar a la gente del derecho al voto debido a las dificultades que plantean los documentos”, dijo Spencer.
Belknap explicó que millones de estadounidenses con derecho a voto carecen del documento de identidad que la orden ejecutiva exigiría a los votantes, como el pasaporte o el certificado de nacimiento.
“Esto es realmente aterrador porque básicamente quita la responsabilidad de verificar el estatus de ciudadanía de una persona a los funcionarios electorales -que lo hacen ahora para asegurarse de que los no ciudadanos no voten- y la pone en los votantes estadounidenses, haciendo que tengan que convencer al gobierno de que son elegibles para ejercer el derecho al voto”, dijo Belknap.
El Secretario y Registrador de Denver, Paul López, dijo que Colorado ya cuenta con sistemas para garantizar que sólo los votantes elegibles emitan una boleta electoral en una elección, con muchas oportunidades para detectar cualquier cosa sospechosa. Dijo que el estado verifica la información de registro de un votante con varias agencias estatales utilizando su número de identificación, y una vez verificado dentro de la base de datos de votantes de Colorado, utilizarán el Centro de Información de Registro Electrónico para comparar con otros estados de todo el país.
“Realmente no es más que un intento de desalentar y socavar a los votantes de todas las tendencias y de todos los orígenes, especialmente las personas de color y los ciudadanos naturalizados e incluso las mujeres, de participar en el derecho al voto”, dijo López sobre la orden ejecutiva. “Esto afectaría dramáticamente a las personas cuyo nombre no coincide con su certificado de nacimiento original debido a matrimonio o divorcio o cualquier otra cosa”.
López dijo que los casos de personas que no son elegibles para votar que intentan votar son muy raros “porque el sistema que utilizamos funciona”, y si alguien trata de votar ilegalmente, serán procesados. También dijo que los inmigrantes indocumentados no están tratando de participar ilegalmente en las elecciones estadounidenses como afirma Trump.
“A primera vista, lo que realmente existe es esta afirmación infundada de fraude, especialmente entre los inmigrantes indocumentados que de alguna manera están votando en estas elecciones”, dijo López. “Es una narrativa falsa y francamente sólo sirve para poner a los estadounidenses unos contra otros”.
Crane dijo que si la orden fuera promulgada, los votantes de Colorado tendrían que mostrar prueba de ciudadanía al registrarse por primera vez, así como cada vez que actualicen su registro. El proceso también tendría que realizarse en persona, eliminando el registro en línea como opción, y las colas para votar en persona serían mucho más largas, ya que los trabajadores electorales tendrían que verificar la documentación.
La mayoría de los votantes de Colorado ya necesitan tener su boleta electoral en la oficina del secretario de su condado antes de las 7 p.m. del día de las elecciones para que sea contada, pero para los votantes militares y en el extranjero, su boleta electoral puede ser contada hasta ocho días después del día de las elecciones, siempre y cuando esté matasellada el día de las elecciones. La orden de Trump impediría contar las boletas electorales después del día de las elecciones.
“Creemos que nuestros votantes militares merecen todas las oportunidades para que su voz sea escuchada, y por eso está orden ejecutiva haría retroceder eso, lo que parece una locura”, dijo Crane.
Belknap dijo que la orden también podría obstaculizar el proceso de registro automático de votantes de Colorado, ya que los empleados de la División de Vehículos Motorizados tendrían que “evaluar el estatus de ciudadanía del cliente” durante cada interacción que tengan.
“Hemos tenido este registro automático de motor en el DMV desde hace muchos años”, dijo Belknap. “Es la forma en que tantos coloradenses se registran para votar originalmente cuando obtienen su permiso o su licencia de conducir, o cuando se mudan y tienen que actualizar”.
Ley SAVE
Los republicanos en el Congreso reintrodujeron la Ley de Salvaguarda de la Elegibilidad del Votante Estadounidense (Safeguard American Voter Eligibility Act), que exigiría una prueba de ciudadanía a cualquier persona que se registre para votar en todo el país. El proyecto de ley plantea una amenaza más sustancial que la orden ejecutiva de Trump porque el Congreso realmente tiene el poder de legislar ciertos requisitos para las elecciones federales. Spencer dijo que la Ley SAVE incluye algunas disposiciones que Trump trató de abordar con su orden ejecutiva relacionada con la ciudadanía y la verificación de las máquinas de votación, pero no tiene tanto alcance.
Dos republicanos de Colorado en el Congreso, Reps. Lauren Boebert de Windsor y Jeff Crank de Colorado Springs, son patrocinadores de la Ley SAVE.
La CCCA ha adoptado una posición formal contra la Ley SAVE. Crane dijo que la medida está “mal escrita” y aumentaría los costes de la celebración de elecciones sin proporcionar la financiación para esos costes.
Con el potencial de cargos civiles o penales para los trabajadores electorales que involuntariamente registren a un votante inelegible en la Ley SAVE, Crane dijo que también disuadiría a la gente de trabajar como juez electoral porque no querrían arriesgarse a ser procesados.
“En estos momentos no hay nadie -ningún funcionario, ningún juez electoral- registrando a propósito a alguien que no debería estar registrado”, dijo Crane. “Si ocurre, es ciertamente a una escala muy, muy pequeña ahora. Pero si cometes un error, puedes enfrentarte a cinco años de cárcel y a una demanda civil. ¿Quién en su sano juicio va a querer trabajar en ese entorno?”.
Crane dijo que si bien es importante asegurarse de que solo los ciudadanos estén votando, la administración Trump está buscando hacerlo de una manera que no es eficiente sin buscar medios alternativos.
“No están interesados en tener conversaciones con expertos que hacen este trabajo para descubrir esas mejores maneras”, dijo Crane. “Prefieren mucho más ser informados por personas que han estado difundiendo desinformación durante los últimos cuatro años y difundiendo mentiras y legislando sobre la base de la desinformación en lugar de los hechos, y ese es un lugar muy peligroso para estar”.
López dijo que Trump difunde intencionadamente desinformación -en particular la falsa afirmación de que las elecciones presidenciales de 2020 fueron robadas- para socavar a los votantes y crear desconfianza hasta el punto de que los votantes elegibles no quieran votar. En última instancia, López dijo que cree que ese es el principal objetivo de Trump.
“No le gusta quién sale a votar, así que vamos a sofocarlo en lugar de luchar una lucha justa en unas elecciones justas y hablar de los hechos”, dijo López.
Las acusaciones de fraude generalizado en las últimas elecciones estadounidenses han sido desmentidas por funcionarios electorales, expertos, medios de comunicación, fuerzas del orden y tribunales.
López dijo que “en la era de la desinformación”, animó a todos los votantes a ir “directamente a la fuente” y preguntar a sus funcionarios electorales locales cualquier duda que tengan sobre su registro electoral o sobre cómo se cuenta su voto.
“Nuestros votantes pueden esperar el mismo nivel de excelencia de su oficina del secretario y registrador, de la división de elecciones, al que están acostumbrados – el mismo modelo justo, seguro y accesible que lidera la nación”, dijo López.
Lindsey Toomer es reportera de Colorado Newsline. Este artículo es republicado de Colorado Newsline bajo una licencia Creative Commons. Colorado Newsline forma parte de States Newsroom, la organización de noticias sin ánimo de lucro centrada en los estados más grande del país.
Traducido por Juan Carlos Uribe, The Weekly Issue/El Semanario.
