Por Austin Fisher

Posted March 20 2025

 

En la primera semana de marzo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de E.E.U.U. dice que arrestó a cuatro docenas de residentes de Nuevo México como parte de redadas de inmigración en Albuquerque, Santa Fe y Roswell.

 

Ahora esas personas están en paradero desconocido, según una denuncia de derechos civiles de la Unión Americana de Libertades Civiles de Nuevo México presentada el domingo, que alega que los 48 “han sido desaparecidos por la fuerza”.

 

No sabemos qué ha sido de estas cuatro docenas de neomexicanos. Han desaparecido. Se han ido”.
Becca Sheff, Unión Americana de Libertades Civiles de Nuevo México

 

“Lo que sabemos es que la gente de nuestra comunidad ha desaparecido, los trabajadores han desaparecido, los familiares han desaparecido, nuestros vecinos han desaparecido”, dijo Marcela Díaz (foto en la portada), directora ejecutiva fundadora de Somos un Pueblo Unido.

 

Según el propio anuncio del ICE, arrestó a la mayoría de esas personas no por condenas penales, sino por violaciones de la ley civil de inmigración, como la entrada ilegal o el reingreso después de la deportación. Díaz dijo que los alcaldes de Albuquerque, Santa Fe y Roswell dijeron a los miembros de su organización que no sabían que se iban a producir las detenciones, y que el ICE les había asegurado que sólo perseguirían a las personas con condenas penales.

 

Según la queja presentada ante la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y la Oficina del Defensor del Pueblo para Detenciones de Inmigrantes, el ICE no ha identificado a ninguna de las 48 personas que detuvo, ni ha indicado dónde o en qué condiciones están detenidas, si tienen acceso a abogados o qué agencia las retiene.

 

“No sabemos qué ha sido de estas cuatro docenas de neomexicanos. Han desaparecido. Se han ido”, dijo Becca Sheff, abogada senior de la Unión Americana de Libertades Civiles de Nuevo México, durante una conferencia de prensa el lunes en la Legislatura de Nuevo México.

 

En la denuncia se afirma que ni la ACLU-NM ni ningún otro proveedor de servicios jurídicos se han puesto en contacto con ninguna de las personas detenidas. El localizador de detenidos en línea del ICE sólo permite localizar a las personas por sus nombres, fechas de nacimiento, países de origen o números que les asigna el DHS, señala.

 

Los abogados que ayudan a las personas detenidas en los tres centros de detención del ICE de Nuevo México—el Centro de Procesamiento del Condado de Otero, el Centro Correccional del Condado de Cibola y el Centro de Detención del Condado de Torrance—normalmente sólo pueden realizar visitas legales previas o de representación con los detenidos si pueden identificarlos de antemano, señala la denuncia.

 

La denuncia también señala que la desaparición arbitraria y forzada es ilegal según la Constitución de Estados Unidos y el derecho internacional de los derechos humanos.

 

“Nadie aquí en Nuevo México debería tener que vivir con este tipo de miedo de que ellos o sus seres queridos podrían ser recogidos y efectivamente desaparecidos”, dijo Sheff.

 

En la denuncia se pide a las oficinas de derechos civiles y del defensor del detenido que investiguen, garanticen el bienestar físico y psicológico de los desaparecidos, se aseguren de que no se toman represalias contra ellos por la presentación de la denuncia y “persigan la rendición de cuentas de todo el personal y los contratistas” implicados.

 

“Nos alarma y perturba que estas cuatro docenas de personas de Nuevo México sigan sin ser identificadas y que hasta la fecha no haya habido suficiente transparencia, supervisión y rendición de cuentas sobre su paradero y bienestar”, señala la denuncia.

 

Sheff dijo a los periodistas el lunes que las oficinas ante las cuales la ACLU presentó la queja tienen su propia autoridad bajo la ley separada del ICE, y que aún no había recibido confirmación de que hayan recibido la queja.

 

La administración Trump está convirtiendo Fort Bliss en El Paso, Texas, en un “centro de deportación” y considerando la base aérea de Kirtland en Albuquerque como un posible centro de detención militar para inmigrantes indocumentados, informó  el New York Times el 21 de febrero. La delegación demócrata del Congreso de Nuevo México escribió el 5 de marzo una carta a Trump y al secretario del Departamento de Defensa, Pete Hegseth, objetando los planes.

 

Cuando Edwin Jesús García Castillo, becario del  Dream Team de Nuevo México, estuvo detenido en el centro de detención de Torrance en 2019 y en 2024, dijo que su familia no sabía dónde estaba o qué estaba pasando y que los guardias le negaron el acceso a un teléfono para llamarlos o a un abogado.

 

“Vi cómo estos lugares te destrozan, física y mentalmente”, dijo en la conferencia de prensa. “Estos lugares son inhumanos, son lugares realmente crueles”.

 

Dos proyectos de ley de inmigración aún pendientes

 

Las detenciones y la denuncia se producen mientras la Legislatura de Nuevo México debate dos propuestas legislativas que limitarían la colaboración estatal y local con la aplicación de la ley federal de inmigración y la detención.

 

García Castillo animó a los legisladores a aprobar una de ellas, el proyecto de ley 9 de la Cámara de Representantes, diciendo que “salvará vidas”.

 

Para que los inmigrantes de Nuevo México se sientan seguros llamando e interactuando con la policía estatal o local, no se puede percibir que están involucrados en la aplicación de la ley federal de inmigración, dijo Gabriela Ibáñez Guzmán, abogada de Somos Un Pueblo Unido.

 

“Debe haber una línea clara y distintiva entre quién está haciendo cumplir la ley federal de inmigración y quién está en nuestra comunidad para mantenernos seguros”, dijo.

 

El proyecto de ley 250 del Senado garantizaría esa distinción al prohibir a las jurisdicciones locales y estatales el uso de fondos públicos, tiempo de personal, propiedades y espacio de oficina, o equipo para ayudar a las agencias federales a hacer cumplir la ley de inmigración, dijo Ibáñez Guzmán.

 

La Directora de Política y Construcción de Coaliciones del Centro Legal (New Mexico Immigrant Law Center) para Inmigrantes de Nuevo México, Jessica Martínez, dijo que cualquier reducción en el número de camas de detención del ICE en Nuevo México haría más seguras a las comunidades, porque la investigación muestra que es más probable que el ICE realice redadas y arrestos más cerca de donde tienen camas de detención existentes.

 

Con una disminución en los cruces fronterizos, dijo, ICE llenará los centros de detención mediante la separación de los inmigrantes dentro de los EE.UU. de sus familias.

 

Martínez dijo que HB9 y SB250 se complementan entre sí y son “críticos” para garantizar la seguridad de los inmigrantes en Nuevo México.

 

Queda menos de una semana para que los legisladores aprueben los proyectos y los envíen a la gobernadora Michelle Luján Grisham, quien tendría que firmarlos para convertirlos en ley. Díaz dijo que la gente necesita que los legisladores estatales y las agencias estatales y locales den un paso adelante.

 

“Ya hemos visto morir muchos buenos proyectos de ley”, dijo Martínez. “Los nuestros siguen en pie porque estamos organizados y el tiempo es esencial”.

 

En la conferencia de prensa, el Director Ejecutivo de la Conferencia de Obispos Católicos de Nuevo México, Allen Sánchez, pidió al Senado de Nuevo México que apruebe ambos proyectos de ley, y citó una carta del Papa Francisco del mes pasado sobre la dignidad de todo ser humano, y la identidad de Jesucristo como inmigrante.

 

 

“Algunos votos – y no todos los votos, pero algunos votos – te siguen a las puertas del cielo, y estos son uno de ellos”, dijo Sánchez.

 

 

Austin Fisher es reportero senior de Source New Mexico. Este artículo  ha sido publicado por Source New Mexico bajo una licencia Creative Commons. Source New Mexico forma parte de States Newsroom, la mayor organización de noticias sin ánimo de lucro del país centrada en los estados.

 

Traducido por Juan Carlos Uribe, The Weekly Issue/El Semanario.