Por Quentin Young, Colorado Newsline

Posted November 27, 2025

 

Un grupo de secretarios de Estado demócratas, en una carta dirigida a altos funcionarios de la administración Trump, expresan su preocupación por que la administración los haya engañado sobre cómo utilizaría los datos de los votantes recopilados en sus estados.

 

La carta, con fecha del 18 de noviembre, está dirigida a Pam Bondi, fiscal general de los Estados Unidos, y a Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. El Departamento de Justicia, supervisado por Bondi, ha solicitado en los últimos meses información sobre los votantes de numerosos estados. Según funcionarios del departamento, esta información permitiría al Departamento de Justicia evaluar el cumplimiento de las leyes electorales federales por parte de los estados.

 

Sin embargo, funcionarios federales reconocieron posteriormente que el Departamento de Justicia compartió información del censo electoral con el Departamento de Seguridad Nacional para buscar a personas que no fueran ciudadanas, con el fin de “eliminar a los extranjeros del censo electoral”.

 

En su carta, las secretarias expresan su “gran preocupación” por la forma en que se está compartiendo la información y “solicitan aclaraciones sobre si el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional engañaron activamente a los funcionarios electorales en relación con el uso de los datos de los votantes”.

 

La carta está firmada por Jena Griswold, de Colorado, así como por Adrian Fontes, de Arizona; Shirley Weber, de California; Shenna Bellows, de Maine; Steve Simon, de Minnesota; Francisco Aguilar, de Nevada; Maggie Toulouse Oliver, de Nuevo México; Tobias Read, de Oregón; Sarah Copeland Hanzas, de Vermont, y Steve Hobbs, de Washington.

 

Los secretarios temen que los funcionarios de Trump puedan hacer un uso indebido de la información.

 

“¿Está el Gobierno recopilando de forma sin precedentes datos masivos de votantes y volcándolos en un sistema federal sin probar y sin verificar para difundir desinformación entre los votantes, desinformación que socava nuestras elecciones?”, declaró Griswold en una entrevista con Newsline.

 

El DHS gestiona el Sistema de Verificación Sistemática de Extranjeros para Derechos (SAVE, por sus siglas en inglés), que permite identificar la condición de ciudadanía de una persona. El sistema puede ser propenso a errores.

 

“Nos gustaría saber qué está haciendo la administración Trump con los datos de los votantes, y me enorgullece unirme a otros nueve secretarios de Estado para exigir respuestas y responsabilidad”, dijo Griswold. “En última instancia, nos gustaría saber qué está haciendo la administración Trump y si está tomando las medidas adecuadas que exige la ley para proteger la información de los votantes”.

 

Según la carta, los secretarios de Estado se reunieron con altos funcionarios del Departamento de Justicia y del Departamento de Seguridad Nacional en dos ocasiones, el 28 de agosto y el 11 de septiembre. Durante la primera reunión, un funcionario del Departamento de Justicia comunicó a los secretarios que el departamento tenía la intención de utilizar los datos de los votantes “para evaluar el cumplimiento de las disposiciones sobre el mantenimiento de las listas de votantes de la Ley de Ayuda al Voto en Estados Unidos (HAVA) y la Ley Nacional de Registro de Votantes (NVRA)”.

 

El 11 de septiembre, Heather Honey, una conspiradora electoral que es funcionaria de “integridad electoral” del Departamento de Seguridad Nacional, dijo a los secretarios que el departamento no había solicitado datos de los votantes y que no tenía intención de utilizarlos, según la carta.

 

“El mismo día, el DHS contradijo públicamente su declaración y confirmó que habían recibido estos datos y que los introducirían en el sistema SAVE, un sistema de verificación de la ciudadanía sin demostrar y potencialmente inseguro”, dice la carta.

 

Los secretarios solicitan detalles sobre el intercambio de datos de votantes entre agencias federales, la seguridad de la información y las declaraciones contradictorias de los funcionarios federales. Solicitan una respuesta antes del 1 de diciembre.

 

Solicitudes de información exhaustivas

 

Según el Brennan Center for Justice, el Departamento de Justicia ha enviado solicitudes de datos de votantes a al menos 40 estados. La solicitud enviada a Colorado en mayo fue una de las más exhaustivas, ya que solicitaba “todos los registros” relacionados con las elecciones de 2024, entre otra información.

 

En respuesta, la oficina de Griswold proporcionó dos copias de la lista maestra de votantes del estado, una de 2022 y otra de mayo, y una copia de la lista maestra del historial de votantes desde después de las elecciones de noviembre de 2024. Los datos incluyen los nombres de los votantes, sus direcciones residenciales, el año de nacimiento y, si el votante lo ha facilitado, los números de teléfono, toda ella información pública. No incluyen el número de la seguridad social del votante, el número del carné de conducir, el mes y el día de nacimiento, la firma ni la dirección de correo electrónico.

 

Otros estados, entre ellos Maine, se negaron a facilitar ninguna información. El secretario de Estado republicano de New Hampshire, David Scanlan, alegando una prohibición estatal, afirmó que no estaba autorizado a facilitar al Departamento de Justicia el censo electoral de su estado.

 

Los votantes de Colorado son menos vulnerables al uso indebido de su información que los de otros estados, a los que los funcionarios federales solicitaron específicamente información confidencial, como permisos de conducir y números de la seguridad social, dijo Griswold. Pero las solicitudes de datos de los votantes son solo una de las muchas formas en que la administración Trump ha “hecho que nuestras elecciones sean menos seguras”, afirmó.

 

En marzo, Trump emitió una orden ejecutiva que, aunque un tribunal ha bloqueado partes clave de la misma, privaría del derecho al voto a millones de estadounidenses si se aplicara, según los defensores de los votantes. La administración ha desmantelado entidades federales que habían trabajado para apoyar la seguridad electoral o contrarrestar la desinformación electoral extranjera. Está intentando eliminar las papeletas por correo, que utilizan prácticamente todos los votantes de Colorado. Está tratando de liberar a Tina Peters, la exsecretaria del condado de Mesa que niega las elecciones y que está cumpliendo una pena de prisión por su participación en un plan para violar la seguridad de su propio equipo electoral.

 

“Creo que es muy importante que los funcionarios electos se levanten siempre que puedan”, dijo Griswold. “Son todas estas pequeñas situaciones las que se acumulan, y no podemos ignorar lo que está sucediendo en general. Y en esta situación, me enorgullece que diez de nosotros nos hayamos unido para exigir respuestas a Pam Bondi y Kristi Noem para que se aclare lo que la administración Trump está haciendo con estos datos”.

 

Quentin Young es el editor de Colorado Newsline. Este comentario se ha vuelto a publicar desde Colorado Newsline bajo una licencia Creative Commons. Colorado Newsline forma parte de States Newsroom, la organización de noticias sin ánimo de lucro más grande del país centrada en los estados.

 

Traducido por Juan Carlos Uribe para The Weekly Issue/El Semanario.