Por Susan Dunlap
Varios funcionarios electos de Nuevo México firmaron una carta enviada por la Unión Americana de Libertades Civiles de Nuevo México al Secretario del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, pidiendo el fin de las expulsiones en la frontera bajo el Título 42.
El Título 42 es un programa iniciado bajo el ex presidente Donald Trump que ha continuado bajo el presidente Joe Biden. Bajo el Título 42, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) expulsa a los solicitantes de asilo en la frontera en lugar de permitirles entrar en el país y pasar por el proceso de solicitud de asilo en Estados Unidos.
Con Biden, se hicieron algunas excepciones, aunque la CBP seguía rechazando a la mayoría de los que solicitaban asilo en un puerto de entrada. Pero Katie Hoeppner, portavoz de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Nuevo México, dijo a NM Political Report en un correo electrónico que la situación «es ahora profundamente preocupante porque no hay manera de que las personas que buscan asilo se acerquen con seguridad a los puertos de entrada y soliciten protección, sin importar lo vulnerables que sean».
La carta afirma que permitir que los solicitantes de asilo entren en Estados Unidos no sólo es una responsabilidad legal, sino que puede hacerse de forma segura. La carta afirma que una investigación reciente muestra que el 99% de los solicitantes de asilo que no fueron detenidos o liberados de la custodia de inmigración se presentaron a sus audiencias en 2019. La carta califica la expulsión de los solicitantes de asilo de los puertos de entrada como «discriminatoria» e «ilegal». Los solicitantes de asilo tienen derecho a solicitarlo en Estados Unidos en virtud de la Ley de Refugiados.
Cuatro senadores estatales, siete representantes de la Cámara de Representantes, dos concejales de la ciudad de Las Cruces, el alcalde pro tempore de Alamogordo y los directores de organizaciones que trabajan con solicitantes de asilo en Nuevo México firmaron la carta.
Muchos pensaron que el presidente Biden pondría fin al Título 42 a finales de julio. Hoepner dijo en su correo electrónico que cuando eso no sucedió, las organizaciones sin fines de lucro que ayudan a procesar a las personas a través de las exenciones del Título 42 sintieron que ya no podían ser parte del enfoque de «reducción de daños».
«No estaban dispuestas a ser cooptadas o cómplices de esta política ilegal», dijo.
Los conservadores, incluida la diputada Yvette Herrell, republicana que representa al 2º Distrito Congresional de Nuevo México a lo largo de la frontera, han argumentado que el Título 42 debe mantenerse en vigor durante la pandemia del COVID-19. Ella dijo en una carta a Mayorkas en junio, que si el Título 42 se levanta, la propagación de COVID-19 aumentaría debido a los migrantes que cruzan fuera de los puertos de entrada.
Pero tanto la administración de Trump como la de Biden ponen muy pocas restricciones a los viajes internacionales. El reverendo George Miller, quien dirige un centro de refugiados en la Iglesia Metodista Unida El Calvario en Las Cruces, dijo previamente a NM Political Report que cientos de camas podrían estar disponibles para los solicitantes de asilo en todo Nuevo México. Miller fue uno de los cofirmantes de la carta dirigida a Mayorkas el martes.
Otros defensores han dicho que el gobierno federal y las organizaciones no gubernamentales (ONG) tienen la capacidad de hacer pruebas y vacunar contra el COVID-19 cuando la gente cruza los puertos de entrada a lo largo de la frontera sur. Miller dijo a NM Political Report que la mayoría de los solicitantes de asilo sólo pasarían por Nuevo México durante uno o dos días mientras hacen arreglos para quedarse con familiares o amigos en otras partes de los Estados Unidos.
Obligar a los solicitantes de asilo a esperar en México durante un tiempo indefinido para solicitar asilo en los EE.UU. margina aún más a las personas ya marginadas, especialmente a los solicitantes de asilo LGBTQ, dice la carta.
«Los campamentos superpoblados e insalubres aumentan el riesgo de que se produzcan brotes de COVID-19 entre las personas que viven allí, contribuyendo potencialmente a una mayor propagación de las variantes. Estas malas condiciones, junto con un acceso extremadamente limitado a los servicios sanitarios adecuados, y la amenaza de graves delitos por parte de bandas violentas, coloca a personas ya vulnerables en las peores circunstancias durante una pandemia mundial», afirma la carta.
Una de las firmantes, la representante estatal Angélica Rubio, demócrata de Las Cruces, dijo a través del comunicado de prensa que ambos partidos «han politizado el sistema de inmigración para obtener beneficios políticos».
«El Título 42 es una continuación de eso, dejando a miles de refugiados en peligro. Como nueva mexicana de primera generación, e hija de inmigrantes mexicanos, el Título 42 va en contra de todo lo que creo. Insto al presidente Biden a no perpetuar la explotación política de nuestro sistema de inmigración y, en cambio, a trabajar para diseñar un sistema que sea integral, justo y equitativo», dijo.
La senadora estatal Carrie Hamblen, demócrata de Las Cruces, que también firmó la carta, dijo en el comunicado de prensa que el fin del Título 42 «debería haberse producido hace mucho tiempo».
«Las personas que llegan a nuestra frontera sur en busca de asilo huyen de circunstancias inimaginables. Es inconcebible que nuestro gobierno siga poniéndolos en peligro cuando tenemos los recursos y la capacidad de responder con humanidad y cuidado. Tengo el honor de unirme a la ACLU, a mis colegas y a la comunidad para pedir al Secretario Mayorkas que anule esta política perjudicial».
El Departamento de Seguridad Nacional no respondió a una solicitud de comentarios, pero sí dijo que el DHS responde a la correspondencia a través de los canales oficiales.
Susan Dunlap es reportera de New México Political Report. Publicado originalmente por New Mexico Political Report.
Traducido por Juan Carlos Uribe-The Weekly Issue/El Semanario.
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