Payal Sinha
¿Por qué tantos empresarios tienen dificultades para encontrar trabajadores en este momento? Una de las razones es el retraso sin precedentes de los permisos de trabajo para inmigrantes.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), la agencia que emite estos permisos, tiene 1,4 millones de solicitudes pendientes, lo que deja a los solicitantes en el limbo durante meses o incluso años.
Los empleadores estadounidenses están obligados a garantizar que sus empleados -independientemente de su ciudadanía u origen nacional- puedan trabajar legalmente. Para los estadounidenses nacidos en el país, eso puede significar simplemente proporcionar un número de la Seguridad Social.
Para los inmigrantes, sin embargo, significa proporcionar un Documento de Autorización de Empleo (EAD), esencialmente un trozo de plástico que les permite trabajar legalmente en Estados Unidos durante un período prolongado. La acumulación de permisos es un gran obstáculo para estos trabajadores.
La capacidad de un inmigrante para trabajar es fundamental para su supervivencia. Los retrasos en los trámites son un estrés añadido para quienes ya tienen dificultades para encontrar dinero para el alquiler, el cuidado de los niños y la comida para su familia.
Los responsables políticos deben crear políticas que protejan el derecho del inmigrante a trabajar y, por tanto, su derecho a vivir.
Por ejemplo, si un solicitante que espera la renovación de un EAD no recibe la tarjeta física a tiempo para mostrarla a su empleador, es probable que pierda su trabajo. Incluso cuando la agencia envía una carta confirmando que el documento ha sido renovado y la tarjeta está en camino, la mayoría de los empleadores no lo entienden y despiden al empleado.
Estos trabajadores no sólo pierden sus ingresos. También pueden perder su seguro médico, la posibilidad de renovar o solicitar el carné de conducir y las prestaciones de desempleo, por nombrar sólo algunas consecuencias. En otros casos, los inmigrantes no pueden solicitar trabajo en absoluto.
El Centro de Justicia Tahirih, que apoya a los inmigrantes supervivientes de la violencia de género, ha visto a algunos de nuestros clientes esperar durante casi un año para que se aprueben sus renovaciones de EAD, lo que les costó su trabajo y su seguro médico durante el momento más aterrador de sus vidas.
Los abogados de Tahirih hacen todo lo posible para presentar solicitudes de servicio y defensor del pueblo para garantizar una asistencia adecuada, pero el USCIS sigue fallando a quienes necesitan ayuda.
Estos problemas se remontan a años atrás, pero la administración anterior en particular hizo un esfuerzo concertado para «armar» y restringir los permisos de trabajo, como informó Politico en 2020.
Ese año, aproximadamente 75.000 solicitantes presentaron una demanda contra USCIS. A los siete días de una orden judicial en respuesta a la demanda, 27.829 solicitantes recibieron su EAD. La demanda, sin embargo, no logró hacer ningún cambio significativo en la política, y las personas que experimentan retrasos en la tramitación siguen presentando demandas en todo el país.
Bajo la administración de Biden, el USCIS ha tomado medidas incrementales para abordar el retraso, pero estas medidas no son suficientes. Los largos plazos de tramitación estimados en el sitio web del USCIS -con solicitudes básicas que a menudo tardan entre seis meses y más de un año en tramitarse- muestran que la agencia carece de un procedimiento interno eficaz para simplificar y acelerar el proceso de adjudicación.
Afortunadamente, una reciente sentencia de un tribunal federal ofreció un alivio a las personas que solicitan asilo y que han estado esperando su EAD cuando dictaminó que las restricciones de la administración anterior sobre los permisos de trabajo eran ilegales e inválidas. Esta sentencia da esperanza a las personas que solicitan asilo en la actualidad, muchas de las cuales llevan años viviendo en este país y no pueden trabajar legalmente mientras esperan que se apruebe su caso.
El USCIS debe considerar cómo su inacción afecta a los inmigrantes y a sus familias. Más de un millón de inmigrantes están deseosos de contribuir a este país. Permitirles trabajar legalmente impulsará nuestra mano de obra y nuestra economía.
Los responsables políticos deben crear políticas que protejan el derecho de los inmigrantes a trabajar y, por tanto, su derecho a vivir.
Payal Sinha es abogada gerente del Centro de Justicia Tahirih. Este artículo de opinión fue distribuido por OtherWords.org.
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