Por Mark Hedin
Es la «cuestión de derechos civiles de nuestro tiempo», dicen los defensores del derecho al voto, pero tres propuestas diferentes para reforzar y crear normas nacionales sobre el voto están estancadas en el Congreso.
«La democracia se enfrenta a retos como nunca antes se había visto», dijo Wade Henderson, director general de la Conferencia de Liderazgo sobre Derechos Civiles y Humanos (LCCR), en una rueda de prensa organizada por Ethnic Media Services y LCCR el 5 de noviembre.
Ya este año, en 19 estados, los legisladores han aprobado 33 leyes que dificultarán el voto. En total, se han propuesto 425 nuevas normas de voto en 49 estados.
En general, donde ha sido un reto votar, las nuevas leyes lo han hecho más difícil, señaló Henderson. En Florida y Georgia, por ejemplo, dar agua o bocadillos a las personas que esperan en las colas para votar es ahora un delito.
Este «torrente» de nuevas normas sobre el voto en todo el país se debe a dos recientes decisiones del Tribunal Supremo que destruyen la Ley de Derechos de los Votantes de 1965, combinadas con el frenesí de la «Gran Mentira» avivada por el ex presidente Trump, que sigue tratando de anular las elecciones de 2020.
«Todavía tenemos herramientas disponibles, pero menos que antes», dijo Sean Morales-Doyle, del Proyecto Democracia del Centro Brennan.
E incluso en esas dos sentencias recientes que destruyeron la Ley de Derecho al Voto—el caso Shelby v. Holder de 2013 y el caso Brnovich v. DNC (Comité Nacional Demócrata) de julio de 2021—el Tribunal Supremo reconoció la responsabilidad última del Congreso de establecer normas federales de votación, señaló Morales-Doyle.
«En realidad tenemos dos leyes que nos ayudarían a superar este momento», señaló Morales-Doyle. «La Ley de Libertad de Voto y la Ley de Avance del Derecho al Voto John Lewis».
El 3 de noviembre, la senadora republicana por Alaska, Lisa Murkowski, fue el 51º voto afirmativo para debatir la propuesta de Ley de Avance del Derecho al Voto John Lewis.
Jacqueline DeLeon, del Fondo para los Derechos de los Nativos Americanos (NARF, por sus siglas en inglés), señaló que Murkowski fue elegida, en parte, gracias a que los votantes nativos de Alaska recorrieron largas distancias para llegar a los centros de votación y votar en la oscuridad total de la nieve después de aprender a deletrear su nombre para apoyar su elección por escrito en 2012.
Pero las reglas del filibusterismo en el Senado hicieron que 51 de los 100 votos posibles no fueran suficientes. Debido al filibusterismo, se necesitan 60 votos para hacer la mayoría de las cosas. Actualmente hay 50 senadores republicanos, dos independientes y 48 demócratas.
Pero 51 votos serían suficientes para cambiar esa regla del filibusterismo, por ejemplo, haciendo una excepción para las leyes de votación, similar a la excepción hecha para las nominaciones a la Corte Suprema en 2017.
«Todos los ojos están puestos en el Congreso y en el Senado», dijo Morales-Doyle.
Mientras tanto, en el País Indio, el cambio está pendiente desde hace tiempo.
«Tenemos que dejar de lado la idea de que el derecho al voto es una petición demócrata. Se trata de proteger a los ciudadanos estadounidenses del abuso racista y de negarles su derecho a participar en el proceso político estadounidense».
Jacqueline DeLeon, Fondo para los Derechos de los Nativos Americanos
DeLeon describió cómo algunas reservas no tienen ningún centro de votación, lo que obliga a los votantes empobrecidos a conducir 160 kilómetros por caminos de tierra hasta pueblos fronterizos, a veces inhóspitos y racistas, para ejercer su derecho al voto.
El pésimo servicio de correo también puede hacer que el registro y el voto en ausencia sean difíciles o imposibles, dijo.
«Los nativos votan si se les da una oportunidad justa, pero con demasiada frecuencia no se les da esa oportunidad justa».
«Tenemos que dejar de lado la idea de que el derecho al voto es una petición demócrata», concluyó. «Se trata de proteger a los ciudadanos estadounidenses del abuso racista y de negarles su derecho a participar en el proceso político estadounidense».
John C. Yang, de Asian Americans Advancing Justice (AAJC), también destacó la importancia no partidista de que se escuche la voz de todos.
«Entonces tenemos un argumento sobre los valores, sobre los temas. Intentamos convencer a los votantes de que nuestras políticas tienen sentido. Esa es la belleza de la democracia».
«Nuestra comunidad es muy diversa», dijo. Los estadounidenses de origen asiático se han convertido en el grupo étnico de mayor crecimiento del país. «Tenemos individuos de todas las tendencias políticas».
«Para nosotros, se trata de asegurarnos de que todos los ciudadanos que tienen derecho a votar tengan la oportunidad de hacerlo de la manera más eficiente y eficaz».
Describió cómo las leyes de identificación de los votantes a veces chocan con las barreras lingüísticas. Y una vez que una persona se ha asegurado su derecho al voto, también es importante disponer de material electoral multilingüe y del voto por correo.
«Se trata de que las comunidades no sientan que son menos ciudadanos por su condición de inmigrantes o porque tienen un dominio limitado del inglés, o porque tienen medios socioeconómicos diferentes que no les permiten votar durante un periodo de 9 a 5».
Henderson señaló cómo 13 de los mismos senadores que detuvieron la Ley Lewis la semana pasada, como John Conryn de Texas, habían votado previamente a favor de la continuidad de la Ley de Derecho al Voto.
«Tenemos que llevar la lucha hasta ellos», dijo. «Este es un derecho y debemos exigirlo y generar el calor político necesario para obtenerlo».
La Conferencia de Liderazgo ha elaborado 14 informes que documentan el estado del derecho al voto en 13 estados del país: Alabama (segundo informe sobre Alabama), Alaska, Arizona, California, Florida, Georgia, Luisiana, Misisipi, Nueva York, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Texas y Virginia.
«El camino a seguir pasa por el Congreso, y hay que decírselo una y otra vez», dijo Morales-Doyle.
Mientras tanto, él y otros defensores del derecho al voto están utilizando las herramientas que aún tienen para llevar la batalla a los tribunales.
El Departamento de Justicia se unió recientemente a una demanda presentada por el Centro Brennan, el Fondo Mexicano-Americano de Defensa y Educación y otros contra las nuevas normas en Texas.
«Ningún trabajo se detiene mientras esperamos que el Congreso actúe, pero todavía necesitamos que el Congreso actúe», dijo Morales-Doyle.
«Además de demandar, tenemos que seguir trabajando para cambiar la narrativa pública sobre esto. Y la gente SÍ quiere una democracia expansiva».
Mark Hedin es reportero de Ethnic Media Services. Reproducido con permiso de Ethnic Media Services.
Traducido por Juan Carlos Uribe-The Weekly Issue/El Semanario.
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