El caso de Alabama que podría limitar la Ley de Derecho al Voto se tramita en el Tribunal Supremo de EE.UU.

Por Ariana Figueroa

Los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos escucharon el 4 de octubre los argumentos orales en un caso que cuestiona un mapa de redistribución de distritos de Alabama y que podría eliminar las salvaguardias federales restantes contra la manipulación racial.

Los defensores del derecho al voto temen que la mayoría conservadora del alto tribunal debilite aún más la Ley del Derecho al Voto, con consecuencias para los votantes de los estados de todo el país.

El caso, Merrill v. Milligan, considera si el mapa de redistribución de distritos de 2021 para los siete distritos del Congreso de Alabama viola la Sección 2 de la Ley de Derecho al Voto porque diluye el poder de voto colectivo de los votantes negros.

Los votantes negros representan más de una cuarta parte de la población del estado, pero sólo un distrito del Congreso -que representa alrededor del 17% de la población del estado- sería mayoritariamente negro según el plan de Alabama, elaborado por la legislatura estatal controlada por los republicanos después del censo de 2020.

Los votantes negros están repartidos en los otros seis distritos del Congreso, y no son mayoría en ninguno, según el mapa. Quienes impugnan el mapa dicen que debería haber un distrito más de mayoría negra.

El artículo 2 de la Ley del Derecho al Voto impide a cualquier estado imponer prácticas electorales que den lugar a la denegación del derecho al voto por motivos de raza.

Los liberales cuestionan al fiscal general de Alabama

Los tres jueces liberales del tribunal -Ketanji Brown Jackson, Elena Kagan y Sonia Sotomayor- interrogaron al procurador general de Alabama, Edmund LaCour, quien argumentó que la legislatura del estado de Alabama trazó el mapa «de manera legalmente neutral desde el punto de vista racial».

LaCour argumentó que los votantes negros que demandaron al estado no cumplieron con la prueba legal de la Sección 2 de la Ley de Derecho al Voto, según la cual deben demostrar que el mapa es un gerrymander racial ilegal. Este requisito se establece en la decisión del tribunal de 1986 en el caso Thornburg v. Gingles.

Jackson preguntó por qué LaCour calificaba el mapa como un plan neutral, ya que las pruebas «están diseñadas para establecer que realmente puede haber discriminación racial funcionando en esta situación particular».

«Estas son cosas realmente difíciles de establecer y colectivamente, muestran que no es neutral, la situación que estamos abordando», dijo Jackson. «Estamos hablando de una situación en la que la raza ya ha infundido el sistema de votación».

Deuel Ross, abogado del Fondo Educativo y de Defensa Legal de la NAACP que representa a los votantes negros que impugnan el mapa del Congreso, dijo al tribunal que no había nada «neutral desde el punto de vista racial» en el mapa trazado por los republicanos.

«Creo que cualquier norma que exija algún tipo de ceguera racial, como dice Alabama, no sólo dificultaría que los demandantes cumplieran con Gingles… sino que dificultaría que los estados trazaran, ya sabes, los 435 mapas del Congreso que tenemos», dijo Ross.

Tanto los jueces liberales como los conservadores rechazaron el argumento del Estado de que, para que los demandantes demostraran que había una violación en los mapas, tenían que demostrar que el Estado tenía la intención de discriminar al trazar los distritos.

El juez Samuel Alito dijo que ese argumento era «de gran alcance», y trató de centrarse en uno de los argumentos «de menor alcance» de Alabama, en el que Alito dijo que el estado está realmente argumentando que los demandantes no cumplen ciertos criterios bajo Gingles.

Según la prueba Gingles, los demandantes deben demostrar tres cosas: El grupo minoritario debe ser «suficientemente grande y geográficamente compacto para constituir una mayoría de la población en edad de votar en un único distrito mayoritario, el grupo minoritario debe estar políticamente cohesionado» y la «mayoría debe votar suficientemente en bloque para permitirlo».

Sotomayor dijo que Alito «regaló el juego», al sugerir una enmienda a la prueba Gingles. Dicha enmienda haría más difícil que los grupos superaran un obstáculo inicial para presentar demandas por discriminación en el voto.

«El punto que está planteando pone de cabeza la Sección 2 (de la Ley de Derecho al Voto), ¿no es así? Porque no existe la neutralidad racial en la Sección 2», dijo. «Dice explícitamente que un grupo protegido debe tener una participación igualitaria».

Decisiones sobre el derecho al voto

Desde 2013, el tribunal ha escuchado varios casos relacionados con la Ley de Derecho al Voto, y cada decisión ha destripado o limitado sus protecciones federales.

«Confiar en simulaciones no probadas desharía décadas de progreso y nos devolvería a una época con poca o ninguna representación de las minorías a nivel federal, estatal y local.»
Abha Khanna, abogado

El tribunal anuló el requisito de autorización previa de la Sección 5 de la Ley del Derecho al Voto, que abarcaba nueve estados -incluido Alabama- y un puñado de condados y municipios con un historial de discriminación de los votantes de color.

El año pasado, el tribunal, en una decisión de 6-3, confirmó las restricciones al voto en Arizona dirigidas por los republicanos, lo que hace más difícil probar las violaciones del derecho al voto en virtud de la Sección 2. Un tribunal inferior consideró que las prácticas de voto perjudicaban de forma desproporcionada a los votantes negros, latinos y nativos americanos.

Kagan señaló que el tribunal ha debilitado la Ley de Derecho al Voto a lo largo de los años, a pesar de ser «uno de los grandes logros de la democracia estadounidense».

Kagan también ratificó la decisión de un tribunal inferior que desechó el mapa, diciendo que «es una especie de golpe», y que el caso de Alabama estaba tratando de «cambiar la forma de votar».

Tribunal inferior

El 24 de enero, un panel de tres jueces determinó que el nuevo mapa del Congreso de Alabama puede violar la Sección 2 de la Ley de Derecho al Voto.

El panel, en el que dos de los jueces fueron designados por Trump, dio a la legislatura del estado la oportunidad de redibujar el mapa, y también declaró que el nuevo distrito probablemente daría a los demócratas otro escaño en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Sin embargo, en febrero, el bloque mayoritariamente conservador del Tribunal Supremo de Estados Unidos votó por 5 a 4 para prohibir el fallo del tribunal inferior que habría obligado al estado a trazar un segundo distrito de mayoría negra a tiempo para las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

El estado de Alabama recurrió al Tribunal Supremo, ya que no quería trazar un segundo distrito de mayoría negra.

Los impugnadores del mapa quieren que el tribunal confirme la sentencia del tribunal inferior. También quieren que el tribunal rechace el argumento del estado que hace recaer sobre los demandantes la carga de demostrar que la impugnación de un mapa del Congreso es «sólo por discriminación racial».

Abha Khanna, que argumenta en nombre de los votantes negros en el caso, dijo que el estado de Alabama está pidiendo al tribunal que cambie la ley de la Sección 2 «que ha regido la redistribución de distritos durante casi 40 años».

«Casi todos los distritos de minorías mayoritarias se convertirían en un objetivo de litigio», dijo, y añadió que la «dependencia del estado de simulaciones no probadas desharía décadas de progreso y nos devolvería a una época con poca o ninguna representación de las minorías a nivel federal, estatal y local».

Se espera un dictamen sobre el caso en algún momento del próximo año.

Otro caso electoral que se verá en el Tribunal Supremo de EE.UU. este año, Moore contra Harper, se refiere a los mapas recién elaborados para los 14 escaños del Congreso de Carolina del Norte. El Tribunal Supremo de Carolina del Norte determinó que los mapas violaban la constitución del estado debido a la manipulación de los distritos electorales. Los republicanos del estado argumentan que la Cláusula Electoral de la Constitución de EE.UU. otorga a las legislaturas estatales la capacidad de definir los distritos del Congreso sin los controles y equilibrios de las constituciones estatales o los tribunales.

Ariana Figueroa es reportera de States Newsroom. Este artículo es republicado de States Newsroom bajo una licencia Creative Commons.

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