Por Grace Berry e Isabella Gómez, Cronkite News

 

 

Durante cinco años, Ricardo Reyes sirvió al país donde nació como infante de Marina, comprometiéndose a sacrificar su vida si era necesario para defender a los Estados Unidos.

 

Casi dos décadas después, este nativo de Phoenix no sale de su casa sin su pasaporte para poder demostrar su ciudadanía estadounidense en caso de ser detenido por las autoridades federales.

 

“Lo llevo conmigo por si acaso lo necesito, porque esa es la realidad en la que vivimos, que eventualmente vas a tener que identificarte”, dijo Reyes. “Ya sea que estés aquí legalmente o no, las personas morenas serán el objetivo, y ahora mismo las personas morenas son el objetivo”.

 

Un número creciente de ciudadanos estadounidenses –ya sea de nacimiento, como Reyes, o naturalizados– dicen que están tomando estas precauciones y viviendo con miedo a ser detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ante las redadas y deportaciones ordenadas por el presidente Donald Trump.

 

Los temores aumentaron después de que la Corte Suprema de Estados Unidos levantó, el 8 de septiembre, las restricciones sobre el perfilamiento racial por parte de ICE.

 

Ese fallo de 6-3 permite que los agentes en el área de Los Ángeles fijen su atención en individuos si usan español, parecen ser de cierta raza o etnia, tienen empleos comúnmente ocupados por trabajadores sin estatus legal o son vistos en lugares como lavados de auto, paradas de autobús y sitios donde se contrata a jornaleros.

 

Mi hijo y yo tenemos esta regla de que en el supermercado hablamos en inglés porque no queremos que nos miren raro, o que alguien potencialmente llame a las autoridades sobre nosotros”.
Cristalís Capielo Rosario

 

La decisión técnicamente solo aplica en el sur de California. Pero defensores de derechos civiles no dudan de que la Corte permitiría a las autoridades migratorias usar el perfilamiento racial en otras partes del país.

 

“Como veterano latino, ¿por qué tengo que preocuparme por la forma en que me veo? ¿Por qué debo preocuparme de ser acosado por ICE cuando sé que una persona blanca y mayor en mi misma posición nunca tendrá que preocuparse por eso?”, dijo Reyes, quien dirige un grupo de defensa para veteranos llamado VetsForward. “Eso no es trato igualitario. Eso va en contra de la Constitución, y en contra de los derechos que pensé que estaba protegiendo cuando me enlisté en el ejército”.

 

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) niega enérgicamente que ciudadanos estadounidenses hayan sido detenidos, incluso de manera accidental, durante sus operativos migratorios. Cuando un ciudadano es arrestado durante una operación, los funcionarios suelen decir que interfirió con los agentes.

 

“Los ciudadanos estadounidenses NO están siendo arrestados ‘injustamente’ por ICE”, informó el departamento el 17 de septiembre, respondiendo a la denuncia de un hombre en California que pasó tres días encarcelado a pesar de decirle a los agentes que era estadounidense. “Las operaciones de cumplimiento de DHS están altamente enfocadas y no están resultando en el arresto de ciudadanos estadounidenses”.

 

En mayo, varios medios reportaron que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, fijaron una meta de 3,000 arrestos de inmigración por día.

 

Aunque la administración negó en tribunales federales que existiera tal cuota, Trump y otros suelen presumir del ritmo agresivo de las operaciones de ICE, particularmente en las llamadas “ciudades santuario” que no cooperan plenamente con el cumplimiento migratorio, como Chicago y Boston.

 

El martes, DHS anunció que ha deportado a unas 400.000 personas desde que Trump regresó a la presidencia el 20 de enero, y espera llegar a 600.000 para finales de diciembre. Otros 1,6 millones se han ido del país voluntariamente.

 

La retórica y las tácticas de la administración han llevado a muchos ciudadanos a protegerse en caso de un encuentro con ICE – entre ellos la residente de Phoenix, Cristalís Capielo Rosario, ciudadana estadounidense desde su nacimiento en Puerto Rico.

 

Ella y sus familiares cargan siempre sus pasaportes, un hábito que comenzó “poco después de que la nueva administración asumió el cargo”, dijo.

 

Para evitar llamar la atención, ella y su hijo de 8 años también dejaron de hablar español en algunos lugares públicos.

 

“Mi hijo y yo tenemos esta regla de que en el supermercado hablamos en inglés porque no queremos que nos miren raro, o que alguien potencialmente llame a las autoridades sobre nosotros”, dijo.

 

Profesora asociada en la Escuela de Consejería y Psicología de Consejería de la Arizona State University, dijo que el fallo de la Corte Suprema intensificó el sentimiento de estar siendo demonizados.

 

“Este cuestionamiento de nuestra ciudadanía, y de si pertenecemos o no, no es nada nuevo. Llevamos décadas lidiando con esto”, dijo Capielo Rosario, refiriéndose a la experiencia de ser puertorriqueña. “El problema ahora es que hay más presencia policial, presencia policial federal, lo que incrementa el nivel de estrés”.

 

Para algunos residentes de Arizona, las tácticas de la administración Trump –combinadas con la libertad otorgada a ICE por la Corte Suprema para realizar perfilamiento racial– evocan recuerdos de la Ley del Senado 1070 en el estado.

 

Firmada en 2010 por la gobernadora republicana Jan Brewer, la SB1070 incluía la controvertida disposición de “muéstrame tus papeles”, que permitía a la policía detener a cualquiera bajo sospecha de estar en el país ilegalmente y exigir prueba de ciudadanía. Partes de la ley fueron anuladas como inconstitucionales por la Corte Suprema.

 

“Me preocupa porque el reciente fallo de la Corte Suprema básicamente dice que, basado en cómo te ves… si hablas español o tienes acento, te pueden detener”, dijo Lisa Magaña, profesora en la Escuela de Estudios Transfronterizos de ASU. “Te pueden detener aunque seas ciudadano estadounidense”.

 

“En algunos aspectos, creo que es más masivo que la SB1070. … Este es un problema nacional”, dijo.

 

La jueza Sonia Sotomayor, una de las tres disidentes liberales en la decisión del 8 de septiembre, advirtió que conlleva implicaciones oscuras. “No deberíamos vivir en un país donde el Gobierno pueda detener a cualquiera que luzca latino, hable español y parezca tener un empleo de bajos salarios”, escribió.

 

La decisión revocó una orden de un tribunal de distrito federal con jurisdicción en Los Ángeles y condados vecinos, donde un juez había considerado ilegales los métodos de cumplimiento de ICE.

 

El día que la Corte Suprema emitió su fallo, el zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, dijo a reporteros que “no estamos perfilando racialmente a nadie”.

 

En cambio, dijo que los agentes usan “una multitud de factores … para establecer sospecha razonable”.

 

El tribunal inferior había emitido la orden contra el perfilamiento racial en medio de una serie de redadas en lugares de trabajo que comenzaron en junio. Al 26 de agosto, DHS contabilizaba 5.000 arrestos y destacaba la detención de “extranjeros criminales ilegales, pandilleros, depredadores de menores y asesinos”.

 

Pero no todos los atrapados en la red eran criminales – ni siquiera extranjeros.

 

En julio, George Retes, un veterano del Ejército de 25 años nacido en California, se dirigía a su trabajo como guardia de seguridad cuando se topó con una confrontación entre manifestantes y agentes federales que realizaban una redada en la granja de cannabis de su empleador en el condado de Ventura.

 

Bajó de su auto y, desde una distancia –esperando no ser confundido con un manifestante ni con un objetivo de la redada– les gritó a los agentes: “Soy ciudadano. Solo estoy tratando de llegar a mi trabajo”.

 

Tras cierta confusión, su auto se llenó de gas lacrimógeno y le rociaron gas pimienta en la cara. Retes dice que fue arrastrado fuera del vehículo, tirado al suelo y sometido.

 

“Nunca me pidieron ver una identificación. No les importaba si era ciudadano”, dijo Retes.

 

Relató una detención de tres días en el Centro de Detención Metropolitano de Los Ángeles, donde se perdió el tercer cumpleaños de su hija.

 

Su abogada, Marie Miller, del Instituto por la Justicia, dijo que Retes planea demandar al gobierno por violar sus derechos constitucionales.

 

En respuesta a un artículo de opinión que Retes escribió sobre el incidente, DHS publicó en X que fue arrestado por agresión –no por ninguna violación a leyes migratorias– después de que “se volvió violento y se negó a obedecer a las autoridades”.

 

El departamento aseguró que sus operativos “no están resultando en el arresto de ciudadanos estadounidenses. Hacemos nuestra debida diligencia. Sabemos a quién estamos apuntando de antemano. Este tipo de calumnias están diseñadas para demonizar y vilipendiar a nuestros valientes agentes de ICE. Este tipo de basura ha llevado a un aumento de más del 1000% en los ataques contra oficiales de cumplimiento de la ley”.

 

En una entrevista, Reyes dijo que sigue sintiendo miedo.

 

“Quiero pasar el mayor tiempo posible siendo libre, disfrutando del mundo y del sol”, dijo. “Pero al mismo tiempo, cuando salgo, es como, ‘OK, bueno, ¿y si ICE está ahí al azar y esto vuelve a pasar?’”

 

Debido a la amenaza latente de detención, incluso encuentros relativamente inocuos con ICE pueden dejar a los ciudadanos traumatizados.

 

Seis días después de que comenzara el segundo mandato de Trump, la administración lanzó una ofensiva de cumplimiento migratorio.

 

Ese día en Phoenix, cuatro agentes con chalecos tácticos – incluido uno de la Oficina de Ejecución y Remoción, una rama de ICE – tocaron la puerta de Micaela Quihuis.

 

Ella nació en Phoenix hace 43 años. Es madre de tres hijos y agente de bienes raíces.

 

Los agentes buscaban a un hombre que no conocía, relató. Le pidieron varias veces entrar a su casa. Ella se negó a menos que presentaran una orden judicial.

 

Los oficiales le pidieron identificación. A través de la puerta con malla cerrada, mostró su licencia de conducir de Arizona mientras su hija de 14 años grababa el encuentro desde dentro.

 

“Me sentí amenazada”, dijo Quihuis, agregando que su hija necesitó terapia después. “Tenía miedo de que fueran a regresar”.

 

“Estoy asustada por mis hijos, porque soy de un tono más oscuro de mexicana. No soy muy oscura, pero soy morena”, dijo. “Y ahora, manejando, tengo la posibilidad de que me detengan”.

 

Y agregó: “¿Qué pasará con mis hijos?”

 

Grace Berry es reportera digital e Isabella Gomez es periodista de Cronkite News. Este artículo fue traducido de la versión en inglés redactada por Grace Berry e Isabella Gómez de Cronkite News. Reproducido con permiso de Cronkite News.