Dusti Gurule
Las constantes amenazas a los inmigrantes por parte de esta administración no son accidentales. No es una coincidencia que cada vez que damos la vuelta haya una nueva propuesta o política que elimine las oportunidades o amenace nuestra salud o seguridad. Es algo calculado y tiene la intención de hacernos vivir con miedo. Lo peor del caso es que está funcionando.
En los últimos meses hemos visto un memorando presidencial sobre la responsabilidad del patrocinador donde elimina las excepciones de tarifas para las personas que solicitan beneficios o programas de apoyo. Se impulsó una nueva regla para negar a los inmigrantes acceso a viviendas de bajos ingresos y hubo una expansión de las deportaciones aceleradas, lo que puede resultar en la deportación de personas antes de que tengan la oportunidad de ver a un juez. Todo esto mientras cada día vemos historias de familias destrozadas en la frontera, niños enjaulados e incluso muriendo por falta de atención medica adecuada mientras están detenidos.
Muchos de estos cambios en las leyes son impulsados por agencias federales u órdenes ejecutivas con un lenguaje complicado. Esto dificulta que las personas entiendan o incluso sean conscientes de estas alteraciones. Esto es lo que algunos defensores han llamado el «muro invisible»: una crisis que se está gestando en este lado de la frontera desatando el terror y amenazando con desestabilizar aún más a las comunidades.
Todas estas políticas y propuestas están diseñadas para intimidar y poner en peligro a las personas que han emigrado a este país, y la Carga Pública sobresale. Específicamente crea una prueba de riqueza para las personas que buscan legalizar su situación o continuar con su residencia legal, otras barreras legales discriminan contra personas que no hablan inglés, niños, ancianos y personas con enfermedades graves.
Todas estas políticas y propuestas están diseñadas para intimidar y poner en peligro a las personas que han emigrado a este país, y la Carga Pública sobresale. Esta regla se dirige a los inmigrantes que están tratando de prosperar en este país y están trabajando hacia un futuro sólido. Específicamente crea una prueba de riqueza para las personas que buscan legalizar su situación o continuar con su residencia legal, otras barreras legales discriminan contra personas que no hablan inglés, niños, ancianos y personas con enfermedades graves.
La regla también desanima a las familias o obtener acceso a programas críticos del gobierno como Medicare, Medicaid, SNAP (nutrición suplementaria) o cupones de vivienda «Sección 8». Estos son programas que ayudan a promover la salud y el bienestar además de fortalecer a nuestras comunidades. La carga pública también amenaza la entrada a los EE. UU. y las solicitudes de presencia legal para quienes ya están aquí si el inmigrante o un miembro de su familia ha utilizado ciertos beneficios públicos o podría necesitar alguno en el futuro.
La implementación de esta regla indudablemente disuadirá a las familias inmigrantes de solicitar indispensables programas públicos para los que califican. Ya lo está logrando. El «efecto escalofriante» efectivamente congeló la solicitud de ayuda y llevó a muchas personas y familias a darse de baja de los programas necesarios, creando barreras adicionales para acceder a la atención necesaria y la salud de nuestras comunidades.
Se estima que aproximadamente 75,000 habitantes de Colorado sientan el impacto de la Carga Pública. Muchos inmigrantes ya tienen prohibido utilizar programas de asistencia pública que les faciliten la vida, además ya existen barreras específicas y períodos de espera para adquirir un seguro de salud.
Miles de personas se manifestaron públicamente y por escrito durante un período de comentarios sobre la regla de Carga Pública. Actualmente está programado para entrar en vigor el 15 de octubre de 2019. Esa fecha de implementación puede retrasarse debido a una demanda legal. Lo importante es saber que los defensores continúan luchando contra esta peligrosa propuesta y hasta su implementación ningún cambio tendrá efecto.
Para muchas personas en nuestra comunidad la carga pública puede sentirse como una bomba de tiempo. Todo lo que podemos hacer es esperar que las demandas legales tengan éxito y que podamos continuar removiendo con éxito no solo esta política tan perjudicial, sino también las políticas de deportación y las severas políticas fronterizas que están destrozando a las familias.
Los inmigrantes que viven y trabajan en Colorado contribuyen en gran medida a la vida comunitaria como todos los demás. Se merecen algo mejor. Debemos unirnos para desafiar cualquier amenaza al cuidado de salud que nuestras familias necesitan para mantenerse saludables y francamente para permanecer unidos. Las personas pueden obtener más información sobre el estado de la carga pública, los impactos de los cambios propuestos y cómo participar visitando el sitio web de la campaña Protegiendo a las familias inmigrantes. (Protecting Immigrant Families campaign website, https://protectingimmigrantfamilies.org).
Dusti Gurule es la directora ejecutiva de La Organización para la Oportunidad y Justicia Reproductiva para las Latinas de Colorado (COLOR) en Denver Colorado (Colorado Organization for Latina Opportunity and Reproductive Rights /COLOR.
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