Caduca el Contrato de Servicios Jurídicos y los Menores Inmigrantes No Acompañados Se Enfrentan a la Deportación
Por Ariana Figueroa, States Newsroom
Posted August 6, 2026
Más de 20 000 menores inmigrantes no acompañados se quedaron el lunes sin representación jurídica porque la Administración Trump no ha firmado un nuevo acuerdo para hacerse cargo de sus servicios jurídicos tras dejar que caducara un contrato de larga duración con una organización sin ánimo de lucro.
Sin representación legal, menos del 10 % de los menores inmigrantes consiguen el derecho a permanecer en Estados Unidos mientras su caso se tramita en el tribunal de inmigración. A los abogados y defensores especializados en inmigración les preocupa que la pérdida de la asistencia jurídica acelere el proceso de deportación de estos menores.
“En estos momentos estamos todos a ciegas, y el secretismo es una parte importante del problema”, afirmó Shaina Aber, directora ejecutiva del Acacia Center for Justice, que anteriormente tenía el contrato que expiró el 31 de julio.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos, que adjudica el contrato, no respondió a varios correos electrónicos de States Newsroom en los que se le preguntaba qué nueva organización se hará cargo de los servicios jurídicos en los tribunales de inmigración para los menores no acompañados.
Los tribunales están ordenando la expulsión de todos esos menores, a pesar de que sus visados están pendientes.
Shaina Aber, Acacia Center for Justice
El HHS tampoco ha presentado ninguna solicitud para que nuevos contratistas presten servicios jurídicos a menores no acompañados, según un análisis realizado por States Newsroom del sitio web del Gobierno federal dedicado a los contratos.
Además, Scott Ehlers, director de la Comisión de Defensa de los Indigentes de Texas —una organización a la que la Administración Trump tenía inicialmente en mente para hacerse cargo de los servicios jurídicos destinados a menores no acompañados—, declaró a States Newsroom que no se le había adjudicado ningún contrato por parte del HHS y que el departamento no se había puesto en contacto con ellos al respecto.
Aber señaló que el HHS no ha informado a Acacia de quién será el nuevo contratista, no ha llevado a cabo la transición de los casos de los menores a los nuevos abogados ni ha pagado a la organización por el trabajo jurídico realizado desde diciembre.
El HHS no ha reembolsado 65 millones de dólares a Acacia, que distribuye los fondos federales entre unas 100 organizaciones de todo el país que proporcionan representación legal a menores no acompañados en casos de inmigración.
Conflicto por la información confidencial
La Administración Trump dejó que el contrato con Acacia expirara después de que los abogados se negaran a entregar información confidencial sobre los casos de sus clientes, como por ejemplo si un menor tiene un visado pendiente.
Aber señaló que, desde enero, los abogados de inmigración han observado cómo los abogados del Gobierno intentan utilizar la información sobre visados para someter a los menores a procedimientos de deportación.
“El Gobierno ha ideado esta novedosa estrategia que está aplicando en los procedimientos de los tribunales de inmigración, según la cual, si un menor tiene un visado pendiente, eso significa que es puramente especulativo que dicho menor llegue a tener alguna vez un estatus legal; por lo tanto, están ordenando la deportación de menores que, de hecho, tienen visados T pendientes —que son visados para víctimas de trata—, de menores con el estatus especial de inmigrante menor pendiente y de menores con visados U”, afirmó. “Los tribunales están ordenando la expulsión de todos esos menores, a pesar de que sus visados están pendientes”.
El estatus de no inmigrante U, o visados U, está reservado a los inmigrantes menores de 21 años que hayan sido víctimas de un delito o que hayan colaborado con la fiscalía aportando información sobre actividades delictivas.
Por otra parte, el estatus especial de inmigrante menor se concede a los menores inmigrantes que hayan sido “abandonados, maltratados o desatendidos” por uno de sus progenitores, y dicho visado les abre una vía para obtener la tarjeta de residencia.
Una organización sin ánimo de lucro de Pensilvania, Jewish Family and Community Services of Pittsburgh, presentó recientemente una demanda en nombre de varios menores inmigrantes contra la práctica de la Administración Trump de deportar a menores con visados pendientes.
Aber afirmó que le preocupa que la próxima organización que obtenga el contrato entregue esa información sensible a la Administración Trump.
“Nos preocupa mucho cualquier acuerdo que el Gobierno haya firmado con un nuevo contratista sobre el intercambio de datos confidenciales o información privilegiada que vaya en contra de los intereses de los menores”, afirmó.
Confusión en torno a los servicios jurídicos
Aber señaló que el HHS sigue trabajando en la aceptación de una propuesta de transición, lo que significa que Acacia y los proveedores de su red ni siquiera pueden empezar a mantener conversaciones con los menores para informarles de que otra persona les representará en el tribunal de inmigración.
“Para mantener esas conversaciones tan delicadas con el menor, en las que le dices: “Oye, ya no voy a poder representarte más, o estas son tus opciones en cuanto a la representación”… no podemos empezar a tener esas conversaciones con los menores sin disponer de esa información”, señaló.
Añadió que los responsables de la Oficina de Refugiados y Reasentamiento (ORR), el organismo dependiente del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) que acoge a algunos menores inmigrantes no acompañados, siguen poniéndose en contacto con Acacia y sus proveedores de servicios jurídicos incluso después de que el contrato haya expirado, solicitando servicios jurídicos para los menores recién llegados. Según datos de la agencia de junio, casi 1.800 menores se encuentran bajo el cuidado de la ORR.
“Siguen poniéndose en contacto con nuestra red de servicios jurídicos, preguntando si alguien podría, por favor, desplazarse por su cuenta para hablar con los niños recién llegados”, dijo Aber.
“No dejan de ponerse en contacto con nuestra red de servicios jurídicos para preguntarnos si alguien podría desplazarse, corriendo con los gastos de su propio bolsillo, para hablar con los niños recién llegados”, explicó Aber.
Algunas de las organizaciones que colaboran con Acacia han podido echar mano de sus reservas para seguir prestando servicios a los niños, pero otras han tenido que dejar de prestar esos servicios por completo, señaló Aber.
Ariana Figueroa es reportera de la oficina de Washington D. C. de States Newsroom. Este artículo ha sido publicado por States Newsroom bajo una licencia Creative Commons.
Traducido por Juan Carlos Uribe para The Weekly Issue/El Semanario.
- Caduca el Contrato de Servicios Jurídicos y los Menores Inmigrantes No Acompañados Se Enfrentan a la Deportación - agosto 7, 2026
- Claudia Encuentra en la Escritura Una Forma de Afrontar el Cáncer Emocionalmente - julio 30, 2026
- El Calor Extremo Está Elevando el Costo de la Electricidad y Poniendo en Mayor Riesgo a las Mujeres Embarazadas - julio 30, 2026
