Por Austin Fisher

 

Posted March 7, 2024

 

 

Opositores al derecho al aborto en Texas dictaron términos y presionaron a funcionarios en municipios de Nuevo México para que aprobaran ordenanzas que restringieran las clínicas, según registros públicos – potencialmente como parte de una estrategia legal mayor.

 

Los correos electrónicos muestran que el ex procurador general de Texas, Jonathan Mitchell, y Mark Lee Dickson, fundador de la iniciativa «Ciudades santuario para los no nacidos», lograron influir en los gobiernos locales de las zonas rurales del estado, a pesar de las advertencias y las dudas de los funcionarios locales.

 

A finales de 2022 y principios de 2023, las ciudades de Clovis y Hobbs, en Nuevo México, aprobaron ordenanzas en las que se declaraba que la gente no tiene derecho a violar la Ley Comstock de 1873, un estatuto federal hasta entonces oscuro que prohíbe el envío por correo de píldoras abortivas o materiales relacionados con el aborto. Más tarde se sumaron Eunice y Edgewood, y los condados de Roosevelt y Lea.

 

Hay algunas variaciones entre las seis ordenanzas: La ordenanza del condado de Lea especifica sanciones económicas en caso de infracción; las ordenanzas de los condados de Roosevelt y Edgewood permiten a un particular interponer una demanda y obtener una indemnización económica; y las ordenanzas de Clovis, Hobbs y Eunice imponen nuevos requisitos de autorización a las clínicas abortistas.

 

(Hobbs aprobó la Ordenanza nº 1147 el 7 de noviembre de 2022; el condado de Lea aprobó la Ordenanza nº 99 el 8 de diciembre de 2022; Clovis aprobó la Ordenanza nº 2184-2022 el 5 de enero de 2023; el condado de Roosevelt aprobó la Ordenanza 2023-01 el 10 de enero de 2023; Eunice aprobó la Ordenanza nº 561 el 23 de enero de 2023; Edgewood aprobó la Ordenanza 2023-02 el 26 de abril de 2023).

 

Mitchell redactó la SB 8, la ley del estado de Texas que permite demandar a personas por practicar abortos después de aproximadamente seis semanas o incluso por ayudar a alguien a abortar. La ley prohibió efectivamente el aborto casi un año antes de que el caso Roe contra Wade fuera anulado por el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

 

Mitchell también representó recientemente al ex presidente Donald Trump ante el Tribunal Supremo de EE.UU. en febrero para argumentar que debería mantenerse en la papeleta de las primarias presidenciales en Colorado a pesar de que las acciones de Trump estimularon el ataque del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de EE.UU.. La decisión en ese caso se publicó el 4 de marzo.

 

Correos electrónicos obtenidos a través de solicitudes de registros públicos muestran a Mitchell y Dickson acercándose a los gobiernos locales de Nuevo México para presentar versiones de las ordenanzas.

 

Una organización legal sin fines de lucro llamada Democracy Forward sacó a la luz los correos electrónicos, y Source New Mexico verificó de forma independiente los registros a través de entrevistas con funcionarios locales y nuestras propias solicitudes de registros.

 

Los correos electrónicos también muestran influencia y control: Mitchell exigía que cualquier cambio en la ordenanza de Clovis fuera aprobado por él, proporcionaba asesoramiento jurídico gratuito a Eunice sobre la modificación de la ordenanza y Dickson dirigía el lenguaje de la ordenanza de Hobbs.

 

El alcalde de Hobbs, Ed Cobb, dijo en una entrevista telefónica que «no es inusual que se nos proporcione información», y agregó que la ciudad ha recibido información de abogados externos sobre otras ordenanzas en el pasado.

 

«Eso no significa necesariamente que la copiemos y la peguemos, pero no está prohibido», dijo Cobb.

 

Las ordenanzas se enfrentan ahora a un desafío en el Tribunal Supremo de Nuevo México, ya que lanzan obstáculos regulatorios para las clínicas de aborto al prohibirles tener medicamentos para abortos con medicamentos enviados desde otros estados a través del correo. Además, una ley de 2023 otorga al Estado -y no a los gobiernos locales- la última palabra en materia de salud reproductiva.

 

El fiscal general demócrata de Nuevo México, Raúl Torrez, lleva el caso contra los gobiernos locales. Pide a los jueces que anulen las ordenanzas y que vayan más allá, sentando un precedente legal que garantice el derecho al aborto en la Constitución de Nuevo México.

 

A 3 de marzo, los jueces aún no se habían pronunciado.

 

Mitchell apuesta por que la ley federal sustituya tanto a la ley estatal como a la Constitución de Nuevo México, según una presentación judicial del caso.

 

Mitchell dijo a The Nation que, independientemente de cómo se pronuncien los jueces de Nuevo México, el desafío legal acelerará su objetivo de llevar a Comstock ante la mayoría conservadora del Tribunal Supremo de Estados Unidos.

 

«Ese es el objetivo final», dijo Joe Gaeta, director de supervisión y compromiso de Democracy Forward y uno de los abogados que originalmente obtuvieron los registros.

 

Comstock es clave en la presión del movimiento antiabortista para imponer restricciones nacionales, según los expertos jurídicos.

 

Democracy Forward hace un seguimiento del movimiento legal de extrema derecha y se ha enfrentado a Mitchell en tribunales de Texas y otros estados. En 2023, la organización señaló sus esfuerzos como parte de «una campaña ciudad por ciudad para prohibir el aborto.»

 

States Newsroom informa de que, desde que en mayo de 2022 se filtró la decisión que anulaba el caso Roe contra Wade, los activistas contrarios al derecho al aborto han inundado las legislaturas estatales y los gobiernos municipales con propuestas para penalizar la interrupción del embarazo o añadir regulaciones gravosas.

 

Ni Mitchell ni Dickson respondieron a las múltiples solicitudes de comentarios enviadas durante semanas.

 

Debería haber participado

 

Antes de que se aprobaran las ordenanzas, Mitchell prometió representar a Edgewood, Clovis, Hobbs y Eunice ante los tribunales si adoptaban las medidas, que podrían impedir el funcionamiento de clínicas abortistas en sus ciudades.

 

Algunas personas de estas comunidades, incluidos funcionarios municipales y del condado, advirtieron que no se involucraran en esta lucha sobre el aborto a instancias de Mitchell y Dickson.

 

«Oh Mylanta. Espero que su abogado del condado esté presente para hacerles saber que no tienen autoridad legal para hacer ninguna de esas cosas», escribió la secretaria del condado de Quay, Ellen White, en un correo electrónico al condado de Roosevelt el 19 de septiembre de 2022.

 

Contactada por teléfono, White dijo: «Realmente no creo que sea asunto de una comisión del condado ocuparse de eso». Ella se negó a hacer más comentarios.

 

Dos abogados de Hobbs y uno de Clovis, junto con un comisionado de Hobbs , también plantearon dudas sobre la legalidad de las ordenanzas, muestran los registros.

 

Clovis no tiene un abogado interno, sino que contrata a abogados privados. Jared Morris dijo que «por lo general» representa a la ciudad en «la mayoría de sus asuntos» – pero no la ordenanza del aborto.

 

Morris dijo en una entrevista que tenía «cero participación» en la ordenanza.

 

«(Mitchell y Dixon) ya tenían esta ordenanza, la habían redactado, y su modus operandi es llevarla a estos órganos de gobierno – comisiones del condado o de la ciudad – y eludir al abogado interno, por lo general», dijo. «Así es como funcionó aquí».

 

Pero los estatutos de la ciudad de Clovis exigen que el abogado de la ciudad prepare todas las ordenanzas.

 

«Mi interpretación es que debería haber participado en la redacción», dijo Morris.

 

Aunque el control de Mitchell sobre el lenguaje de la ordenanza es extraño, Morris reconoció que no significa necesariamente que la ordenanza en sí no sea válida.

 

Para Gaeta, de Democracy Forward, la revelación más sorprendente de los registros fue la expresión de un funcionario de Clovis de sentirse manipulado.

 

Morris dijo en un correo electrónico del 13 de octubre de 2022 a los comisionados que Mitchell en Texas tenía que aprobar cualquier cambio.

 

«Al alcalde le dijeron anoche que todos los cambios a la ordenanza, incluso los más diminutos, deben ser aprobados por Jonathan Mitchell para mantener nuestra libre defensa», escribió.

 

Cinco días más tarde, la comisionada de Clovis Megan Palla planteó en un correo electrónico su preocupación por los motivos de Dickson y Mitchell, después de notar «ediciones extremas» entre dos versiones diferentes.

 

«Entiendo que Jonathan Mitchell aprobó todas las ediciones, pero ¿por qué?». escribió Palla. «Me hace sentir como si hubiera algo más bajo la manga y no les importa lo que dice nuestra ordenanza, sólo quieren que nos juguemos el cuello y aprobemos algo. ¿Hay algún otro motivo? Me siento como un peón en un juego, pero no conozco las reglas del juego ni cuál es el resultado final que buscan».

 

Palla no respondió a una petición de comentarios.

 

Y cuando un comisionado expresó su deseo de añadir una excepción a la ordenanza para las supervivientes de violación e incesto, el alcalde de Clovis, Michael Morris -sin parentesco con el abogado-, escribió: «Por favor, pásaselo a Mitchell si quieres. Te apoyo».

 

El alcalde de Clovis no respondió a las múltiples peticiones de comentarios para este reportaje.

 

El alcalde Cobb de Hobbs, por su parte, dijo que aunque Dickson ofreció a Mitchell representación legal gratuita, la comisión y el equipo legal de la ciudad nunca entablaron una relación abogado-cliente con ninguno de ellos.

 

«Se ofreció a representar a la ciudad y ha proporcionado alguna información, pero nunca hemos tenido un compromiso formal con el Sr. Mitchell», dijo Cobb. «No ha venido aquí a decirnos lo que tenemos que hacer. Eso es lo esencial».

 

Cobb dijo que Mitchell comentó los borradores, pero el alcalde nunca vio ningún borrador directamente de Mitchell, que «nunca estuvo en las deliberaciones que tuve con el personal de la ciudad».

 

Sin embargo, los correos electrónicos muestran que los funcionarios de Hobbs sí hicieron deferencias a los opositores al derecho al aborto de Texas.

 

En un correo electrónico del 2 de octubre de 2022 al ex abogado de la ciudad de Hobbs, Mitchell escribió: «Se adjunta una ordenanza revisada de Hobbs en la línea que discutimos», añadiendo que Dickson «firmó esta versión».

 

 

Austin Fisher es reportero de Source New Mexico. This article is republished from Source New Mexico under a Creative Commons license.

 

Traducido por Juan Carlos Uribe, The Weekly Issue/El Semanario.