Por Julieta Gualtero Baquero para ACoM

Posted on October 22, 2026

 

 

La ansiedad ha sido la constante en la vida de Samir desde que perdió su Estatus de Protección Temporal (TPS) en 2025. Este venezolano de 32 años se encuentra ahora a la deriva en un limbo legal, sin su sustento y sin un futuro claro.

 

Según él, a sus temores se suma la proliferación de cámaras de vigilancia en San Francisco y en todo el país, lo que alimenta una sensación generalizada de vulnerabilidad.

 

“Desde el momento que salgo por la puerta, miro hacia adelante, miro hacia atrás, miro en todas direcciones constantemente”, dijo Samir (quien pidió que no usáramos su nombre real). “Todo me parece sospechoso. Es paranoia. Uno termina sintiéndose como un criminal sin haber hecho nada malo”.

 

Ese sentimiento es parte de lo que subyace a la creciente reacción pública contra la creciente capacidad de vigilancia del gobierno, que ahora se está desplegando como parte de la continua represión antiinmigrante de la administración Trump.

 

‘Como Amazon, pero con seres humanos’

 

Según las estimaciones, hay entre 70 y 80 millones de cámaras de vigilancia instaladas en todo el país, lo que equivale aproximadamente a una cámara por cada 4 o 4,5 habitantes. Entre ellas se encuentran unos 120.000 lectores automáticos de matrículas (ALPR, por sus siglas en inglés) de la marca Flock, desplegados en carreteras y autopistas de todo el territorio nacional.

 

La rápida proliferación de estas herramientas de «seguridad pública» está generando gran preocupación entre los defensores de la privacidad y los derechos civiles, así como entre los defensores de los derechos de los inmigrantes.

 

“La aplicación de las leyes de inmigración y la ‘seguridad nacional’ han servido durante mucho tiempo como justificación para sistemas cada vez más autoritarios que erosionan las libertades civiles y debilitan las protecciones democráticas”, escriben los autores de un informe reciente, The Tech Behind ICE: Oligarchs, Immigration Enforcement and the Threat to Democracy (La tecnología detrás del ICE: Oligarcas, aplicación de las leyes de inmigración y la amenaza a la democracia) .

 

Al recurrir a una vigilancia tecnológica ampliada, la visión de la administración, señalan los autores, citando al exdirector interino del ICE, Todd Lyons, es crear un proceso de deportación «como [Amazon] Prime, pero con seres humanos».

 

‘No podemos retenerte’

 

Samir abandonó su Caracas natal por primera vez en 2017, un año marcado por protestas masivas, una brutal represión por parte del expresidente venezolano Nicolás Maduro y la primera de una serie de sanciones paralizantes impuestas a la nación sudamericana por Estados Unidos.

 

Samir, músico de formación, huyó inicialmente a México, donde pasó los siguientes tres años ganándose la vida a duras penas como profesor en una escuela de música local. Entonces llegó la pandemia de COVID-19 y su vida volvió a dar un vuelco.

 

Desempleado y sin saber qué hacer, Samir decidió ir a Estados Unidos. Consiguió una visa de turista que le permitió entrar al país y, en diciembre de 2020, abordó un avión con destino a San Francisco, donde vivía un amigo. En marzo del año siguiente, solicitó y finalmente obtuvo el Estatus de Protección Temporal (TPS), reservado para personas que huyen de países azotados por la violencia, la persecución política o desastres naturales.

 

Cuando se le otorga al Estado el poder de vigilar, rastrear y clasificar a un grupo de personas sin límites ni supervisión, se le otorga el control sobre toda la sociedad”.
Samir

 

Ahora que ya podía trabajar legalmente, Samir retomó su carrera musical y consiguió trabajos como profesor de guitarra, piano, teoría musical e improvisación en escuelas de música del Área de la Bahía. También encontró un puesto en el sindicato de tramoyistas, Local 16, trabajando en espectáculos por toda San Francisco.

 

Pero los acontecimientos volverían a trastocar la vida de Samir.

 

En octubre de 2025, la Corte Suprema de Estados Unidos dio luz verde a los esfuerzos de la administración Trump para poner fin a las protecciones del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos. El fallo, y las decisiones posteriores, han conllevado hasta la fecha la cancelación del estatus TPS para 13 países, afectando a aproximadamente 1,3 millones de personas en todo el país.

 

Para Samir, la pérdida de TPS desencadenó una cadena de acontecimientos que, como fichas de dominó, cayeron una tras otra, desmantelando la vida que con tanto esfuerzo había intentado construir allí.

 

“Notifiqué a todas las escuelas y al empleador sindical que había perdido mi TPS”, recordó Samir, señalando que sin esa designación legal ya no tenía autorización para trabajar. “Todos me dijeron: ‘Por favor, avísanos cómo podemos ayudarte, y si algo cambia, vuelve… pero sin un permiso de trabajo, no podemos retenerte’”.

 

Un «canal digital para las deportaciones»

 

Además de perder su empleo, Samir también perdió su seguro médico y, como ya no tenía un número de Seguro Social válido, su banco le cerró las cuentas. Posteriormente, recibió una notificación del Departamento de Vehículos Motorizados de California informándole que su identificación estatal ya no era válida.

 

“Eso era todo lo que tenía, esa era mi única identificación válida”, dijo Samir. “Todas mis identificaciones están vencidas. No tengo nada de Venezuela, no tengo nada de México y no tengo pasaporte porque no hay embajada [venezolana] aquí”.

 

Actualmente, Samir depende de amigos de toda el Área de la Bahía para tener alojamiento y trabajos a tiempo parcial, como catalogar y archivar discos de vinilo para coleccionistas locales.

 

“Si no fuera por la ayuda de toda esta gente…”, hace una pausa, recupera el aliento, sin encontrar las palabras, antes de continuar. “Me he sentido protegido, ayudado, querido y acompañado”.

 

Y si bien admite que piensa en marcharse, esa opción conlleva sus propias complicaciones.

“La única forma en que podría irme es conduciendo hasta la frontera y cruzando a México”, dijo Samir, “[donde] no me pueden expedir un pasaporte porque no soy ciudadano, y sin pasaporte no puedo volar a ninguna parte”.

 

‘Como Venezuela otra vez’

 

Mientras tanto, Samir pasa sus días navegando por la maraña de cámaras y herramientas de vigilancia que se han multiplicado en San Francisco, un sistema que él describe como un canal digital para las deportaciones.

 

A finales de septiembre, la ciudad anunció que continuaría desplegando las cámaras con ciertas limitaciones, incluyendo quién puede acceder a los datos y durante cuánto tiempo se almacenarán. Un reportaje de 404 Media reveló que más de 4000 consultas realizadas a través de las redes de reconocimiento automático de matrículas (ALPR) estaban etiquetadas explícitamente con términos como «ICE», «inmigración» o «ICE+ERO», este último en referencia a las Operaciones de Control y Expulsión.

 

Según Samir, «es como volver a ver Venezuela».

 

Explicó: “En Caracas, cuando comenzó la represión estatal, muchos miraron hacia otro lado, pensando que el peligro solo amenazaba a los manifestantes callejeros o a los disidentes activos”.

 

Refiriéndose a la situación actual, añadió: «Hoy en día, la gente dice: “Son solo los inmigrantes, son solo los indocumentados”. Pero eso es una ilusión. Cuando se le otorga al Estado el poder de vigilar, rastrear y clasificar a un grupo de personas sin límites ni supervisión, se le otorga el control sobre toda la sociedad”.

 

 

Julieth Gualtero Baquero para American Community Media,

Esta historia se produjo como parte de “ Aquí Estamos/Here We Stand ”, un proyecto de reportajes colaborativos de American Community Media y medios de comunicación comunitarios de todo el estado.