Por Sara Wilson, Colorado Newsline
Posted September 17, 2026
Los votantes de Colorado se pronunciarán este otoño sobre una enmienda constitucional que obligaría a las fuerzas del orden a cooperar más estrechamente con las autoridades federales de inmigración.
De aprobarse, la Enmienda 81 obligaría a las fuerzas del orden a determinar si una persona acusada de un delito se encuentra «legalmente presente» en el país, y a informar al Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. en un plazo de tres días si alguien bajo su custodia carece de estatus legal adecuado o si no están seguros tras intentar averiguarlo. Se aplicaría a personas acusadas de delitos violentos o que tengan una condena previa por un delito grave.
Al tratarse de una enmienda constitucional, necesita el 55 % de los votos para ser aprobada.
El texto de la enmienda no especifica cómo un oficial de policía, un ayudante del sheriff, un oficial penitenciario o un fiscal de distrito debe determinar si alguien se encuentra en el país de manera legal. Las autoridades estatales y locales no llevan un registro de cuántos inmigrantes que carecen de estatus legal permanente son acusados de delitos violentos.
Es una de las seis medidas respaldadas este año por Advance Colorado, un grupo conservador de “dinero oscuro” que no revela quiénes son sus donantes. En agosto y septiembre del año pasado, el grupo nacional de dinero oscuro A Common Sense America gastó alrededor de 460 000 dólares en recolectar firmas para que la enmienda se incluyera en la boleta electoral de este año.
En una publicación de agosto de 2025 sobre las llamadas «políticas de santuario» en materia de inmigración, la organización destacó las leyes vigentes en Colorado que limitan la cooperación entre las fuerzas del orden locales y las autoridades federales de inmigración.
Esas leyes «han privado a las fuerzas del orden de la capacidad de notificar o asistir a las autoridades federales de inmigración, incluso cuando se trata de delincuentes reincidentes», dice la publicación sin autor. «Estas políticas protegen a los infractores y agravan la crisis de seguridad pública en Colorado».
Actualmente, la ley de Colorado prohíbe a los agentes de seguridad pública participar en la aplicación de las leyes de inmigración de carácter civil, y no pueden detener a personas basándose en una solicitud de retención civil emitida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE). Además, en muchos casos, se prohíbe a las agencias y a los empleados de los gobiernos estatales y locales compartir cierta información personal con las autoridades federales de inmigración.
Los opositores lanzan una campaña
Una encuesta realizada a principios de este año por la Colorado Health Foundation reveló que el 61 % de los habitantes de Colorado considera que el maltrato a los inmigrantes es un problema grave y el 65 % cree que la conducta indebida de los funcionarios federales de inmigración es un asunto serio.
Hay dos comités temáticos registrados a favor de la Enmienda 81: el Club de Mujeres Republicanas del Condado de Eagle y A Brighter Colorado, que se registró en julio para apoyar todas las medidas electorales de Advance Colorado. Hasta la fecha, A Brighter Colorado ha recibido 250 000 dólares de A Common Sense America y 20 000 dólares de Advance Colorado, según la información financiera presentada ante la oficina del secretario de Estado.
Prácticamente no hay ninguna campaña dirigida al público en apoyo de la enmienda. Advance Colorado no respondió a una solicitud de entrevista. Sin embargo, los opositores lanzaron su campaña el 10 de septiembre con una manifestación en el Capitolio estatal.
“A menos que una persona acusada de un delito lleve consigo su pasaporte, o a menos que las autoridades locales puedan verificar su estatus migratorio en un plazo de 72 horas, la Enmienda 81 nos obligaría a denunciar a esa persona ante el ICE”, dijo el fiscal de distrito de Denver, John Walsh. “Esto significa inevitablemente que las autoridades se verán obligadas a denunciar ante el ICE a personas que, en última instancia, resultan ser ciudadanos estadounidenses y a personas que son residentes permanentes legales de los Estados Unidos. Es una receta para el abuso y la discriminación racial y étnica”.
Afirmó que la enmienda erosionaría la confianza en las comunidades de inmigrantes en todo el estado y reduciría su disposición a denunciar delitos.
“Hoy en día, las autoridades estatales y locales pueden decir con toda sinceridad a las víctimas y a los testigos que no participamos en la aplicación de las leyes federales de inmigración”, señaló. “Si esto se aprueba, ya no podríamos hacerlo”.
Tres comités temáticos se han registrado en oposición a la enmienda: Colorado Communities First, The People’s No y Vote Common Sense. Estos comités cuentan con el apoyo financiero de grupos como ACLU Colorado, la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Colorado y la Organización de Colorado para las Oportunidades y los Derechos Reproductivos de las Latinas.
La Asociación de Jefes de Policía de Colorado mantiene una postura neutral respecto a la enmienda, y la Asociación de Alguaciles de los Condados de Colorado no se ha pronunciado sobre ninguna de las medidas sometidas a votación.
Sara Wilson es reportera de Colorado Newsline. Este artículo se reproduce de Colorado Newsline bajo una licencia Creative Commons. Colorado Newsline forma parte de States Newsroom, la organización de noticias sin fines de lucro más grande del país dedicada a la información estatal.
Traducido por Juan Carlos Uribe, para The Weekly Issue/El Semanario.
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