Posted on August 28, 2025
El Centro Legal para Inmigrantes de Nuevo México (NMILC) y la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU) de Nuevo México condenaron el lunes 25 de agosto una maniobra publicitaria “maquillada” disfrazada de visita legislativa al centro de procesamiento del condado de Otero, donde se detiene a personas bajo custodia federal por motivos de inmigración. Las organizaciones exigieron total transparencia y responsabilidad por parte de todos los centros de detención de inmigrantes que operan en Nuevo México.
Según Source NM, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) se mostró poco cooperativo y puso obstáculos que imposibilitaron la realización de una visita guiada por el comité. La visita que sí se llevó a cabo fue organizada por la senadora Crystal Brantley, de Elephant Butte, la republicana de mayor rango del comité, que aprovechó sus conexiones con la administración Trump para obtener acceso.
“Incluso en esta visita cuidadosamente organizada y desinfectada, fui testigo de la mayoría de las vidas que llenan estas instalaciones: detenidos no criminales desesperados, silenciosos y confinados en sus camas. Me inquietó el orgullo que parecían mostrar algunos funcionarios del ICE al hablar de la estrategia de esta administración de ignorar el debido proceso y las garantías constitucionales”, afirmó la representante Andrea Romero (demócrata por Santa Fe). “Sigo comprometida con la prohibición de que los gobiernos estatales y locales contraten servicios de detención de inmigrantes en Nuevo México cuando estos privan de sus derechos a personas corrientes que simplemente intentan mejorar sus vidas en nuestro país”.
“Nuestros abogados, que prestan servicios jurídicos y apoyo a las personas recluidas en centros de detención semanalmente, han documentado durante años violaciones de los derechos humanos y condiciones inaceptables en los tres centros de detención de Nuevo México”, afirmó Jessica Martínez, directora de políticas y creación de coaliciones de NMILC. “No se trataba de un descuido, sino de una puesta en escena. La administración Trump está en el punto de mira por los abusos en la aplicación de las leyes de inmigración. Cuando determina exactamente lo que la gente puede ver en los centros de detención, eso no es transparencia, es una oportunidad para hacerse fotos diseñada para encubrir problemas documentados. No podemos permitir que Nuevo México se utilice como laboratorio para los malos tratos”.
Me inquietó el orgullo que parecían mostrar algunos funcionarios del ICE al hablar de la estrategia de esta administración de ignorar el debido proceso y las garantías constitucionales”.
Representante Andrea Romero
La visita, cuidadosamente organizada, se produce en un momento en que la administración Trump está llevando a cabo la campaña más agresiva contra la inmigración de la historia reciente, con agentes enmascarados realizando redadas a gran escala en todo el país y el presupuesto del ICE alcanzando niveles récord. Mientras tanto, se está inaugurando una enorme instalación con capacidad para 5000 personas en la base militar de Fort Bliss, que se extiende por El Paso (Texas) y los condados de Doña Ana y Otero (Nuevo México).
Desde 2022, al menos tres personas han muerto bajo custodia en centros de detención de Nuevo México. Estas instalaciones tienen un historial documentado de violaciones de los derechos humanos, negligencia médica y condiciones deficientes, nada de lo cual se apreciaría en una visita programada y edulcorada, diseñada para el consumo público.
“Nos preocupa profundamente escuchar informes de lo que parece ser una visita edulcorada, cuando nuestras organizaciones, socios y legisladores han documentado condiciones y violaciones graves en estas instalaciones”, dijo Lena Weber, directora de políticas de la ACLU de Nuevo México. “El centro de detención de Otero, y todos los centros de detención de inmigrantes, son intrínsecamente peligrosos. Independientemente de lo que hayan observado los legisladores que participaron en la visita, hay montones de pruebas que demuestran lo inseguros que son realmente Otero y otros centros de detención. Ninguna visita cuidadosamente coreografiada puede borrar este historial documentado de daños”.
Las organizaciones hicieron hincapié en la urgente necesidad de que la Legislatura de Nuevo México apruebe la Ley de Seguridad para los Inmigrantes durante una próxima sesión legislativa especial, o en la sesión legislativa de 2026 si no se celebra una sesión especial. El proyecto de ley pondría fin a la participación del estado en un sistema de detención que protege a los contratistas privados de su responsabilidad y provoca graves violaciones de los derechos humanos. La legislación fue aprobada por la Cámara de Representantes, pero no logró salir adelante en el Senado durante la última sesión legislativa.
Traducido por Juan Carlos Uribe para The Weekly Issue/El Semanario.
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