Por Faith Miller
DÃas después de que cientos de manifestantes pidieran al gobernador Jared Polis que tomara medidas en apoyo de los proveedores y pacientes de aborto, el gobernador emitió una orden ejecutiva que parece abordar algunas de las preocupaciones de los manifestantes.
La orden del gobernador del miércoles prohÃbe a las agencias estatales -excepto cuando están sujetas a una orden judicial- proporcionar registros médicos, datos a nivel de paciente o información de facturación para ayudar a otro estado a investigar a personas por proporcionar u obtener atención de salud reproductiva, que se define bajo la ley estatal para incluir el aborto.
También ordena a los organismos estatales que utilicen toda su autoridad legal para «buscar oportunidades y coordinarse entre sà para proteger a las personas y entidades que proporcionan, ayudan, buscan u obtienen atención de salud reproductiva en Colorado». Sin embargo, la Constitución de Colorado prohÃbe actualmente el uso de fondos públicos para el aborto.
En la orden, Polis ordenó al Departamento de Agencias Reguladoras que aplique normas que garanticen que ninguna persona será disciplinada por una junta estatal o descalificada de la licencia profesional por proporcionar o ayudar en la atención de la salud reproductiva.
Finalmente, la orden de Polis declara lo siguiente: «Ejerceré toda mi discreción para rechazar las solicitudes de detención, entrega o extradición de cualquier persona» acusada en otro estado de proporcionar o buscar un aborto, «a menos que los actos que forman la base de la persecución del delito acusado también constituyan un delito bajo la ley de Colorado».
Colorado lleva años permitiendo el aborto en cualquier momento del embarazo. A principios de este año, Polis firmó un proyecto de ley que codificaba esos derechos de aborto de larga data en la ley estatal. Dos de los patrocinadores demócratas del proyecto de ley, la diputada Meg Froelich y la senadora Julie Gonzales, han dicho que están trabajando en una legislación de seguimiento para proteger a los pacientes y a los proveedores.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló el derecho constitucional al aborto el 24 de junio, e incluso antes de esa decisión varios estados occidentales se movilizaron para prohibir o restringir el procedimiento. Los proveedores de Colorado han visto desde entonces una afluencia de pacientes de fuera del estado. Oklahoma, Texas y Arizona ya han prohibido el aborto. Una ley de Utah prohÃbe los abortos después de las 18 semanas, y la prohibición de Wyoming entrará en vigor a finales de julio, si es certificada por el gobernador.
El sábado, cientos de manifestantes se dirigieron a la Mansión del Gobernador en Denver, en un acto organizado por el Partido para el Socialismo y la Liberación de Denver. Pidieron a Polis que:
-Proporcionar «financiación de emergencia a las clÃnicas de aborto para garantizar que ninguna persona sea rechazada en Colorado por falta de capacidad»
-Prohibir que «cualquier entidad estatal coopere en la investigación o el enjuiciamiento -civil o penal- de beneficiarios o proveedores de abortos».
– «Prohibir que se compartan los historiales médicos con las fuerzas del orden»
El martes, cuando se le pidió que comentara las demandas, un portavoz de Polis reiteró el apoyo del gobernador a los derechos reproductivos sin decir si Polis planeaba emitir alguna orden ejecutiva. Una organizadora de Denver PSL dijo a Newsline el martes que su organización no habÃa recibido una respuesta del gobernador.
Pero la orden ejecutiva emitida el miércoles parece responder a las demandas, en particular las relacionadas con el intercambio de información personal para ayudar en investigaciones fuera del estado.
«Estamos tomando las medidas necesarias para proteger y defender la libertad individual y proteger la privacidad de los habitantes de Colorado», dijo Polis, un demócrata, en una declaración escrita el miércoles. «Este importante paso garantizará que la próspera economÃa y la fuerza de trabajo de Colorado no se vean afectadas sobre la base de decisiones personales de salud que están siendo erróneamente criminalizadas en otros estados».
Faith Miller es reportera de Colorado Newsline. Este artÃculo es republicado de Colorado Newsline bajo una licencia de Creative Commons.
Para más noticias de Colorado: ELSEMANARIO.US
- Trabajadores, Miembros de Familias y Grupos Comunitarios Demandan Al DHS por un Plan Ilegal de Arrestos y Detenciones - julio 11, 2025
- Los Distritos Escolares de Colorado Se Preocupan por la Retención ‘Injustificable’ de Fondos Federales para la Educación - julio 11, 2025
- ‘Aún No Ha Terminado’: Una Doctora de Nuevo México Habla de los Efectos Duraderos de COVID-19 - julio 11, 2025
